Reficar es un activo estratégico de Colombia que forma parte del Grupo Ecopetrol y abastece el mercado nacional e internacional - crédito Fredy Builes/ReutersEl conflicto fiscal que involucra a Ecopetrol y su filial Reficar, que comenzó en diciembre de 2024 cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) emitió un concepto tributario que obliga a Ecopetrol a pagar el 19% de IVA sobre el diésel y la gasolina importados, tiene nuevos agravantes. La decisión encendió las alertas en Reficar, ya que la refinería opera como zona franca y, por lo tanto, la totalidad del diésel y la gasolina que vende en Colombia se considera importación desde el punto de vista de la Dian.
Si Reficar no cancela ese 19% de IVA en el futuro, las autoridades podrían considerar sus productos como contrabando, lo que facultaría a la Dian a iniciar acciones legales. Para los próximos meses, la refinería calcula que el valor a pagar rondaría los USD550 millones, lo que enfrentaría a la empresa a un nuevo escenario financiero.
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El mayor problema, sin embargo, radica en la retroactividad establecida por la resolución de la Dian, que incluye obligaciones correspondientes a 2022, 2023 y 2024. En conjunto, la presunta deuda asciende a $1,5 billones. Ecopetrol y Reficar llevaban varios meses en un proceso legal y de discusión con el organismo tributario para evitar el cobro, pero el proceso quedó sin margen de maniobra: la Dian respondió de forma negativa al recurso de reconsideración presentado por Reficar y ratificó la obligación de pagar un mínimo de $1,3 billones. Los valores restantes dependen de otros requerimientos relacionados con diferentes combustibles.
Con esta definición administrativa, Reficar ingresa en una situación de riesgo, ya que la Dian puede optar por efectuar un cobro coactivo, lo que incluye la posibilidad de embargo sobre las cuentas bancarias de la refinería. Este escenario, de acuerdo con un informe de Caracol Radio, afectaría de manera directa el capital de trabajo de la empresa, lo que le permitiría operar apenas entre 7 y 18 días tras la ejecución del embargo.
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