FBI irrumpió con granadas aturdidoras y armas en la casa equivocada, ahora la familia podrá demandarlo

Un error de ubicación provocó que el FBI irrumpiera violentamente en la casa equivocada. (REUTERS/Kevin Mohatt)

En la madrugada del 18 de octubre de 2017, agentes del FBI irrumpieron con armas desenfundadas en una vivienda en Atlanta, Georgia, donde vivían Trina Martin, su hijo de siete años y su entonces pareja, Toi Cliatt. Los agentes forzaron la puerta principal, detonaron una granada de aturdimiento e ingresaron al dormitorio sin advertencia, mientras el niño gritaba desde otra habitación. La redada, según reconoció el propio FBI, se realizó en la casa equivocada, a solo unos metros del verdadero objetivo: un presunto miembro de una pandilla buscado por las autoridades.

La intervención, ejecutada con base en datos de un GPS personal del agente a cargo, generó pánico en la familia, que permaneció inmovilizada bajo la amenaza de las armas. Cliatt fue esposado y sacado de un armario; no fue hasta que un agente notó que no tenía los tatuajes del sospechoso que se descubrió el error. Inmediatamente después, los agentes liberaron a Cliatt y se dirigieron a la vivienda correcta, donde sí efectuaron el arresto correspondiente. Antes de marcharse, el líder del operativo dejó una tarjeta y se disculpó, pero no hubo compensación oficial por los daños físicos, emocionales ni materiales provocados, reportó Associated Press (AP).

Años más tarde, Martin presentó una demanda federal por asalto, arresto falso y otras violaciones bajo la Ley de Reclamaciones por Agravios Federales, legislación de 1974 que permite acciones contra el gobierno en casos de abuso policial. Sin embargo, tanto un tribunal de distrito en Atlanta como el 11º Circuito de Apelaciones desestimaron la causa, al considerar que los agentes actuaron bajo un “error honesto”. Sin embargo, en enero de este año, la Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar el caso, lo que ahora reabre el debate sobre los límites de la inmunidad de las fuerzas del orden.

Existen leyes que protegen a los agentes de las demandas bajo determinadas circunstancias. (AP Foto/Jenny Kane, archivo)

Durante la audiencia, varios jueces del Supremo cuestionaron la lógica de blindar a los agentes incluso cuando irrumpen en domicilios erróneos. Sonia Sotomayor calificó de “ridículo” el argumento del gobierno, que sostiene que la ley protege a los funcionarios mientras realicen su labor con cierta diligencia. Neil Gorsuch fue más directo: preguntó si la política del gobierno es simplemente “no romper la puerta equivocada” o si también incluye evitar traumatizar a civiles inocentes. La discusión se centró en si los tribunales deben establecer un marco que defina cuánta discrecionalidad se le concede a las fuerzas del orden.

El abogado del gobierno, Frederick Liu, defendió que los agentes del FBI habían planificado el operativo con detalle, incluyendo visitas previas en horario diurno, fotografías y un plan táctico. No obstante, admitió que no verificaron la dirección en el buzón antes de ingresar. Liu argumentó que, pese a las modificaciones legales de 1974, sigue existiendo una cláusula que impide demandas contra agentes en ciertas circunstancias. John Roberts, presidente del tribunal, puso en duda esta interpretación y afirmó que es “plausible” que la demanda tenga sustento legal bajo el estatuto actual.

Trina Martin, hoy de 46 años, relató que tanto ella como su hijo y Cliatt han vivido desde entonces con consecuencias psicológicas profundas. Su hijo, Gabe Watson, arrancaba hilos de su ropa, rascaba pintura de las paredes y temía que su madre muriera durante el operativo. Martin abandonó su rol como entrenadora de atletismo porque el sonido del disparo de salida le recordaba la detonación de la granada utilizada por el FBI. Por su parte, Cliatt, de 54 años, sufrió trastornos del sueño que lo obligaron a renunciar a su trabajo como camionero: “La carretera hipnotiza”, dijo, en referencia al peligro de conducir cansado, reportó AP.

La familia denuncia sentirse traumatizada desde los eventos de 2017. (REUTERS/Kevin Lamarque)

En sus declaraciones a medios y ante los tribunales, Martin ha enfatizado que lo más angustiante fue escuchar los gritos de su hijo, mientras era incapaz de protegerlo. La experiencia, afirmó, dejó una herida que “mentalmente puedes suprimir, pero no puedes superar”. Los abogados que representan a la familia argumentaron ante la Corte Suprema que la ley fue creada precisamente para prevenir abusos de este tipo, y que bloquear su demanda enviaría un mensaje de impunidad institucional.

El caso también ha puesto en evidencia una fragmentación jurídica entre distintas cortes de apelaciones estadounidenses. Mientras algunas permiten demandas en casos similares de redadas erróneas, otras —como el 11º Circuito— las rechazan invocando la protección a los agentes. Esta disparidad de criterios es uno de los motivos por los cuales el Supremo aceptó intervenir, con el objetivo de unificar la interpretación de la ley. Organizaciones civiles de todo el espectro ideológico han presentado escritos de apoyo a la familia Martin, solicitando al tribunal que invalide el fallo anterior y permita que la demanda siga su curso.

La Corte Suprema aún no ha emitido una resolución definitiva, pero los jueces se mostraron reacios a definir límites estrictos sobre la inmunidad de los agentes. La posibilidad de devolver el caso al tribunal inferior para una revisión más precisa parece viable. Brett Kavanaugh y Samuel Alito sugirieron que el tribunal podría limitarse a determinar que la Constitución no impide la demanda, dejando que los jueces inferiores evalúen cuánto margen de error puede permitirse a las fuerzas del orden en redadas mal ejecutadas.