(Entrevista) Senador del PIP Adrián González Costa defiende propuesta de su colectividad para cancelar contratos de LUMA y Genera PR

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NUEVA YORK – Para el senador del Partido Independentista de Puerto Rico (PIP), Adrián González Costa, la manera más fácil y efectiva de dejar sin efecto los contratos de LUMA Energy y Genera PR con el Gobierno es enmendando o cambiando las leyes que permitieron el acuerdo entre la Administación pasada con las compañías privadas para que se encargaran de los activos de transmisión y generación, respectivamente, en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

En entrevista con El Diario, el legislador planteó que la Asamblea Legislativa tiene la facultad de dejar sin efecto disposiciones legales bajo las que sostienen los contratos de modo que el proceso corra de manera más rápida.

“Hay dos maneras de cancelar el contrato, una es la judicial. Como cualquier contrato, cuando una de las partes tiene un reclamo de incumplimiento de la otra, tiene que llevar su reclamo ante los foros judiciales para que un juez determine si, en efecto, ha incumplimiento, y, si ese incumplimiento, conlleva la cancelación de un contrato. Ese es el último remedio, no es el primero. Está la otra vía, que es que la Asamblea Legislativa, en los poderes que tiene para legislar, cancele las leyes que permiten esa contratación, pero estableciendo un proceso ordenado por fases como establecemos nosotros”, expuso.

En ese contexto, González Costa insistió en la “Ley para el Rescate Público del Sistema Eléctrico de Puerto Rico” que presentó el 20 de agosto junto con la senadora María de Lourdes Santiago, también del PIP.

“O sea que la legislación de ustedes viene a ser el procedimiento para cancelar el contrato sin que se tenga que ir a un tribunal”, indagó ese rotativo.

“Exactamente…Dentro de ese sistema republicano de gobierno de tres ramas, el tribunal no puede cancelar un contrato si no es siguiendo la letra de la ley y siguiendo la letra del contrato. Si el contrato está mal hecho, el tribunal no puede hacer otra cosa que interpretar el contrato conforme a lo que dice el Código Civil. Ahora bien, aunque el contrato esté mal hecho, la Asamblea Legislativa tiene más amplitud para actuar que el propio tribunal. Dejar en manos del tribunal la cancelación del contrato es un riesgo muy grande, porque si un tribunal determina que ese contrato no se puede cancelar, tendríamos entonces que vivir condenados a LUMA o llegar al mismo lugar que estamos ahora…Con esto vamos a saltarnos el paso de un largo litigio, porque eso no se va a resolver tampoco en dos semanas…”, respondió.

Para el senador, la crisis energética que han provocado LUMA y Genera y el bienestar de la gente tiene que ir por encima de las relaciones contractuales.

El P. del S.695, que cuenta con su versión en la Cámara de Representantes, fue bajada a votación por descargue un día después de haber sido presentada por la delegación, y colgada por la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“El PPD en el hemiciclo se opuso al descargue, porque había tres medidas para descargar… y descargaron las tres; así que entiendo que, como tampoco querían que le colgaran las de ellos, hicimos un bloque”, dijo sobre la intervención de los populares.

“En cuanto a los méritos de la medida, fuera de lo que pasó en el hemiciclo, tengo que decir con mucha honestidad que he coincidido con líderes del Partido Popular en paneles de discusión; específicamente, el secretario general del partido fue muy severo criticando nuestro proyecto porque ‘no se puede cerrar la puerta a la privatización’. Creo que eso distingue al Partido Popular, y por eso están tan débiles políticamente. Es una timidez para asumir posturas claras en cuanto a temas específicos que afectan al pueblo”, continuó.

El proyecto de ley propone la cancelación de los contratos de LUMA y Genera, y facilita una transición ordenada para devolver el sistema a la Autoridad desde la generación a la distribución, bajo el precepto de que el modelo de privatización de ese servicio esencial no ha sido efectivo para evitar aumentos en la factura y menos para prevenir apagones y otras deficiencias en el servicio.

“Lo atendimos de forma responsable, coherente. No fue un proyecto que salió de nuestro cerebro; salió del cerebro de la gente que sabe de esto, con su asesoría, y la respuesta del Senado- la Cámara no ha actuado- fue en menos de 24 horas descartarda de plano, bajarla por descargue y colgarla”, cuestionó el senador.

