Nueva York – La representante de origen boricua en la Cámara de Representantes federal, Nydia Velázquez, pidió a la Administración Trump que agilice el desembolso de dinero para la instalación de paneles solares en hogares y clínicas en Puerto Rico que fueron asignados a través del Fondo de Resiliencia Energética (PR-ERF) aprobado en el Congreso.
En entrevista con El Diario, la representante del Distrito 7 de Nueva York reafirmó el llamado que le hizo mediante carta al secretario del Departamento de Energía federal (DOE), Chris Wright, junto a otros tres legisladores, para que avance en la distribución de los $1,000 millones para proyectos de energía solar, ya que los retrasos continuos pudieran tener consecuencias severas en poblaciones vulnerables.
“Que Trump respete el mandato del Congreso y se desembolsen los fondos para las placas solares. Queremos agilizar esos trabajos para nosotros poder fortalecer la resiliencia de hogares de gente vulnerable en Puerto Rico. Estamos pidiéndole al secretario que tome cartas sobre el asunto, y que nosotros, obviamente, estamos vigilando los desembolsos que se deben hacer para que organizaciones de base en Puerto Rico que están haciendo el trabajo puedan continuar, y que podamos agilizar todo ese proceso para cubrir el mayor número de hogares en Puerto Rico”, declaró la demócrata a este rotativo.
A preguntas de bajo qué regulación u orden del gobierno federal es que se ha retrasado la entrega de dinero, Velázquez dijo que no tenía el detalle específico, “pero entiendo que no están llegando los fondos en este momento”.
“El dinero no se está desembolsando. Con la falta de respeto de este presidente, en términos de las decisiones que ha tomado el Congreso en la asignación de fondos federales, nos preocupa que ese dinero no se esté utilizando, sobre todo, cuando ya se acerca la época de huracanes en Puerto Rico y en el Caribe”, expuso.
El Congreso le dio paso a estos fondos como parte de la Ley de Asignaciones para el año fiscal 2023 o Ley de Asignaciones Consolidadas de 2023. El fenecido representante demócrata de Arizona, Raúl Grijalva, fue una de las voces cantantes para viabilizar la partida.
Bajo el PR-ERF, se buscaba proveer a ciudadanos de bajos recursos y/o condiciones médicas con sistemas de energía solar en techos y almacenamiento en baterías para que, entre otras cosas, pudieran responder más efectivamente a las interrupciones en el servicio eléctrico, particularmente, en temporada de huracanes.
“Esta solicitud se realizó en respuesta tanto a la probada confiabilidad de los sistemas de energía solar y de baterías en los techos, que preservaron la energía de manera constante durante grandes tormentas, como a los llamados directos de los residentes de todo Puerto Rico para instar al Congreso a reducir las barreras de costo para la adquisición de estos sistemas”, lee parte de la misiva remitida a Wright.
“Las partes interesadas enfatizaron específicamente en la necesidad de sistemas de energía solar en techos para mitigar los impactos desproporcionados en la salud y la mortalidad de los residentes de edad avanzada y con discapacidades, como se observó durante el huracán María en 2017 y el huracán Fiona en 2022”, añaden los solicitantes en el texto.
El documento con fecha del 10 de marzo además fue suscrito por los también demócratas Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY), Jared Huffman (D-CA), y el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández.
En específico, los fondos aprobados en la legislatura federal se supone que fueran desembolsados a través de los programas “Acceso Solar” y Comunidades Resilientes” que administra el DOE.
Mediante el primero, se buscaba impactar a unas 30,000 familias en el territorio con sistemas solares fotovoltaicos y de almacenamiento de baterías.
La apertura del proceso de solicitud arrancó en febrero del año pasado.
En julio, Velázquez viajó a Puerto Rico junto a Ocasio-Cortez; la entonces secretaria del DOE, Jennifer Granholm; y otros funcionarios federales para anunciar la primera instalación de paneles solares bajo Acceso Solar.
En el caso de Comunidades Resilientes, el programa iba dirigido a habilitar instalaciones de salud comunitarias, centros comunitarios y áreas comunes con estos sistemas renovables.
En diciembre pasado, el DOE anunció los equipos seleccionados para las negociaciones de adjudicación.
En agosto, la Oficina de Desarrollo del Sistema Eléctrico (GDO) publicó el Anuncio de Oportunidad de Financiamiento (FOA) de hasta $365 millones para el esfuerzo.
Para Velázquez, la clave para atajar la crisis en Puerto Rico es diversificar las fuentes sin abandonar las metas de energía renovable. En ese sentido, argumentó que la solución no debe estar enfocada en el uso del gas natural por sus efectos en los recursos naturales y en la salud de las comunidades en el territorio.
“Obviamente, sabemos que la Administración Trump está impulsando el uso de gas natural que es un combustible fósil. Nosotros entendemos que Puerto Rico está atravesando una crisis energética; vemos las noticias todos los días, los apagones que están ocurriendo. No solamente es un combustible fósil, pero representa peligros para la salud del pueblo puertorriqueño. Lo que tenemos que hacer es diversificar las fuentes de energía para Puerto Rico, pero no deberíamos sacrificar la energía renovable y la energía limpia, y en ese sentido, el gas natural no representa ninguna de las dos”, indicó a este rotativo.
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, aliada del presidente Donald Trump, insiste en que el medio más inmediato, costo efectivo y de impacto masivo para atender el problema de déficit de generación es la conversión de plantas a gas natural.
