
Este viernes por la mañana, el ex presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Bolivia, Yván Córdova, fue aprehendido por la Policía tras presentarse a declarar por la investigación sobre un presunto consorcio para manipular fallos judiciales. Córdova se convierte en la quinta autoridad detenida por este caso.
En paralelo, la Fiscalía tomó las declaraciones del exministro de Justicia César Siles, quien también fue aprehendido tras asistir de forma voluntaria a prestar su declaración este jueves.
Ambos ex funcionarios están en la mira de la Justicia, luego de que se filtrara un audio en el que supuestamente se escucha al ex ministro Siles ofrecer protección a un juez de Coroico, una localidad distante a 100 kilómetros de La Paz, para suspender las credenciales de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira. Según las investigaciones, Córdova habría sido mediador entre el juez y el ex ministro.

Al llegar a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para brindar sus declaraciones, Siles manifestó ante los medios locales: “No voy a escapar del país, yo estoy acá para asumir mi defensa hidalgamente. Aclarar sin embargo, que las sindicaciones que me hacen son falsas”. El ex ministro agregó que no tuvo contacto con ninguna autoridad judicial para intervenir en ningún caso.
Sin embargo, no negó la veracidad del audio e indicó que fue “obtenido ilícitamente” y en contradicción con las normas bolivianas. Anteriormente manifestó que había sido “manipulado” pero no precisó en qué sentido.
El caso ha provocado la aprehensión de varias autoridades de los poderes ejecutivo y judicial. Tanto el juez que emitió el fallo como una vocal acusada de redactar los argumentos jurídicos para suspender a la magistrada fueron detenidos preventivamente en cárceles de La Paz. En tanto, el suplente de Coaquira, que iba a ser beneficiado con el fallo de destitución, obtuvo detención domiciliaria mientras se desarrollan las investigaciones.
Poco antes de que el caso saliera a la luz, el ex ministro Siles presentó su dimisión al gabinete bajo el argumento que habían “rumores” que podían afectar la gestión del Gobierno. Según la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, la renuncia fue recibida en buenos términos por el presidente Luis Arce, quien hasta la publicación de esta nota no había hecho referencia pública al caso.
Días después de la renuncia de Siles, la entonces viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, Jessica Saravia, fue designada titular de la cartera de Justicia. En el discurso de posesión, Arce manifestó que su Gobierno tendrá una relación de “respeto” con las instancias judiciales, en medio de las preocupaciones por la injerencia de la política en la justicia.

Los delitos por los que se investiga a los implicados en el denominado caso “consorcio judicial” incluyen tráfico de influencias, consorcio entre responsables del servicio de Justicia y falsificación de sellos y documentos oficiales. La investigación fue declarada en reserva.
El martes, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, informó sobre la creación del Observatorio para Precautelar la Independencia Judicial, una instancia que hará vigilancia frente a intentos de injerencia que puedan afectar la autonomía del organismo.
Las autoridades judiciales también determinaron activar procesos disciplinarios contra jueces que estén actuando sin competencia, con el objetivo de sancionar a quienes vulneren las normas bolivianas.