¿En qué consiste la demanda de la ACLU en Puerto Rico por entrega de datos de licencias de conducir de indocumentados a ICE y DHS?

hace 6 días 88

NUEVA YORK – Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) de Puerto Rico, reiteró que el gobierno de Puerto Rico actuó en contra de la propia ley que creó las licencias de conducir para indocumentados al entregar a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y al DHS (Departamento de Seguridad Nacional) información confidencial de 6,000 migrantes en la isla.

En una entrevista con El Diario esta semana en la que abundó sobre la demanda que la organización presentó contra el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el abogado argumentó que lo que correspondía en este caso era solicitar una orden de un juez para poder liberar la información y no proceder con base en el “subpoena” administrativo.

“Número uno, si la ley establece que la información es confidencial, el Departamento de Transportación y su secretario debieron haber requerido la orden de un juez y no un mero documento firmado por un burócrata del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”, afirmó Arraiza Navas.

De acuerdo con el representante de la ACLU, la orden de las agencias federales no obligaba a ningún funcionario del gobierno local, en este caso de la Administración de la gobernadora Jenniffer González, a suministrar los datos, por lo que el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, pudo haberse negado a brindar la información para propósitos de ejecución de ley migratoria.

“Nos percatamos de que la ley (97) del 2013 establece que esta información debe ser confidencial, y el pueblo de Puerto Rico siempre ha descansado en que se va a respetar. Por el contrario, las personas migrantes no iban a estar acudiendo al Departamento de Transportación a proveer información que saben que podrían repercutir en acciones adversas para ellos”, cuestionó.

“Si el DHS hubiera obtenido esta orden, que yo dudo mucho que aquí en Puerto Rico haya un juez que se atreva a emitir una orden tan abarcadora para información confidencial de 6,000 personas; si hubieran producido la orden, el deber del gobierno de Puerto Rico, para proteger esta información y para proteger la comunidad migrante, era cuestionar, impugnar la orden en los tribunales”, añadió.

Según Arraiza Navas, cuando media una orden judicial, el proceso es más riguroso, ya que se le tiene que probar a un juez las razones para el suministro de información.

“La orden judicial se diferencia en que, cuando tú solicitas a un juez que emita una orden para conseguir una información que, con base en la ley, es confidencial tú le tienes que justificar al juez por qué quieres esa información. Y ya ahí el funcionario o la agencia tiene que entrar en explicaciones que puede ser desde la comisión de delito o problemas de seguridad nacional; tienen que justificar ante el tribunal de por qué el tribunal tiene que acceder a emitir una orden para que se cree una excepción y se rompa la confidencialidad de algo que protege. Entonces, hay una garantía adicional”, explicó.

En junio pasado, las autoridades federales en la isla y la gobernadora confirmaron el traspaso de información.

El DTOP defendió el trámite bajo el argumento de que la solicitud fue debidamente emitida por una autoridad competente, “como lo exige el debido proceso de ley”.

Por su parte, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en la isla dijo que empezó a recibir los datos entre febrero y marzo, y que mantenían constante comunicación para continuar el intercambio.

Plantearon además que la intención detrás del pedido de datos era corroborar la información con la lista de órdenes finales de deportación, así como identificar a individuos sin estatus migratorio con un récord criminal activo.

A raíz de lo anterior y ante el incremento de arrestos de migrantes en el territorio a tono con la política de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, la ACLU solicitó ese mismo mes al DTOP copia de todos los documentos provistos a las autoridades federales.

En específico, pidieron copias de las guías y protocolos internos para evaluar peticiones de información provenientes del gobierno federal, así como de todo requerimiento de información emitido por DHS, ICE o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) desde el 20 de enero pasado.

También solicitaron copia de los memorándum legales de la agencia donde se evaluó la procedencia de dichos requerimientos, comunicaciones con otras agencias sobre los mismos y copia de toda la información entregada para cumplir con el pedido.

La petición se baso en la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley Núm. 141-2019) que establece que el acceso a la información pública es un pilar constitucional y un derecho humano fundamental.

Como las autoridades se negaron a darles la información, la ACLU decidió acudir al tribunal a pedir la divulgación.

A peguntas de en qué casos o circunstancias podría no ser confidencial esa información, el entrevistado respondió: “Lo que pasa es que las excepciones las tienen que recibir a través de una orden judicial. Si ellos (el Gobierno) entiende que hay una excepción a la ley, porque hay una persona que ha cometido un delito y se quiere emitir una orden de arresto y necesitan el lugar donde reside la persona, deberían acudir al tribunal, y con una orden firmada por un juez, llevar a cabo ese tipo de ejecución. Eso no fue lo que ocurrió en este caso. En este caso, se solicitó información de cerca de 6,000 personas sin una orden judicial. Esa es nuestra sospecha, y por eso es que estamos haciéndole el requerimiento al tribunal”.

El recurso presentado por la organización busca que el gobierno de Puerto Rico entregue de manera inmediata la información relacionada con el traspaso de datos personales de 6,000 migrantes que obtuvieron licencias de conducir bajo la Ley Núm. 97 de 2013.

El director legal recordó que la cláusula de confidencial en la ley buscaba precisamente evitar una “cacería de brujas” contra indocumentados en Puerto Rico.

