Espacios Abiertos insistirá en llamado de paridad para Puerto Rico en programas como SNAP, a pesar de que será "cuesta arriba"

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Nueva York – Daniel Santamaría, economista de Espacios Abiertos, planteó que, aunque será “cuesta arriba” para organizaciones como la que representa, adelantar el llamado de paridad para Puerto Rico en programas federales como SNAP (Asistencia Nutricional Suplementaria), con una mayoría republicana inclinada a reducir el gasto público, continuarán haciendo gestiones en Washington D.C.

“Muy cuesta arriba. En el Congreso, no hay ambiente para nada. Las altas posibilidades de fracaso son enormes. Y yo creo que todo el mundo lo sabe. Yo estoy de acuerdo en que hay que llevar el mensaje y no hay que dejar de intentarlo. Pero, si antes era cuesta arriba; ahora, cuando se están desmantelando agencias del gobierno federal, despidiendo empleados federales, Puerto Rico va a tener muy difícil y complicado el aumento en ayudas del gobierno federal”, anticipó a El Diario el portavoz de la entidad, enfocada también en el estudio del impacto económico en la isla de créditos como el de Ingreso al Trabajo (EITC).

Santamaría adelantó que, junto a representantes de organizaciones como Hispanic Federation, estarían visitando oficinas congresionales este mes para insistir en la necesidad de justicia presupuestaria para Puerto Rico en esos y otros programas.

“Nosotros queremos llevar al Congreso, número 1, el por qué Puerto Rico sigue siendo discriminado en el PAN (Programa de Asistencia Nutricional) y SNAP, en EITC, y también en CTC (Crédito por menor dependiente). Y que llegue, sobre todo, el mensaje que por qué son importantes para Puerto Rico e incluso para el gobierno federal. Estos programas que aumentan la fuerza laboral formal hacen que Puerto Rico recaude más; que tenga una solidez financiera mayor; que a Puerto Rico le vaya mejor. Siempre algunos gobernantes manifiestan su preocupación con personas que llegan de la isla (a los estados) buscando oportunidades, pues la mejora de la situación económica tendría unos efectos de menor migración hacia esos estados”, abundó sobre los efectos a largo plazo de los programas.

“En términos de seguridad alimentaria, Puerto Rico tiene mucho que mejorar, porque importa más del 80% de lo que consume”, agregó.

El entrevistado explicó que existe una falsa percepción de que los puertorriqueños no pagan impuestos federales, y, por ende, se discrimina a los ciudadanos en el territorio en cuanto al financiamiento para estos programas.

“Nosotros tenemos un estudio en el que comparamos los 50 estados para ver cuál es tu contribución neta con el gobierno federal. No solamente tiene que ver lo que pagas, tiene que ver con lo que pagas menos lo que recibes, ese es el saldo neto… Ahí, Puerto Rico, cuando analizas lo que da versus lo que recibe en términos per cápita, recibe más de lo que da…Lo que la gente no sabe es que 28 estados en Estados Unidos reciben más del gobierno federal que lo que dan, al igual que Puerto Rico…Esos 28 estados tienen completo acceso a programas federales como el SNAP…Tienen acceso al SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario), que aquí en Puerto Rico no lo hay. Tienen acceso a un EITC federal, que aquí hay una aportación federal de EITC, pero que es tres veces menor…Es decir, no hay ningún argumento financiero económico para discriminar a Puerto Rico”, afirmó el experto.

Santamaría se refiere al informe “Aportación federal del crédito por trabajo en Puerto Rico: avances, retos y oportunidades”, divulgado en abril de 2024.

El análisis además demostró que no hay ninguna jurisdicción estadounidense que contribuya tanto como Puerto Rico al EITC. “La isla contribuye al crédito total financiando un 43.4% del programa, a diferencia de los 50 estados más Washington, D.C. que en promedio contribuyen en un escaso 9.5% a la totalidad de sus programas de crédito por trabajo”, especifica el reporte.

Los hallazgos arrojaron además que siete de los 25 estados que registran un déficit per cápita más negativo que el de la isla reciben más del doble en la aportación federal al crédito por trabajo.

“Es importante que ese mensaje llegue todavía más (a Washington) para que se le quite una etiqueta al pueblo de Puerto Rico que no le hace justicia histórica, porque Puerto Rico sí contribuye, y, en términos netos, hay estados que también están en negativo y a esos no se les discrimina”, sostuvo el Director de Investigación de Espacios Abiertos.

Adicional, el incentivo se tradujo en la reducción de la tasa de pobreza, para 2022, por 3.9 puntos porcentuales, “un impacto de 0.2 puntos porcentuales por encima de lo que la tasa de pobreza se ha reducido en Puerto Rico en los últimos 17 años si excluimos el efecto del crédito”.

