Emergencia eléctrica en Camisea: MINEM declara grave deficiencia en Bajo Urubamba y Electro Sur Este deberá improvisar grupo electrógeno

El Ministerio de Energía y Minas declaró grave deficiencia en el suministro eléctrico del Bajo Urubamba, generando preocupación en el sector energético peruano.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) declaró en situación de grave deficiencia el servicio eléctrico del Sistema Eléctrico Rural del Bajo Urubamba, que opera bajo un sistema aislado (independiente al sistema nacional SEIN).

La resolución, emitida este 14 de noviembre, establece un plazo de hasta 36 meses para la normalización del suministro. Esta medida responde a la solicitud de Electro Sur Este S.A.A. (ELSE), empresa administradora del sistema que opera bajo el manto del FONAFE, que alertó sobre la falta de capacidad de producción en la región.

Los informes de la Dirección General de Electricidad y del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) confirmaron un déficit que compromete la provisión estable de energía eléctrica. Según consta en la resolución, existe el riesgo de movilizaciones y protestas comunales que podrían afectar instalaciones estratégicas, como la Planta de Malvinas y la Planta de Compresora Kámani de la empresa TGP, ambos considerados parte del Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural de Camisea, operada por Pluspetrol.

En otras palabras, el Estado se ha dado cuenta de que la concesión concentrada principalmente en el distrito de Megantoni, en la provincia de La Convención, Cusco, está a punto de quedarse sin electricidad, y temen que los lugareños tomen, como medida de protesta, las válvulas en la ruta del gas natural de Camisea, que alimenta a buena parte del país, incluida Lima.

Camisea bajo amenaaza. La resolución ministerial otorga hasta 36 meses para restablecer la normalidad eléctrica en el sistema rural del Bajo Urubamba, afectando a comunidades y empresas estratégicas.

La disposición ministerial, firmada por Luis Bravo de la Cruz, titular del MINEM, determina que ELSE deberá ejecutar medidas transitorias y definitivas, incluida la incorporación de hasta 1,5 megavatios (MW) de capacidad adicional de generación. La empresa tiene un plazo de 3 meses desde la publicación de la resolución para presentar su cronograma, el expediente de contrataciones y, además, deberá informar semestralmente a la autoridad sobre los avances logrados.

La medida se adopta bajo el marco del Decreto Supremo N° 044-2014-EM, que habilita la imposición de estrategias excepcionales ante situaciones de emergencia en el suministro eléctrico en sistemas aislados o interconectados. Según datos de la propia resolución difundida por El Peruano, la declaración podrá levantarse antes de los 36 meses si ELSE soluciona el déficit en menor tiempo.

El Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) explicó a Infobae Perú que el Sistema Eléctrico Rural del Bajo Urubamba opera de manera aislada y enfrenta fallas en su fuente principal, mientras la demanda supera a la capacidad disponible.

COES señaló que, ante la falta de ejecución de obras de transmisión, se opta por alquilar grupos electrógenos de emergencia, lo que genera sobrecostos que finalmente recaen en las tarifas de todos los usuarios. Advirtió, además, que si persisten los retrasos en los proyectos de transmisión, este tipo de emergencias serán cada vez más habituales.

Rafael Laca, especialista de Enerkory, va más allá y explica que el caso de Bajo Urubamba es una muestra más de la falta de supervisión estructural, la postergación de inversiones y la ineficacia en la gestión y planificación tanto a nivel estatal como empresarial.

El experto señala que los planes de las empresas distribuidoras eléctricas deben revisarse cada cuatro años y, en base a ellos, Osinergmin aprueba las tarifas. Si estos planes no se cumplen o se rebasa la capacidad, se declara emergencia. Esta dinámica, según Laca, evidencia una gestión poco oportuna del sector eléctrico. Para Laca, empresas como Electro Sur Este, SEAL, Electronorte e Hidrandina no están invirtiendo en ampliar la oferta eléctrica, lo que provoca retrasos en la atención de la demanda industrial.

Por ejemplo, la ley otorga un plazo de hasta un año para que la distribuidora -en este caso, de carácter público- suministre energía a clientes industriales que la soliciten y requieren reformas de redes, pero en la práctica los retrasos pueden extenderse a dos o tres años o más. Osinergmin debería garantizar el cumplimiento de estos plazos, pero las condiciones actuales impiden un control efectivo.

Osinergmin en capilla. Expertos advierten que la falta de inversión y supervisión en el sector eléctrico agrava los retrasos en la atención de la demanda industrial en regiones aisladas.

El especialista considera que el déficit de 1,5 MW es bajo en términos industriales y coincide con COES en que, probablemente, se recurra al alquiler de grupos electrógenos, un paliativo usual en sistemas aislados, aunque muchas veces genera contrataciones sin licitación.

No obstante, los sobrecostos generados por la emergencia afectan a todos los usuarios, ya que se trasladan mediante subsidios cruzados entre los sistemas aislados y el sistema interconectado nacional, incrementando la carga en las tarifas eléctricas. Por ello, Laca ecomienda que el MINEM, FONAFE y Osinergmin deben fiscalizar y controlar mejor, y cuestiona que empresas vinculadas como la transportadora TGP y la propia Pluspetrol no alertaron a tiempo sobre el incremento de la demanda y sus consecuencias.

“Si estos planes no se cumplen o se rebasa la capacidad, se declara emergencia a pedido de la distribuidora y con resolución del MINEM, pero empresas como Electro Sur Este, Electronorte, SEAL e Hidrandina no están invirtiendo en ampliar la oferta eléctrica, lo que impacta sobre la economía del país”, sentencia.