“La preocupación principal era que se convirtiera esto en una cacería de brujas en lo que lo han convertido. Hablando aquí claramente esa era la preocupación principal y por eso se incluye esta cláusula para que las personas migrantes confiaran en el sistema y resolver un problema de que tú puedas manejar en las calles de EE.UU. teniendo un documento que te proteja”, mencionó.

Para el abogado, las razones que dio la Administración González para no suministrarle copia de los archivos compartidos se basa en generalidades.

“Ellos lo que dicen es que como es un documento de una agencia federal que eso se lo tenemos que pedir a la agencia a través de un Freedom of Information Act (FOIA), y eso no es correcto. En derecho, eso no es correcto. Y lo segundo que nos dicen es que la Ley sobre Transparencia en Puerto Rico (Ley 141) establece unas excepciones, dicen eso, pero no dice cuáles son. Esas excepciones no existen. Esas excepciones podrían existir en otras leyes, y ellos tienen que citar esas leyes”, señaló.

De paso, rechazó el argumento de las autoridades migratorias federales en Puerto Rico de que se enfocan en personas con orden final de deportación o con récord criminal activo.

“Lo que están diciendo las agencias federales es una excusa para violar los derechos de las personas migrantes. Lo están utilizando para lo que se llama una expedición de pesca. Si eso es así, si eso es lo que ellos buscan, por qué no van a un tribunal y obtienen una orden de un juez, porque a cualquier juez tú le vas con una generalidad como esa y te va a decir que no te puede expedir una orden tan abarcadora”, consideró.

En ese sentido, el entrevistado destacó que los números de arrestos han aumentado desde que se empezó a suministrar la información.

En una entrevista con El Diario en agosto, Rebecca González-Ramos, encargada de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del DHS, confirmó que estaban utilizando la información de las licencias para identificar a indocumentados, pero no pudo especificar el número exacto.

“A la fecha que ellos entregan esa información, en Puerto Rico había un poco más de 300 de arrestos de migrantes con su correspondiente deportación y violación al debido proceso de ley, violación al derecho a consultar con su abogado; lo separan de la familia; un poco más de 300. Una vez el DTOP entrega toda esta información, y sobrepasan los 1,000 arrestos. Son más de 1,000 ya. Se ha triplicado el número de arrestos desde que el DTOP le provee esta información a ICE”, contrastó.

Hasta el 21 de septiembre, el ICE había arrestado a al menos 1,128 migrantes en la isla.

Arraiza Navas cuestionó que, a pesar de no contar con acuerdos oficiales de colaboración bajo la Sección 287 (g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, el gobierno de Puerto Rico lo está haciendo indirectamente al facilitar este tipo de información a las agencias federales.

“Si el gobierno de Puerto Rico quiere colaborar, pues que firmen los acuerdos, pero que no sigan con esta doble cara y este discurso hipócrita y cínico cuando se dirige hacia los inmigrantes, y, por la espalda, lo que hace es traicionarlos. O sea, lo que se ha hecho por parte del gobierno de Puerto Rico es una traición a la comunidad dominicana en Puerto Rico y a la comunidad migrante”, emplazó.

El boricua añadió que el argumento de emergencia nacional que esboza la Administración Trump para reforzar sus acciones de control migratorio no puede contravenir los derechos fundamentales de las personas.

“A base del análisis que hemos hecho acá, todo esto es un pretexto para seguir eliminando derechos. El día que el pueblo de EE.UU. despierte, si no despierta pronto, Trump lo que está haciendo es consolidando todo el poder en el Ejecutivo, en su persona. Lo que estamos viviendo son momentos bien peligrosos. Todo esto son pretextos. No hay ninguna emergencia. Son situaciones que pasan en todos los países. El mundo entero funciona con base en la migración de las personas. Y sí, tienen que existir unos parámetros legales para aceptar a las personas, proveer los permisos de trabajo, pero es eso, establecer los permisos legales para llevar a cabo estos procesos, no es estar atropellando, dividiendo familias y secuestrando personas”, puntualizó Arraiza Navas, al tiempo que describió la situación en EE.UU. y Puerto Rico como una “crisis humanitaria”.

En Puerto Rico, migrantes indocumentados pueden obtener su licencia de conducir en virtud de la Ley Núm. 97 del 7 de agosto de 2013.

La licencia es una autorización que expide el secretario del DTOP para manejar un vehículo de motor por las vías públicas de la isla.

Para solicitarla, el extranjero debe haber residido en Puerto Rico por un periodo mayor de un año; no poseer una tarjeta de Seguro Social ni documento que verifique que no es elegible y no poseer documentación que demuestre que es ciudadano (a) de los Estados Unidos.

“Las licencias de conducir provisionales expedidas conforme a este artículo estarán excluidas de las disposiciones del REAL ID Act en lo concerniente a requisitos de expedición y almacenamiento de datos de los conductores a quienes se les expida la licencia. Asimismo, contendrán en su faz un aviso claro a los efectos de que éstas podrían no ser aceptadas por una agencia federal para propósitos de identificación o cualquier otro propósito oficial”, lee uno de los incisos del estatuto.

El texto de la ley también señala que “el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas establecerá los mecanismos administrativos necesarios para que este registro no pueda ser usado para discriminar contra las personas que posean una licencia de conducir provisional o licencia de aprendizaje provisional, o se divulgue la información de éstas, sin la debida autorización del secretario, en ánimo de proteger la confidencialidad de la información en su poder”.