A preguntas de cómo se garantizaría que la política partidista no marque la toma de decisiones en la AEE, que fue parte de lo que contribuyó a la debacle del modelo público, en vista de que cuatro de los siete miembros de la Junta de Gobierno serían nombrados por el gobernador o gobernadora de turno, González Costa respondió: “Siempre puede haber un matiz político. La gobernadora nombraría unos miembros, pero hay tres integrantes que son del interés público que responden al pueblo balanceando esa junta que los escogería la gente mediante votación directa. Cuando estaba la Autoridad, era un representante del interés público…”.

El entrevistado sostuvo que el modelo público de la AEE colapsó, no porque fuera público, sino porque estuvo “secuestrado” por los intereses del PNP y del PPD por décadas.

“Estaba altamente politizado. Un modelo público que debió ser transparente sin ataduras políticas dejó de ser transparente y apolítico…sumado al hecho de que, cuando sí comenzó la crisis económica, como las corporaciones públicas estaban saludables fiscalmente, se utilizó mucho dinero que tenía la Autoridad para pagar deudas del Gobierno en otros renglones, y entre la mediocridad y la politización el utilizar los fondos de la Autoridad como ATH del Gobierno o como tarjeta de crédito, terminaron quebrando un modelo que era un monopolio”, abundó.

González Costa destacó que la legislación que presentó su delegación impone nuevos requisitos para quienes conformen el ente.

“Cuando se establece la Junta o los requisitos para formar parte de la nueva entidad pública, se establecen una serie de prohibiciones en cuanto a vínculos con partidos políticos; que no pueden haber sido candidatos; que no pueden ocupar puestos a la misma vez; que no pueden realizar donativos a campañas o partidos políticos por un periodo de tiempo previo a su entrada al organismo; que no podían tener contratos con campañas o candidatos, prohibiciones que no existían antes…Si la ley contempla todas esas prohibiciones, eso no va a volver a ocurrir porque estaría prohibido por ley”, añadió sobre el organismo encargado para la toma decisiones estratégicas y operativas en la AEE.

Los cambios que proponen los miembros del PIP para la Autoridad implicarían un papel menos central del Negociado de Energía (NEPR), entidad encargada de regular a los distintos componentes de la industria energética en la isla.

“Serían unas obligaciones mermadas. Nosotros nos opusimos a la creación del Negociado de Energía. Eso fue a través de la primera ley de Alivio Energético que aprobaron los populares en el cuatrienio de Alejandro García Padilla, que no abrió la puerta de par en par a la privatización como la del cuatrienio posterior, pero fue la que le quitó el seguro a la puerta y que creó ese Negociado como un ente independiente a la Autoridad de Energía Eléctrica, que no tuvo otra función que no fuera sembrar gente ahí que no respondía a los intereses del pueblo de Puerto Rico; que no respondía, necesariamente, al adecuado funcionamiento de la Autoridad… Se supone que esa fuera la primera entidad que fiscalizara esa aprobación del contrato, la ejecución de LUMA, y sabemos que no ha sido así…”, señaló.

El político rechazó los argumentos de que, de cancelarse el contrato, el pueblo puertorriqueño terminará pagándole más a LUMA por penalidades.

“La primera vez que se habló de cancelar el contrato de LUMA, salieron brincando y diciendo que cancelar el contrato va a costar $279 millones de dólares. Permitir el contrato de LUMA nos costó $700 millones. Si lo hubiésemos cancelado, cuando nos costaba $279 millones, nos hubiésemos ahorrado alrededor de $500 millones, y sigue vigente la cifra”, comparó el senador al hacer referencia al costo de extender el contrato de LUMA por 15 años.

“Es un mito que nos saldría más caro cancelar el contrato, aún perdiendo el caso en el tribunal, y que nos dijeran, ‘bueno, si lo cancelan, tienes que pagar’. ‘Pues está bien, cancelamos, porque a la larga nos vamos a ahorrar más dinero que dejando el contrato como está y que los negocios sigan cerrando y toda la cosa. Hay unos gastos que no se calculan. Está bien, nos cuesta $700 millones. Pero, ¿cuánto nos cuesta el negocio que cerró por el asunto de la energía? Nos cuesta menos patentes, menos CRIM; ponle que cinco empleados que se quedaron sin trabajo, menos IVU porque están sin ingresos; probablemente dos de esos se fueron del país, porque ya no tienen dónde trabajar…”, insistió.

En cuanto a los empleados locales de LUMA, dijo que la propuesta garantiza la retención de los mismos.

