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Los legisladores recibirán el pago de las diferencias salariales correspondientes a los meses transcurridos - crédito @MinSaludCol/X y REUTERSEl Gobierno nacional expidió el Decreto 1092 del 16 de octubre de 2025, mediante el cual se establece un incremento del 7% en la asignación mensual de los miembros del Congreso de la República.
El reajuste aplica con efectos fiscales desde el 10 de enero de 2025, en cumplimiento de lo dispuesto por las leyes que regulan la remuneración de los servidores públicos. Esto significa que los congresistas recibirán el incremento de manera retroactiva y se les deberá pagar la diferencia salarial correspondiente a los meses transcurridos entre enero y la fecha de aplicación del decreto.
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La medida fue firmada por el presidente Gustavo Petro, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, y la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, Mariela del Socorro Arragán Beltrán. El acto administrativo actualiza el salario de los congresistas conforme al promedio de los incrementos otorgados a los empleados de la administración central durante el mismo año.
Actualmente, los legisladores colombianos devengan una asignación mensual de $48.142.046, según el decreto vigente al inicio de 2024. Con el reajuste decretado para la vigencia de 2025, la remuneración superará los 52 millones de pesos mensuales, en línea con la certificación expedida por la Contraloría General de la República.
Las Oficinas de Pagaduría de la Cámara y del Senado deben expedir certificaciones detalladas del nuevo salario y del retroactivo - crédito iStockEl Decreto 1092 de 2025 señala que el reajuste se realiza “en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, la Ley 644 de 2001 y el artículo 187 de la Constitución Política”.
Este último establece que la asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año “en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República”.
La Contraloría General de la República, en cumplimiento de esa disposición, expidió el 16 de junio de 2025 la certificación que fija en siete por ciento (7%) el promedio ponderado de los incrementos salariales aplicados a los empleados de la administración central nacional. Este cálculo se realizó con base en los decretos que fijaron las escalas de remuneración de los servidores públicos expedidos previamente por el Gobierno nacional.
El artículo segundo del decreto establece que las Oficinas de Pagaduría de la Cámara de Representantes y del Senado de la República deberán expedir una certificación detallada de los emolumentos resultantes de este incremento. Dichos informes garantizarán la aplicación del reajuste y su registro contable en la vigencia correspondiente.
La medida se produce a pocos meses de las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026 - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERSAdemás, estas oficinas no solo deben certificar los emolumentos actualizados, sino también verificar la correcta liquidación del retroactivo correspondiente a los meses anteriores a la publicación del decreto. Este proceso implica ajustar las nóminas, registrar los valores en el Sistema Integrado de Información Financiera y garantizar que el pago se realice con cargo al presupuesto vigente.
El reajuste se produce a pocos meses de un año electoral en Colombia, en el que el país elegirá tanto al nuevo Congreso como al próximo presidente de la República. Con la entrada en vigencia del Decreto 1092 de 2025, los legisladores que resulten electos en los comicios de 2026 iniciarán su periodo con el nuevo salario actualizado, conforme a la política de incrementos salariales definida por el Gobierno nacional para la vigencia fiscal de 2025.
Este ajuste también servirá de referencia para la planeación presupuestal del próximo cuatrienio legislativo y para la proyección de gastos de funcionamiento, que se espera asegure la transparencia y sostenibilidad en la asignación de recursos, así como una adecuada gestión financiera y cumplimiento de metas institucionales.
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