El estudio propone que se aumente el tope de contribución federal de los $668.8 millones a $1,000 millones.

El crédito por ingreso al trabajo busca reducir la pobreza a través del incentivo al trabajo. Personas que trabajan y tienen ingresos bajos o moderados son elegibles al crédito.

EITC y CTC fueron ampliados bajo la ley ARPA

Bajo la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA), promulgada por la Administración Biden en el 2021, se ampliaron tanto el EITC como el CTC.

En términos del EITC, el estatuto lo amplió de manera permanente en Puerto Rico mediante una inyección anual de $600 millones, que se irá ajustando anualmente de acuerdo con los niveles de la inflación.

“Aún así, somos de las jurisdicciones donde el gobierno federal aporta menos; antes no aportaba, pero aún así estamos al final de la cola. Así que hay amplio margen de mejora para que el gobierno federal pueda contribuir más con Puerto Rico”, insistió Santamaría.

En el caso de CTC, el crédito fue expandido temporalmente con un incremento en la cantidad máxima de $2,000 a $3,600 por menor dependiente de 5 años o menos, y a $3,000 por menor dependiente entre las edades de 6 a 17.

Adicional, de forma permanente, familias con uno o dos niños pueden reclamar el crédito; previo a la ley, solo podían solicitarlo familias con tres niños o más.

“El CTC tiene un efecto muy importante en aliviar la pobreza de las familias puertorriqueñas. Entre 400,000 y 500,000 menores se benefician en Puerto Rico”, especificó el analista.

“En 2021, se beneficiaron unas 566,000 menores, y eso bajó a 400,000 en 2022. En familias elegibles, en 2021, eran 305,000; y, en 2022, cuando desaparece lo de ARPA, pues solamente 224,000 familias eran elegibles”, continuó.

El CTC es un incentivo para las familias que tienen hijos dependientes. Incluso, si una persona normalmente no presenta la declaración de impuestos, puede reclamar el crédito dependiendo de sus ingresos, la edad de los hijos, entre otros factores. Cabe señalar que, contrario al EITC, el desembolso del CTC se debe realizar a través del Servicio de Rentas Internas (IRS) y no del Departamento de Hacienda de Puerto Rico.

“La situación anterior a 2021, en la que en Puerto Rico, solo tenían acceso a este crédito, familias con tres o más hijos, cambió cuando la ley federal ARPA incorporó desde entonces como elegibles del CTC a familias con uno o dos menores. Estas constituyen el 91.9% de las familias con menores en Puerto Rico y eran excluidas del programa federal hasta ARPA”, destaca otro estudio de Espacios Abiertos, pero de noviembre de 2022, sobre el impacto del crédito en la isla.

La investigación, sin embargo, añade como deficiencia que, aunque la ley dispuso para proveer la opción a las familias de recibir dicho crédito a través de pagos mensuales adelantados a partir de julio de 2021, esa alternativa no estuvo disponible para los residentes en el territorio.

El pedido de SNAP para Puerto Rico

En cuanto a SNAP, el programa federal no aplica en la isla, sino el PAN, que es una subvención en bloque con limitaciones de flexibilidad para aumentar la asignación en casos de emergencias como huracanes.

Diversas organizaciones, políticos y grupos de interés dentro y fuera de Washington D.C. llevan presionando desde hace años para que se incluya la transición del PAN al SNAP, como parte de la reautorización de la Ley Agrícola o “Farm Bill” en el Congreso.

El proyecto ómnibus expiró en el 2018, y, desde esa fecha, las autoridades han estado prorrogando su vigencia ante la falta de consenso sobre el contenido final de la pieza legislativa. La extensión de la ley expira nuevamente el 30 de septiembre próximo.

Sobre los esfuerzos para adelantar esa discusión a nivel federal, Santamaría consideró que es necesario afinar los esfuerzos a nivel local de cara a una transición.

“Falta, a nivel local, el poder demostrar que tenemos la capacidad de implementar un programa como SNAP, que no es fácil; y eso creo que hay que continuar trabajándolo desde las instituciones locales aquí en Puerto Rico, desde el Departamento de Agricultura (USDA), ADSEF (Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia), el Departamento de la Familia. Yo creo que corresponde más al tema de implementación a nivel de Puerto Rico, que vean desde allá que estamos preparados para transicionar, y ahí falta un poquito de camino por recorrer”, evaluó.

Espacios Abiertos se ha propuesto presentar en la capital federal los argumentos económicos que sustentan la viabilidad y rentabilidad de la transición, no solamente para Puerto Rico, sino para EE.UU.