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hace 2 días
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| crédito ColprensaEntre el 8 de marzo y el 9 de octubre de 2025, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) registró un aumento preocupante de la violencia político-electoral en Colombia, con 109 hechos violentos y 139 víctimas únicas.
El informe, titulado Violencia Político-Electoral en Colombia, advierte que el ejercicio de la política sigue siendo una actividad de alto riesgo en el país, especialmente en las regiones más afectadas por la presencia de grupos armados.
Grupos armados ilegales - crédito ColprensaAhora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
De acuerdo con la organización, cada dos días una persona vinculada a la actividad política sufre algún tipo de agresión, lo que refleja un deterioro en las condiciones de seguridad para líderes, concejales y funcionarios locales.
El documento de Pares detalla que de los 109 hechos analizados, 61 fueron amenazas, 33 atentados, 11 homicidios y 4 secuestros. Estas cifras se concentran principalmente entre abril y septiembre de 2025, meses que registraron los picos más altos de violencia con 23 víctimas cada uno.
El mes más crítico fue septiembre, cuando se presentaron 21 ataques en distintas zonas del país. En algunos casos, las víctimas sufrieron más de una agresión, lo que evidencia una persecución sistemática contra quienes participan en procesos políticos y electorales.
Secuestros - crédito iStockEl informe excluye los casos de violencia contra líderes sociales para centrarse exclusivamente en las personas que desempeñan cargos o roles en instituciones políticas y administrativas.
Los hechos de violencia se registraron en 24 de los 32 departamentos del país y en Bogotá, lo que representa el 87 % del territorio nacional. El departamento del Cauca lidera con 12 casos, seguido de Antioquia, Huila, Nariño y Córdoba, donde se concentraron 64 de las víctimas registradas.
El informe también señala que los concejales son los actores políticos más afectados, con 52 víctimas. Les siguen los alcaldes con 23 casos y los funcionarios públicos con 18. Esta tendencia, según Pares, evidencia la vulnerabilidad de las autoridades locales, que suelen enfrentar presiones y amenazas en contextos de competencia electoral.
La Fundación Pares identificó que los militantes del Centro Democrático fueron los más afectados, con 13 casos, seguidos del Partido Liberal (10), Alianza Verde (9), Alianza Social Independiente (9), Partido Conservador (7), Colombia Humana (6), Movimiento Alternativo Indígena y Social (6) y Cambio Radical (6).
Estas cifras, según el informe, demuestran que la violencia político-electoral trasciende las ideologías y afecta tanto a partidos de gobierno como de oposición, generando un ambiente de intimidación que pone en riesgo la libre competencia democrática.
Pares advierte que en el 75 % de los casos no se ha identificado a los responsables, lo que refleja altos niveles de impunidad. En el 25 % restante, los ataques estarían vinculados principalmente a disidencias de las Farc (17 casos), Clan del Golfo (2), ELN (1) y otros grupos armados o individuos (7).
El informe subraya que la violencia se ha extendido a zonas donde antes no se registraban amenazas contra actores políticos, lo que podría estar relacionado con disputas territoriales entre organizaciones armadas ilegales que buscan influir en los escenarios electorales locales.
Ante este panorama, la Fundación Pares hizo un llamado urgente al Estado colombiano para que garantice la seguridad de los actores políticos y evite que la violencia distorsione el proceso electoral. La organización insistió en fortalecer la presencia institucional en los territorios y reforzar los mecanismos de protección.
“El Estado debe proteger especialmente a los actores del sistema político más expuestos, como los militantes de partidos y los concejales, quienes una vez más son el perfil más victimizado”, concluye el informe.
Pares señaló que garantizar unas elecciones libres de intimidación será fundamental para consolidar la confianza ciudadana en la democracia y reducir la vulnerabilidad de quienes asumen liderazgo político en regiones históricamente afectadas por la violencia.
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