Familias del parque de casas móviles de Sweetwater reciben orden de desalojo en 24 horas

hace 3 semanas 14

MIAMI.- Un ambiente de malestar y temor se apoderó del parque de casas móviles Li’l Abner en Sweetwater, Florida, luego de que el martes las casi 200 familias que aún permanecen en el lugar recibieron una notificación final de desalojo con un plazo de tan solo 24 horas.

La orden emitida por una corte de distrito, a favor de la empresa propietaria del terreno, CREI Holdings, desató una protesta de los residentes, quienes calificaron el plazo perentorio como injusto y como una amenaza que podría dejarlos en la calle.

Angustia y desesperación

El ultimátum transformó el desolado paisaje del parque, ya marcado por meses de demoliciones, en una escena de caos y angustia.

Familias enteras, con la incertidumbre a cuestas, comenzaron este miércoles a empacar sus pertenencias en camiones de mudanza. "Nos tenemos que ir, no hay otra solución", lamentó una de las personas que optó por marcharse.

La situación ha tenido consecuencias físicas y emocionales. Un residente que prefirió el anonimato confesó haber perdido casi 15 libras en dos meses por el estrés. “Ayer fui al médico. Me pidieron reposo porque ando muy estresado con todo esto; aquí ya no hay vida”, relató.

María González, con 24 años en la comunidad, cuestionó la medida: “No pueden darnos un plazo de 24 horas porque ¿para dónde vamos a irnos así tan rápido?”.

Según su testimonio, la mujer de origen cubano vive con su hijo, su nuera y seis perros, y enfrenta la cruda posibilidad de dormir en sus vehículos como única opción.

RESIDENTE CASAS MOVILES SWEETWATER

Una residente de la comunidad de trailers en Sweetwater

Una residente de la comunidad de trailers en Sweetwater

D. CASTROPÉ

Conflicto de larga data

La crisis actual es la culminación de una batalla que inició en noviembre, cuando las 900 familias del parque recibieron el primer aviso de desalojo. El propietario ofreció compensaciones escalonadas que muchos consideraron insuficientes para reubicarse en el costoso mercado de Miami.

Las sumas, que descendían de 14.000 a 3.000 dólares, según la fecha de salida, palidecen frente al valor de las casas móviles, algunas tasadas entre 60.000 y 70.000 dólares.

Mario Leiba, otro residente, denunció que la oferta ignora la inversión de toda una vida. "No están protegiendo toda la inversión que hemos ahorrado comprando una casa de más de 100.000", afirmó.

Orden desalojo trailers Sweetwater

Orden de desalojo.

Orden de desalojo.

D. CASTROPÉ

Batalla en tribunales

Ante lo que consideran un atropello, los residentes que permanecen en el parque presentaron una demanda colectiva contra CREI Holdings, la Ciudad de Sweetwater y el Condado Miami-Dade.

Su abogado, David Winker, sostiene que los propietarios violaron los estatutos de Florida al no seguir el debido proceso para los cambios de zonificación.

La lucha legal tuvo un momento clave en agosto cuando un panel de cinco jueces escuchó los argumentos de unas 210 familias en una audiencia consolidada sin precedentes.

Durante horas, los magistrados cuestionaron la validez del proceso de desalojo, sembrando dudas sobre si todos los residentes recibieron las notificaciones adecuadas.

Parque casas moviles Sweetwater 1

El proceso de demolición avanza en el parque de viviendas móviles en Sweetwater.

El proceso de demolición avanza en el parque de viviendas móviles en Sweetwater.

D. CASTROPÉ

Vivir entre los escombros

Mientras el caso avanza en las cortes, las condiciones de vida en Li'l Abner se han deteriorado de forma alarmante. Desde que comenzaron las demoliciones en marzo, el lugar se convirtió en una zona de escombros y basura.

Los residentes aseguran que han soportado múltiples cortes de electricidad que afectan a los más vulnerables, como un hombre en fase terminal de cáncer.

Además, algunos han afirmado que enfrentan problemas de salud por el polvo de las obras y la posible contaminación del agua, una situación que empeoró con la detección de asbesto en al menos cuatro de las casas demolidas.

A pesar de todo, la comunidad resiste, paga su alquiler y se organiza en protestas con la esperanza de que el sistema legal les dé la razón o, al menos, más tiempo.

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