No podemos abandonar ese compromiso con la energía renovable
“Yo entiendo que sí deben usar energía con gas natural, pero no sacrificar el compromiso y la ley que se aprobó en Puerto Rico para lograr 100% de energía renovable (para el 2050). No podemos abandonar ese compromiso con la energía renovable por el hecho de que en, este momento, Puerto Rico continúa vulnerable en términos de la falta de un sistema energético que sea estable”, consideró Velázquez sobre el enfoque del gobierno de Puerto Rico.
Uno de los primeros dos proyectos de administración sometidos por González a la Legislatura eliminó las metas intermedias de transición a fuentes renovables contenidas en la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17 de 2019).
De acuerdo con González, la Ley 1-2025 establece una política pública coherente al eliminar metas intermedias difíciles de cumplir, pero manteniendo la meta final de una transición completa para el 2050. Antes de la aprobación del estatuto, la meta era alcanzar 40% de fuentes renovables para 2025 y 60% para 2040.
Gobierno de Puerto Rico tiene que fiscalizar a LUMA Energy
A juicio de la congresista, parte de la crisis del sistema está en la incapacidad del Gobierno para fiscalizar a LUMA Energy y a Genera PR, compañías privadas que administran los activos de transmisión y generación, respectivamente.
“Yo creo que hay una falta de fiscalización de LUMA y Genera que ha llevado a una posición de debilidad para el pueblo de Puerto Rico. Yo creo que, a través de su campaña, ella (la gobernadora) dijo que iba a tomar medidas y acciones para responsabilizar, buscar transparencia. Eso no justifica entonces que se esté impulsando básicamente el recurso de energía de gas natural, simplemente, por no fiscalizar tanto a Luma como a Genera. Se le ha dado grandes recursos y no hemos visto que hayan honrado su compromiso con el Gobierno y con el pueblo de Puerto Rico”, planteó.
González, durante su periodo de campaña, dijo que, de llegar al poder, evaluaría la posibilidad de cancelar el contrato de LUMA por su ineficiencia para responder y reducir a los constantes apagones en la isla.
En febrero pasado, al ser cuestionada por periodistas sobre el tema, la gobernadora indicó que primero hay que estabilizar el sistema eléctrico antes de encaminar cualquier cancelación del convenio.
En el caso de Genera PR, la primera mandataria decidió renegociar el contrato bajo un acuerdo en el que no se le pagaría por bonificaciones en 10 años a la empresa a cambio de un solo pago de $110 millones.
Durante ese periodo, la compañía continuará supliendo gas natural a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Por otro lado, la representante de NY desconfía que González pueda evitar recortes de fondos federales para programas en la isla por el mero hecho de ser republicana, apoyar al presidente y tener buenas relaciones con la Administración y con congresistas en Washington D.C.
“La preocupación más grande en este momento de Trump es cumplir con su compromiso de campaña los impuestos federales a la clase más rica del país, y, obviamente, ese es su foco. Todas sus acciones, tanto a nivel administrativo como legislativo, van encaminadas a buscar esos fondos para poder cumplir con ese compromiso de campaña. Imagínate tú, estamos diciendo y advirtiendo que van a tocar el programa de Medicaid. Medicaid es un programa sumamente importante para áreas rurales en los EE.UU.; áreas republicanas que están siendo representados por gobernadores republicanos. Ya quisiera yo ver que esos gobernadores defiendan los intereses de sus constituyentes, y le pidan Donald Trump que no toque a Medicaid. Yo espero que la gobernadora utilice esas relaciones para proteger al pueblo de Puerto Rico”, emplazó.
El silencio de Trump sobre Puerto Rico
La demócrata también cuestionó el silencio de Trump con relación a Puerto Rico y los otros territorios a casi tres meses de haber asumido su segundo mandato.
“Obviamente, me preocupa la falta de pronunciamiento de esta Administración con respecto a una agenda legislativa hacia Puerto Rico y los demás territorios. Puedes deducir la falta de interés y compromiso hacia el pueblo de Puerto Rico, o estarán trabajando o harán un pronunciamiento mucho más tarde que podría ser preocupante porque, en este momento, la mayor atención del presidente es su agenda contributiva de recortes que implica la reducción en el gasto presupuestario del gobierno de los Estados Unidos”, señaló en referencia a la resolución de marco presupuestario que se discute actualmente en el Congreso.
“No hay forma de llegar al número que ellos necesitan sin tocar el Medicaid, porque no hay otros programas que tengan asignaciones de fondos como la que tiene Medicaid, a menos que no vayan al Departamento de Defensa y recorten los gastos de defensa, y eso yo lo dudo. Estamos convencidos que de una forma u otra el Medicaid está como nosotros decimos en la tabla de cortar, y que, en su debido momento, van a implementar medidas que van a representar cortes presupuestarios al Medicaid”, puntualizó.
Si finalmente los republicanos aprueban un proyecto que implique recortes de fondos al Medicaid, Puerto Rico se podría ver afectado.
Por otro lado, agencias como el Departamento de Educación, el de Salud y la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA) han notificado de acciones por parte del gobierno federal para detener el desembolso de fondos federales para distintos programas.
Varias de estas partidas fueron aprobadas para responder a la pandemia por COVID-19. Además, las disposiciones de leyes aprobadas bajo la Administración Biden como la ley IRA (Ley de Reducción de Inflación) y BIL (Ley Bipartidista de Infraestructura) fueron frenadas por órdenes de Trump hasta tanto se determine si cumplen con su política pública. Estas leyes también aplicaban a Puerto Rico.
¿Está muerto en el Congreso el tema del estatus? Sobre lo anterior conversamos con Velázquez en la segunda parte de esta entrevista exclusiva. Pendientes a El Diario para actualizaciones.
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