Lucía* se graduó de medicina en Cuba en el 2009. Dos años después de haber conseguido su título, se enroló en las misiones de internacionalización del Gobierno cubano, las conocidas brigadas de profesionales de la isla que son enviadas a países que contratan sus servicios.
Lucía vio esta opción como una salida para mejorar su calidad de vida, que según cuenta era muy precaria por ese entonces.
“Yo no tenía ni casa. Vivía en un local prestado. Esa (las brigadas) era la única forma que tenía para comprarles cosas a mis hijos. Tuve que dejar a un niño de un año y medio con su abuela para poder mejorar mi situación económica”, le cuenta Lucía a EL TIEMPO.
En el 2011, la brigada médica de Cuba la trasladó a Carabobo (Venezuela). Pero al llegar a ese país le confiscaron su pasaporte y le leyeron un reglamento disciplinario que, entre otras cosas, le prohibía mantener relaciones de amistad o amorosas con personas no cubanas para no “afectar el prestigio de la misión”.
Tenía que falsificar documentos: si en el día atendía a diez personas, tenía que notificar 20 o 25. Si no lo hacía, me regañaban
“En el horario laboral tenía que hacer de todo: recetar medicamentos, atender consultas y limpiar el consultorio. Además de eso, tenía que falsificar documentos: si en el día atendía a diez personas, tenía que notificar 20 o 25. Si no lo hacía, me regañaban”, explica.
Después de su jornada laboral, Lucía debía llegar a casa antes de las 6 p. m. A esa hora un superior la llamaba para corroborar que, efectivamente, había regresado y la mantenían bajo constante vigilancia, según relata. Además, Lucía afirma que la mayoría de su salario se lo quedaba Cuba, y tan solo le daban un pequeño porcentaje que apenas cubría sus gastos básicos y los de su familia en la isla.
De decidir abandonar la misión, el Gobierno cubano se quedaría con su pasaporte, le invalidaría su título universitario y la obligaría a estar por fuera de la isla sin ver a su familia durante ocho años.
Ellos debían darnos 15.000 reales, pero nos pagaban solo 2.976
Así se mantuvo hasta el 31 de diciembre de 2013. Entre enero y febrero de 2014 regresó con su familia, pero en marzo le pidieron que se fuera con otra brigada para Brasil. “Fue la misma historia, me retiraron el pasaporte, pero la diferencia es que aquí no tenían tanto control de nosotros cuando salíamos a la calle”, dice Lucía al recordar que durante su instancia en territorio brasileño, Cuba le quitó cerca del 75 % de su salario.
“Ellos debían darnos 15.000 reales, pero nos pagaban solo 2.976”, relata. Sin embargo, las condiciones en Brasil fueron un poco diferentes: pudo ahorrar y hasta comprar un par de muebles para su casa. Pero en el 2015 le dijeron que debía abandonar su vivienda, pues si no lo hacía la retirarían de la brigada y la devolverían a Cuba.
“Yo no quería, pero se pusieron pesados. Me dijeron que tenía que ser agradecida con la revolución. Yo me negué y eso conllevó que me interrumpieran la misión. No pude regresar jamás a Brasil y me dijeron que no era confiable. Luego estuve cinco años sin poder salir de Cuba (2015-2019)”.
Después de esos cinco años de castigo que le impusieron, Lucía abandonó la isla y se fue para otro país del Caribe. Allí se reunió con su actual esposo, quien en el 2006 también abandonó una misión de internacionalización.
Una de mil voces que denuncian trabajo forzado en misiones médicas cubanas
La historia de Lucía forma parte de los 1.111 testimonios que han recopilado durante los últimos años las ONG Prisoners Defenders, Civil Rights Defenders y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal) con denuncias de profesionales cubanos que han vivido graves injusticias durante su rol activo en las brigadas.
Estas organizaciones presentaron hace una semana la tercera ampliación de un informe que originalmente salió a la luz en 2019 y que en ese entonces fue remitido a la Corte Penal Internacional (CPI) y a la ONU.
El texto de 56 páginas (llamado ‘1.111 profesionales cubanos vs. Gobierno Cubano’) pone el foco en estas misiones y lo califican como un sistema de “esclavitud” erigido sobre un “modelo coercitivo” y basado en acuerdos internacionales “nulos de pleno derecho”.
Durante la presentación del nuevo anexo, que contó con la presencia de organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y de la eurodiputada Dita Charanzová, se destacó que los testimonios de los profesionales en el exterior dan cuenta de cómo “han sido sometidos a graves injusticias, persecución, esclavitud, amenazas, violencia, acoso y separación familiar”.
Las misiones médicas son un acto de coacción por muchas vías. Si te niegas, eres marcado y/o discriminado, obligado a asumir los peores trabajos y la peor ubicación laboral
Cuba llama misiones de internacionalización a los programas para llevar profesionales de su país a trabajar a otras naciones. Quizá la iniciativa más conocida sea la de los médicos, la cual se inició en 1963 con el primer contingente de doctores que viajó a Argelia. Se estima que, hasta el comienzo de la pandemia, Cuba había llevado a más de 400.000 profesionales a 164 países, entre médicos, músicos, marinos, ingenieros, deportistas y profesores.
