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hace 7 horas
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MIAMI.- El estado de Florida, a través de la Junta Estatal de Control de Inmigración, distribuyó $1.8 millones a cinco agencias policiales locales como un incentivo directo por su cooperación activa en tareas de control migratorio.
La entrega de los fondos, anunciada por el director financiero Blaise Ingoglia, recompensa a los departamentos que han adoptado el programa federal 287(g) y se alinea con la política del gobernador Ron DeSantis de convertir a Florida en el estado líder en la aplicación de leyes de inmigración a nivel local.
Estímulo financiero
Los fondos se presentan como un respaldo a las agencias que asumen responsabilidades federales de inmigración. La Oficina del Sheriff del Condado de Taylor, la más beneficiada con $991,279, y las de Leon, Suwannee y Jefferson, junto al Departamento de Policía de Chattahoochee, fueron seleccionadas por su compromiso.
El sheriff del condado de Taylor, Wayne Padgett, agradeció el financiamiento y destacó que permite "deportar a extranjeros delincuentes", lo que evidencia el uso de los recursos para ejecutar las políticas migratorias promovidas por el estado.
El director financiero Ingoglia, miembro de la junta que otorga los fondos, subrayó que los agentes "merecen nuestro apoyo y los recursos necesarios" para ejecutar esta labor, enmarcando el dinero como un respaldo a los esfuerzos para "solucionar el caos migratorio".
Programa 287(g)
La participación en el programa federal 287(g) es la llave de acceso a estos incentivos. La iniciativa, que permite a agentes locales actuar como oficiales de inmigración, es la piedra angular de la estrategia de Florida. De hecho, los fondos se otorgan específicamente como "bonificaciones a los agentes del orden que han recibido capacitación" bajo este acuerdo.
Esta política de incentivos ha logrado una adhesión sin precedentes: las 67 oficinas de sheriff del estado y más de 325 agencias locales ya participan, convirtiendo a Florida en el epicentro nacional del programa 287(g).
La estrategia ha resultado en más de 4.700 oficiales locales capacitados para realizar arrestos de inmigrantes, una cifra que demuestra el éxito del modelo de recompensas.
Expandir control
La entrega de estos fondos no es un hecho aislado, sino la culminación de un andamiaje legal diseñado para fomentar y premiar la colaboración. Leyes como la SB 168, que prohibió las "ciudades santuario", y la SB 1718, que criminalizó el transporte de indocumentados, sentaron las bases.
La creación de la Junta Estatal de Control de Inmigración, compuesta por altas autoridades del estado, institucionalizó el sistema de bonificaciones.
Es este organismo el que canaliza los recursos y, de esta manera, asegura que el dinero público se destine a las agencias que se alinean de manera más efectiva con la política migratoria del gobierno estatal.
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