
El pasado 20 de febrero, el gobierno de Estados Unidos declaró a ocho organizaciones criminales latinoamericanas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT), al considerar que sus actividades representan una amenaza directa para la seguridad nacional.
Entre los grupos señalados figuran seis cárteles mexicanos: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste (CDN), La Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo (CDG) y la alianza criminal conocida como Cárteles Unidos (CU). También fueron incluidos el grupo venezolano Tren de Aragua y la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).
La designación otorga al gobierno estadounidense nuevas herramientas legales para sancionar a individuos y entidades vinculadas con estos grupos, incluyendo el bloqueo de bienes y la prohibición de transacciones financieras. Además, autoriza el uso de programas como el Narcotics Rewards Program, mediante el cual el Departamento de Estado ofrece recompensas económicas por información que conduzca al arresto o condena de sus principales líderes.
En las semanas posteriores a la designación, las autoridades estadounidenses han actualizado recompensas ofrecidas. Este martes 15 de abril se anunció nuevos montos para información que dé con el paradero de José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias El Fresa, y Johnny Hurtado Olascoaga, alias El Pez, ambos considerados líderes de La Nueva Familia Michoacana.
El caso de los hermanos Hurtado Olascoaga no es aislado. A lo largo del último año, el gobierno estadounidense ha ajustado las cifras de múltiples recompensas conforme se consolidan nuevas estructuras de liderazgo en los cárteles tras caídas de otros, y se redefine su nivel de amenaza.
Actualmente, las mayores recompensas ofrecidas por integrantes del Cártel de Sinaloa están dirigidas a los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, líderes de Los Chapitos e hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. El Departamento de Estado ofrece hasta 10 millones de dólares por cada uno, el doble del valor que una vez tuvo su progenitor.

Ambos son señalados por coordinar el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos, así como por la importación de precursores químicos desde Asia, el lavado de dinero y la posesión de armamento militar.
Además de Los Chapitos, el gobierno estadounidense mantiene activas recompensas para otros operadores, entre ellos está la recompensa de hasta 5 millones de dólares por Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, hermano de El Chapo, acusado de violaciones a la ley de narcóticos y de formar parte de la estructura operativa del cártel.
En años recientes también se ofrecieron recompensas por Ovidio y Joaquín Guzmán López, medio hermanos de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo. En ambos casos, las recompensas alcanzaron los 5 millones de dólares, aunque actualmente los dos se encuentran bajo custodia de las autoridades estadounidenses.
Cabe apuntar que antes del 25 de julio de 2024, en lo alto de la jerarquía histórica del cártel permanecía Ismael “El Mayo” Zambada, por quien las autoridades llegaron a ofrecer hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto.

El principal objetivo del gobierno estadounidense dentro del CJNG es Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, identificado como fundador y máximo líder de la organización.
El pasado mes de diciembre de 2024, el Departamento de Estado aumentó a 15 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura, igualando la cifra más alta ofrecida que tuvo en su momento El Mayo Zambada.

El Mencho es buscado por múltiples causas criminales relacionadas con tráfico de drogas, lavado de dinero, posesión de armas de uso militar y actos de violencia extrema tanto en México como en Estados Unidos. Las autoridades lo acusan de haber transformado al CJNG en una organización con alcance global, responsable de la producción y distribución de fentanilo, metanfetamina y cocaína, así como de disputas territoriales en amplias regiones del país.
Los hermanos José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias El Fresa, y Johnny Hurtado Olascoaga, alias El Pez, son señalados por el gobierno de Estados Unidos como los principales líderes de La Nueva Familia Michoacana, organización criminal designada como terrorista el pasado 20 de febrero. El Departamento de Estado anunció el 15 de abril una actualización en las cifras ofrecidas por ambos: hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto de El Pez, y hasta 3 millones de dólares por la localización o condena de El Fresa.
Ambos operan principalmente en los estados de Michoacán, Guerrero y Estado de México, y están acusados de tráfico de fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína hacia territorio estadounidense. También se les atribuyen delitos como secuestro, extorsión, tráfico de personas, uso de drones explosivos contra fuerzas de seguridad mexicanas, así como actos de violencia contra comunidades civiles.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también impuso sanciones financieras a los hermanos Hurtado Olascoaga bajo la Orden Ejecutiva 13224, lo que implica el congelamiento de sus activos en EEUU y la prohibición de cualquier transacción financiera con ciudadanos o entidades estadounidenses.
Además de El Pez y El Fresa, el gobierno de Estados Unidos también sancionó a otros dos integrantes del clan familiar: Ubaldo Hurtado Olascoaga y Adita Hurtado Olascoaga, ambos acusados de colaborar directamente con la estructura operativa y financiera del grupo criminal. Aunque no existen recompensas públicas vigentes por ellos, fueron incluidos en la lista de personas bloqueadas de la OFAC.

En el caso del Cártel del Noreste, las principales figuras señaladas por las autoridades estadounidenses son los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40, y Óscar Omar Treviño Morales, alias Z-42. Ambos enfrentan cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos federales en cortes estadounidenses, tras ser entregados a EEUU el 27 de febrero de 2025 junto con otros 27 presuntos narcotraficantes.
Previo a sus detenciones en 2013 y 2015, el Departamento de Estado llegó a ofrecer hasta 5 millones de dólares por cada uno de los Treviño Morales.
El Cártel del Golfo es otra de las organizaciones mexicanas designadas como organización terrorista extranjera en febrero de 2025. Si bien su estructura actual es fragmentada, el Departamento de Estado de EEUU ha ofrecido recompensas por varios de sus líderes a lo largo de las últimas dos décadas.

Una de las recompensas activas más recientes corresponde a Juan Reyes Mejía González, alias El R-1, identificado como miembro de alto rango del CDG. La recompensa asciende a hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura. Mejía González es considerado un operador clave en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y ha estado vinculado a disputas internas dentro del cártel, especialmente en el estado de Tamaulipas.
En el pasado, también se ofreció una recompensa de hasta 2 millones de dólares por Osiel Cárdenas Guillén, quien fue capturado en 2003, extraditado en 2007 y sentenciado en 2010. Tras cumplir condena, fue liberado en agosto de 2024 y deportado a México, donde permanece bajo custodia en el penal del Altiplano por causas pendientes.
A diferencia de otras organizaciones designadas como terroristas por Estados Unidos, Cárteles Unidos no cuenta actualmente con recompensas públicas activas en el Narcotics Rewards Program. Esta agrupación funciona como una alianza de distintos grupos criminales que operan en la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, y surgió con el objetivo de frenar el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona.
Según reportes especializados, CU está conformado por células como Los Viagras, el Cártel de Tepalcatepec —también conocido como el grupo de El Abuelo— y remanentes de la Nueva Familia Michoacana, Caballeros Templarios y otros grupos locales. El liderazgo principal se atribuye a Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo, señalado por convocar a autodefensas y grupos armados en municipios como Tepalcatepec, Chinicuila, Apatzingán y Buenavista.
Hasta ahora, el Departamento de Estado no ha anunciado montos específicos por integrantes de esta alianza. No obstante, su inclusión en la lista de organizaciones terroristas abre la puerta a futuras sanciones o recompensas individuales conforme se identifiquen líderes responsables de actividades delictivas transnacionales.