Aunque las denuncias sobre estas brigadas no son nuevas, el informe de las tres ONG arroja luz sobre qué tan frecuentes son estas prácticas de sometimiento que aplica la isla.
A grandes rasgos, el informe afirma que entre 50.000 y 100.000 trabajadores cubanos en el exterior sufren estas condiciones de esclavitud. Además, el documento detalla que, de las 1.111 personas entrevistadas, el 75 por ciento dijo no haber ido de forma voluntario a la brigada, el 13 por ciento fue condicionado por las limitaciones de movilidad y condiciones precarias en la isla, y el 12 por ciento fue por motivos coercitivos.
“Las misiones médicas son un acto de coacción por muchas vías. Si te niegas, eres marcado y/o discriminado, obligado a asumir los peores trabajos y la peor ubicación laboral sin tener en cuenta ni tu capacidad ni tu desempeño. Básicamente puedes ser muy buen profesional, pero si no aceptas sus condiciones eres castigado tanto abiertamente como de manera solapada por las autoridades del Ministerio de Salud, que obviamente responden al Gobierno”, se lee en otro de los testimonios anónimos del informe de las ONG.
En esta foto de archivo tomada el 11 de julio de 2021, se ve a cubanos frente al Capitolio de La Habana durante una manifestación contra el gobierno del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, en La Habana. Foto:YAMIL LAGE / AFP
De hecho, las organizaciones hacen hincapié en que si un profesional decide abandonar la misión, las autoridades cubanas retienen su pasaporte y se le aplica la conocida Ley de los 8 años, la cual estipula que un “desertor” no podrá volver a la isla hasta que se cumpla ese periodo de tiempo, separándolo de sus familiares. La denuncia aporta pruebas documentales de estas sanciones.
El texto, de otro lado, señala que la separación forzosa y traumática de las familias actúa como un “factor estresante y tóxico” en las víctimas y sus familias en Cuba. Entre las causas identificadas (tanto en padres como hijos) están: ansiedad, depresión, problemas de conducta, trastorno de estrés postraumático, menor coeficiente de inteligencia y obesidad.
“El sentimiento más común que prevalece entre los que salen de misión y se quedan en un país extranjero es que siguen prisioneros años después porque sus familiares se mantienen en la isla. Son amenazados y a las familias en Cuba se les visita para decir que su familiar es un desertor”, dijo a este diario Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
Retención de salarios
El informe también denuncia y detalla cómo el programa se queda con la mayoría de los salarios de sus profesionales, alrededor del 75 por ciento, como media, a través de dos modelos de pago.
En el primero, al trabajador le paga Cuba, que le entrega entre el 9 y el 25 por ciento de lo que percibe del país anfitrión. Según estas ONG, el Gobierno de Cuba paga 525 dólares de media a los profesionales cuando cobra un promedio superior a los 3.500 dólares por cada uno. Es decir que se embolsa el 85 por ciento de las ganancias.
En el segundo modelo, una empresa empleadora del Estado cubano se queda como intermediadora de la comisión del sueldo, que normalmente es de entre el 75 y el 90 por ciento del salario base. Las ONG presentaron documentos a este respecto, como el de un marino en la empresa de cruceros MSC (en Europa) con un salario de 408 euros al mes y al que se le retenían 326,40 euros.
Las ventas de servicios profesionales que suponen las denominadas misiones internacionalistas de Cuba son la mayor partida de ingreso de divisas del país, por encima incluso del turismo, desde al menos 2005.
En 2018 supusieron unos 8.500 millones de dólares (7.492 millones de euros), frente a los 2.900 millones de dólares (2.556 millones de euros) del turismo, y representó entre el 40 y el 50 por ciento de su balanza de pagos en el extranjero, estiman estas ONG.
Cuba rechaza tajantemente trabajo forzado en misiones médicas
Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, durante su alocución en la ONU. Foto:EFE
No solo las tres organizaciones que construyeron este informe se han referido a estas brigadas. En 2019, la relatora especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, Urmila Bhoola, y la relatora especial sobre la trata de personas, Maria Grazia Giammarinaro, aseguraron que estas condiciones laborales “podrían elevarse a trabajo forzoso”, lo que “constituye una forma contemporánea de esclavitud”.
En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el año pasado su “preocupación” por el supuesto trabajo forzado de los trabajadores cubanos en misión en el exterior.
El año pasado, el Parlamento Europeo emitió una resolución que condenaba “las violaciones sistémicas de los derechos humanos y laborales cometidas por Cuba contra su personal en misiones médicas”.
En cuanto a la posición de Cuba, el Gobierno negó en 2020 ante Naciones Unidas cualquier relación entre sus misiones y la trata, la esclavitud o el trabajo forzoso. Apuntó a “espurias campañas” de Estados Unidos para “desacreditar y “sabotear” este sistema, basado en el “altruismo, humanismo y solidaridad internacional”.
Cuba destacó en ese entonces que las misiones responden siempre a peticiones expresas de los países anfitriones, que sus participantes son siempre voluntarios, que todos cuentan con contrato y que se les aplican las leyes laborales.
El régimen puntualizó, por último, que en ningún caso se les retira el pasaporte ni se los obliga a permanecer en la misión, y mucho menos se les penaliza si deciden irse antes.
CARLOS JOSÉ REYES GARCÍA
Con información de Efe
* Nombre cambiado por seguridad