
La protección a migrantes a través del Estatus de Protección Temporal (TPS) representa uno de los mecanismos adoptados por Estados Unidos para responder ante crisis humanitarias internacionales. Este programa federal proporciona salvaguarda legal a personas originarias de países que atraviesan situaciones que impiden su retorno seguro, como conflictos armados, desastres naturales o inestabilidad social prolongada. Su administración y regulación están a cargo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismos responsables de anunciar prórrogas y cancelaciones, así como de definir los plazos correspondientes.
El TPS no tiene carácter permanente ni conduce automáticamente a la residencia legal en Estados Unidos. Permite a sus beneficiarios permanecer en territorio estadounidense y solicitar autorización de empleo durante el plazo vigente. Según la legislación federal, el secretario de Seguridad Nacional puede designar o retirar a un país del programa en función de análisis específicos sobre las causas que motivaron la situación de vulnerabilidad en el país de origen. Las decisiones y actualizaciones del listado oficial se reflejan en comunicados públicos, accesibles a través del portal gubernamental de USCIS.
Las prórrogas, inclusiones y exclusiones en el programa TPS responden a informes periódicos y criterios legales. El procedimiento para determinar la continuidad de la protección involucra la revisión de información proveniente de diferentes agencias y fuentes gubernamentales, como el Departamento de Estado y organizaciones internacionales expertas en monitoreo humanitario. Esta verificación busca garantizar que la protección responda a las condiciones actuales en cada nación, de acuerdo a los lineamientos publicados por USCIS y DHS.
El Estatus de Protección Temporal es una figura migratoria que permite a ciudadanos de determinados países vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos ante condiciones extraordinarias en sus lugares de origen. El TPS fue instaurado por el Congreso estadounidense en 1990 y otorga beneficios puntuales como la protección frente a la deportación y el acceso a un Documento de Autorización de Empleo (EAD). Los beneficiarios deben cumplir criterios de elegibilidad establecidos por USCIS, entre los que figura la residencia continua en Estados Unidos desde una fecha específica para el país correspondiente.
El DHS se encarga de realizar evaluaciones regulares sobre si las condiciones que motivaron la designación continúan presentes en cada país. Los criterios para la asignación o terminación del TPS incluyen, entre otros, guerras civiles, catástrofes ambientales y brotes epidémicos. Las actualizaciones y ajustes de las designaciones se efectúan con base en reportes de agencias federales, organismos internacionales y misiones diplomáticas estadounidenses en el extranjero.

La lista de países cuyos ciudadanos pueden solicitar protección temporal bajo TPS es actualizada por las autoridades tras cada revisión. Los periodos de vigencia están sujetos a las fechas establecidas por el DHS y USCIS. Actualmente el listado y los plazos publicados oficialmente son los siguientes, de acuerdo a USCIS:
- Afganistán: 14 de julio de 2025
- Birmania (Myanmar): 25 de noviembre de 2025
- Camerún: 4 de agosto de 2025
- El Salvador: 9 de septiembre de 2026
- Etiopía: 12 de diciembre de 2025
- Haití: 3 de febrero de 2026
- Honduras: 5 de julio de 2025
- Líbano: 27 de mayo de 2026
- Nepal: 24 de junio de 2025
- Nicaragua: 5 de julio de 2025
- Somalia: 17 de marzo de 2026
- Sudán del Sur: 3 de noviembre de 2025
- Sudán: 19 de octubre de 2026
- Siria: 31 de marzo de 2026
- Ucrania: 19 de octubre de 2026
- Venezuela: 10 de septiembre de 2025 (designación 2021)
- Yemen: 3 de septiembre de 2026
Las fechas designan el último día en que los ciudadanos de cada país mantienen el amparo del TPS salvo que el programa sea extendido nuevamente por las autoridades. USCIS actualiza periódicamente esta información en su sitio web, atendiendo a desarrollos internacionales y cambios internos en la administración de cada país.
La decisión de otorgar, prorrogar o cancelar el TPS para un país depende del análisis técnico-jurídico efectuado por el Departamento de Seguridad Nacional, el cual integra informes del Departamento de Estado, evaluaciones de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y reportes de organizaciones internacionales y organismos en terreno. Cada vez que se toma una determinación, el DHS la comunica mediante una notificación en el Registro Federal y detalla los criterios utilizados para justificar la acción.
Las designaciones pueden actualizarse conforme a cambios en la situación política, económica y social del país de origen, así como en respuesta a dictámenes de organismos internacionales. El proceso incluye consultas interinstitucionales en el seno del gobierno federal, la revisión jurídica de riesgos y la consideración de consecuencias en derechos humanos para los residentes de Estados Unidos afectados.

Las personas amparadas por el TPS pueden solicitar y renovar permisos de trabajo, presentar solicitudes de autorización de viaje y residen en Estados Unidos con protección frente a la deportación mientras se mantiene la designación vigente. Los solicitantes deben cumplir con requisitos como no contar con antecedentes penales graves o estar involucrados en ciertas conductas prohibidas y demostrar la residencia continua solicitada en los anuncios publicados por USCIS.
El TPS no constituye una vía directa para la residencia permanente ni otorga beneficios migratorios adicionales de forma automática. Sin embargo, permite que sus titulares busquen otras opciones legales para permanecer en Estado Unidos si cumplen con los requisitos de los diferentes programas previstos por la ley migratoria federal.
Cuando el DHS determina que las condiciones que justificaron el TPS han desaparecido, comunica formalmente la terminación del estatus para el país afectado. Esta decisión se publica en el Registro Federal y se otorga a la población amparada un periodo para considerar alternativas migratorias, según las indicaciones de USCIS. Los beneficiarios pueden buscar asesoría legal para evaluar los pasos a seguir en función de sus circunstancias particulares.
El proceso de cancelación puede implicar recursos judiciales que retrasan o modifican la aplicación de la medida en caso de impugnaciones de organizaciones civiles, colectivos de migrantes o litigios federales. Las decisiones finales toman en cuenta tanto los requerimientos administrativos como las resoluciones de los tribunales en materia de derechos humanos y políticas migratorias.
La lista de países TPS se revisa y ajusta según la evolución de las situaciones en cada nación y el calendario establecido por el DHS para cada ciclo de revisión. Las extensiones, cancelaciones o nuevas designaciones se comunican oficialmente a través de boletines de USCIS y del Registro Federal. Los anuncios incluyen instrucciones para los beneficiarios y plazos para la presentación de solicitudes o renovaciones.
La fuente oficial más actualizada y confiable sobre el TPS, fechas límite y requisitos se encuentra en el portal de USCIS, donde se publica la información relevante para personas, abogados y organizaciones que desean verificar los listados y seguir los procedimientos requeridos.