“Cada vez que nosotros legislamos asuntos que tienen que ver con agencias, con entidades, que hay seres humanos de carne y hueso trabajando, siempre incluimos cláusulas que garanticen que no se va a despedir a nadie. Al contrario, nosotros establecemos las garantías, precisamente, para la permanencia de los empleados que son necesarios, y el regreso de los que LUMA no contrató. El Gobierno a través de la Ley 8 los acomodó en otras agencias”, expuso.

Afirmó además que existen maneras de recontratar a los que salieron de la corporación a raíz de la entrada en vigor de los contratos de ambas compañías.

“Sabemos de muchos que quieren regresar a trabajar en lo que saben, para lo que se prepararon; son peritos electricistas. Ser celador no es algo que uno aprende de oído; hay una preparación, y algunos estan en Obras públicas pasando ‘trimmer’ (desbrozadora) en las carreteras del país”, indicó.

A juicio de González Costa, el fracaso del modelo privatizado viene cuajándose desde hace años.

En ese sentido, recalcó que legisladores del PNP y del PPD fueron los que impulsaron leyes, como la 120 de 2018, o “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”, que también facilitaron que la AEE pasara a control privado.

“En este momento es quizás la cumbre del fracaso de LUMA, y digo que es la cumbre porque, aunque desde el principio LUMA ha sido ineficiente, sabemos que al principio gozaba del apoyo del gobierno PNP (Partido Nuevo Progresista) a través del gobernador Pierluisi, su Gabinete, legisladores. Nosotros, primero, cuando Juan Dalmau y Dennis Márquez eran los legisladores del PIP se opusieron a la ley que abría la puerta a la privatización, que era una ley de los populares (Partido Popular Democrático) y los penepés…De esa ley en adelante es que inicia el proceso para privatizar la energía en Puerto Rico”, resaltó el pipiolo.

González Costa defendió las gestiones de su colectividad en contra de la privatización de la Autoridad desde que se discutía la posibilidad de entrar en un contrato de alianza público privada con LUMA.

“Participamos de un sinnúmero de manifestaciones; presentamos resoluciones oponiéndonos a la otorgación del contrato. Se otorga un contrato preliminar. Ese contrato preliminar era uno breve, que era como un periodo probatorio y que, cuando terminara ese periodo, entraba el contrato de 15 años, que es el que está actualmente. Esos primeros años de ese contrato preliminar fueron muy malos. Empezaron los apagones, los relevos de carga. Se hizo una marcha multitudinaria por la noche exigiéndole al gobernador que no extendiera el contrato de LUMA, ahí estábamos nosotros en récord, pidiéndole al gobernador, tanto en la calle como en la Legislatura que no se extendiera el contrato de LUMA y lo firmaron”, enumeró.

“No veo un reclamo del país en cuanto a nosotros sobre nuestras posturas, porque hemos estado claros desde el primer día. De hecho, tan reciente como en el 2024, cuando ya había consenso de que LUMA se tenía que ir, legislamos nuevamente para devolver el sistema de energía a manos públicas”, continuó.

El proyecto de ley de los pipiolos propone entre, otras cosas, enmendar leyes como la 17 de 2019 (Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”) con el fin de que Puerto Rico retome el control de la AEE. Bajo la medida, también se enmendaría la 57 de 2014, según enmendada (“Ley de Transformación y ALIVIO Energético de Puerto Rico” ), para evitar monopolios de compañías privadas en la industria energética de Puerto Rico y situaciones de conflicto de intereses en el Negociado de Energía. La pieza legislativa, además, enmendaría la número 83 del 1941, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”, para reestructurar y reorganizar su cuerpo rector y asegurar una gobernanza participativa, transparente y totalmente independiente de la política partidista.

En estos momentos, el tribunal federal en la isla que ve el caso por la quiebra bajo Título III tiene ante su consideración la demanda presentada por LUMA contra la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (AAPP).

Hace apenas una semana, la jueza de distrito Laura Taylor Swain refirió el recurso a la magistrada Judith Dein. El consorcio le pidió a la Corte que reafirme las disposiciones del contrato o el Acuerdo de Operación y Mantenimiento (OMA). La movida judicial de LUMA se dio en respuesta a un emplazamiento por incumplimiento que le hizo el director de las AAPP, Josué Colón.

Colón sostuvo que el recurso del operador carece de fundamento y que la disputa debe ser dirimida en los tribunales locales y no en el de Título III de la AEE bajo la Ley PROMESA (Ley para la Supervisión, Administración y. Estabilidad Económica de Puerto Rico).

Entre oras cosas, LUMA argumenta que, cancelar el contrato y no seguir el proceso de resolución de disputas establecido en el Acuerdo, implicaría un daño irreparable para la compañía.