Familia de Atlanta podría demandar al FBI por error en redada, según indica la Corte Suprema

El caso examina si las víctimas de operativos federales fallidos pueden acceder a una vía judicial efectiva. Foto: AP

La Corte Suprema de Estados Unidos dio señales el martes de que podría fallar de forma limitada a favor de una familia que intenta demandar al gobierno federal, luego de que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) irrumpieran por error en su casa en Atlanta en 2017. Aunque los magistrados no parecieron dispuestos a emitir una decisión de amplio alcance sobre la responsabilidad legal del gobierno federal en operativos de seguridad, sí mostraron disposición a permitir que el caso continúe en instancias inferiores.

Durante la audiencia oral del caso, varios jueces de distintas posturas ideológicas cuestionaron la validez de la decisión tomada por el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, que en 2022 desestimó la demanda presentada por Trina Martin, la propietaria del domicilio. El caso gira en torno a la posibilidad de responsabilizar en tribunales a agentes federales por actuaciones erróneas que, aunque no intencionales, derivan en consecuencias traumáticas para civiles no implicados en investigaciones criminales.

Según Associated Press, los magistrados de la Corte expresaron dudas sobre el argumento del gobierno federal, que sostiene que no se puede demandar por un “error honesto” y que los tribunales no deberían revisar decisiones operativas tomadas sin violar una política específica.

La demanda fue desestimada en 2022 por el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito. (AP)

La demanda fue presentada por Martin después de que su casa fuera objeto de una redada federal al amanecer. Los agentes del FBI derribaron la puerta, apuntaron con armas a Martin y a su entonces pareja, y causaron un episodio de angustia severa a su hijo de siete años, quien estaba presente en el momento del ingreso. Minutos después, los agentes descubrieron que se habían equivocado de dirección.

De acuerdo con la información revelada en el expediente, el líder del operativo admitió posteriormente que la confusión se debió a un error de localización provocado por su dispositivo GPS personal, el cual lo guió a una dirección incorrecta. Tras ofrecer disculpas, el equipo del FBI abandonó la vivienda sin efectuar detenciones ni realizar más acciones en la propiedad.

No obstante, Martin procedió legalmente buscando una reparación ante los daños sufridos, particularmente el trauma psicológico causado a su hijo y la invasión violenta de su domicilio. La demanda fue descartada por el Undécimo Circuito, que argumentó que los agentes actuaron sin malicia y sin contravenir ninguna norma explícita.

Trina Martin presentó la demanda tras una intervención federal equivocada en su domicilio. (AP)

Durante la sesión del martes, varios jueces mostraron una postura crítica ante la idea de que un error operativo como el que sufrió Martin no pueda ser impugnado legalmente. El juez Neil Gorsuch, de tendencia conservadora, cuestionó la falta de criterios normativos que impidan acciones como irrumpir en una vivienda equivocada. “¿Ninguna política dice ‘No derriben la puerta de la casa equivocada? ¿No traumatizar a sus ocupantes?’”, expresó Gorsuch, de acuerdo con AP.

Estas preguntas reflejaron la preocupación de la Corte ante una posible exoneración automática de responsabilidad en contextos donde los hechos no son producto de mala fe, pero sí causan daños sustanciales. La Corte pareció inclinarse por anular parcialmente la decisión del tribunal inferior y devolver el caso para que continúe el litigio.

Por su parte, la jueza Ketanji Brown Jackson también abordó la necesidad de matizar los alcances de la inmunidad que se le otorga a los agentes federales, aunque planteó que en algunos escenarios podría estar justificada cierta protección legal frente a demandas. No obstante, consideró que el caso de Martin podría no estar comprendido dentro de esos márgenes.

Los argumentos judiciales giran en torno a los daños sufridos por civiles no implicados en investigaciones. (AP)

La causa ha suscitado apoyo de organizaciones de todo el espectro político, que han presentado argumentos ante la Corte solicitando que se anule el fallo del Undécimo Circuito. Estas entidades sostienen que la resolución es contradictoria con la jurisprudencia de otros tribunales federales y que, de mantenerse, establecería un precedente que dificultaría a los ciudadanos buscar justicia frente a abusos cometidos por cuerpos de seguridad federales.

Según AP, estos grupos advierten que el razonamiento empleado por el tribunal de apelaciones implicaría una restricción severa al acceso de las personas a mecanismos legales cuando sufren daños causados por actuaciones federales. También sostienen que permitir este tipo de inmunidad operativa sin revisión judicial podría erosionar la confianza pública en las instituciones de seguridad.

Aunque la Corte Suprema no pareció dispuesta a emitir un fallo general que redefina los alcances de la responsabilidad federal, su disposición a revisar parcialmente el caso abre la puerta a una posible reconsideración de las normas que rigen la rendición de cuentas en operativos fallidos.

La demanda busca una reparación legal por el impacto causado a los ocupantes de la vivienda. (AP)

El fallo definitivo de la Corte Suprema sobre este caso se espera hacia finales de junio. De resolverse como anticipan los magistrados, la decisión implicaría anular parte del fallo del tribunal de apelaciones y permitir que el caso vuelva a un tribunal inferior para continuar su proceso legal.

Este desarrollo no garantizaría un resultado favorable para Martin, pero sí reactivaría el litigio y establecería que el tipo de error cometido por el FBI no está necesariamente exento de revisión judicial. En términos más amplios, sentaría una base para delimitar bajo qué condiciones los ciudadanos pueden demandar a agentes federales cuando son víctimas de errores operativos.

La decisión será seguida de cerca por organizaciones de derechos civiles, defensores del control policial y juristas, al considerarse un caso clave para definir el equilibrio entre la autoridad federal en materia de seguridad y los derechos de los ciudadanos a una reparación judicial ante abusos o fallos graves.