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hace 17 horas
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Si un inmigrante irregular que el gobierno de Estados Unidos reclama como integrante de una pandilla puede ser deportado a El Salvador sin ningún tipo de derecho al debido proceso, ¿por qué no un ciudadano estadounidense?
Ese fue el terrorífico escenario que los defensores de la inmigración y los especialistas en derecho constitucional estaban considerando luego de que el presidente Donald Trump de nuevo impulsó un plan para deportar a ciudadanos estadounidenses que hayan sido sentenciados por crímenes no especificados.
El mandatario republicano discutió ese tema en la Casa Blanca con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien aceptó trasladar a las personas deportadas de EE.UU. en la ya conocida cárcel del CECOT.
“Siempre debemos obedecer las leyes, pero también tenemos delincuentes locales que empujan a la gente al metro, que golpean a ancianas en la nuca con un bate de béisbol cuando no miran, que son auténticos monstruos”, expresó Trump a la prensa. “Me gustaría incluirlos”.
La semana pasada, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que el presidente estaba interesado en deportar a “criminales atroces y violentos” que son estadounidenses a El Salvador “si existe una vía legal para hacerlo”.
Todavía no está del todo claro si el Gobierno se refiere únicamente a los ciudadanos naturalizados. En raras ocasiones, a los ciudadanos naturalizados se les puede revocar la ciudadanía si, por ejemplo, la obtuvieron a través de fraude.
En la reunión del lunes, Trump dijo que la fiscal general, Pam Bondi, está “estudiando la ley”.
“Es bastante obviamente ilegal e inconstitucional”, apuntó Ilya Somin, profesor de la Facultad de Derecho Antonin Scalia de la Universidad George Mason.
La ley de inmigración que ofrece al gobierno la autoridad para deportar personas simplemente no se aplica a los ciudadanos estadounidenses, indicó la abogada del Consejo Americano de Inmigración, Emma Winger.
El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Georgia, Anthony Kreis, señaló que la política británica de expulsar a ciertos supuestos criminales de las colonias para juzgarlos en otro lugar fue uno de los agravios en el periodo previo a la Revolución estadounidense.
“No veo cómo se puede permitir el exilio como parte del conjunto de derechos fundamentales de la ciudadanía, y más aún si albergar a ciudadanos estadounidenses en el extranjero implica entregar a una persona a una autoridad extranjera”, agregó.
David Bier, experto en inmigración del libertario Cato Institute, manifestó que en los comentarios de Trump se puede observar lo “absolutamente crítico que es que los tribunales pongan fin de inmediato a este encarcelamiento extrajudicial por parte de agentes extranjeros”.
“Los ciudadanos estadounidenses no pueden ser deportados a prisión en el extranjero. Ninguna ley estadounidense lo autoriza”, añadió.
El gobierno argumenta que las personas enviadas a El Salvador son pandilleros violentos, aunque algunos han sido enviados sin que las cortes pertinentes puedan determinar si han sido correctamente identificados, lo que plantea serios problemas constitucionales.
En un caso que surgió del esfuerzo de Trump por invocar una ley de tiempos de guerra llamada Ley de Enemigos Extranjeros, el Tribunal Supremo ya ha decidido que las personas sujetas a tales deportaciones tienen derechos al debido proceso, informo NBC News.
En una opinión separada, en ese caso en particular, la jueza Sonia Sotomayor abordó el origen extremo de algunos de los alegatos de la administración republicana.
“La postura del gobierno implica que no solo los no ciudadanos, sino también los ciudadanos estadounidenses, podrían ser sacados de las calles, obligados a subir a aviones y confinados en prisiones extranjeras sin posibilidad de reparación si se les niega ilegalmente la revisión judicial antes de la expulsión”, escribió.
La disputa legal paralela sobre Kilmar Abrego García, el inmigrante que Departamento de Justicia admitió que fue deportado por error a El Salvador, además tiene relación cualquier propuesta de deportar a ciudadanos estadounidenses.
Abrego García no fue acusado ni condenado por ningún crimen en Estados Unidos ni en El Salvador, y fue llevado al país centroamericano antes de que los tribunales pudieran intervenir para garantizar su derecho al debido proceso. El gobierno dice que es miembro de la pandilla MS-13.
Aunque el juez ordenó el regreso de Abrego García, la administración Trump ahora dice que está fuera de su jurisdicción y que la decisión sobre su devolución es de El Salvador.
Bukele expresó el lunes que no lo haría.
El Supremo también intervino en el caso, diciendo que aunque el gobierno estaba obligado a “facilitar” el regreso de Abrego García, los tribunales no podían infringir la autoridad del presidente para conducir la política exterior.
Si esa lógica se aplica a los ciudadanos estadounidenses, podrían ser deportados sumariamente sin poder impugnarla. Aunque el magnate neoyorquino dijo que solo querría atacar a los delincuentes, tampoco hay razón para que el gobierno trate de la misma forma a quienes no han sido condenados por delitos.
“El gobierno de Estados Unidos ya ha deportado a alguien a esta prisión ilegalmente y no ha declarado tener ningún recurso para recuperarlo, por lo que los tribunales deben detener este desastre inconstitucional antes de que ciudadanos estadounidenses se vean involucrados ilegalmente en él”, expresó Bier.
El plan de Trump es “una razón adicional por la que los tribunales deben obligar a Trump a devolver a Abrego García y a otros deportados ilegalmente a prisión en El Salvador”, dijo Somin, el profesor de derecho.
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