El Tribunal Supremo de EEUU ordena facilitar el retorno de inmigrante deportado por error a El Salvador

El caso de Kilmar Abrego García ha generado cuestionamientos sobre la legalidad de ciertas prácticas migratorias y su control judicial. (AP Foto/Jose Luis Magana)

El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió este jueves una orden en la que respalda la decisión de un tribunal inferior que exige al Gobierno federal facilitar la liberación de Kilmar Abrego García, un inmigrante salvadoreño casado con una ciudadana estadounidense, quien fue deportado de manera irregular a El Salvador a pesar de la existencia de una orden judicial que prohibía su expulsión del país.

El alto tribunal dictaminó que la jueza de distrito Paula Xinis actuó correctamente al exigir que el caso de Abrego García continúe en Estados Unidos “como si no hubiera sido indebidamente enviado a El Salvador”. En una orden breve, el Supremo indicó que el Gobierno debe colaborar para asegurar la liberación de Abrego García de una prisión salvadoreña y adoptar las medidas necesarias para enmendar su deportación errónea. La decisión se conoció tras una suspensión temporal emitida por el presidente del tribunal, John G. Roberts Jr., quien concedió una pausa de emergencia horas antes del plazo límite impuesto para el regreso del inmigrante.

El caso de Abrego García ha adquirido notoriedad pública y se ha convertido en un símbolo del impacto de las políticas de deportación masiva de la administración de Donald Trump, y en un punto de fricción entre los poderes Judicial y Ejecutivo respecto a los límites del control migratorio y las garantías del debido proceso legal.

Según The Washington Post, Abrego García fue detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras conducía por Maryland junto a su hijo de cinco años, quien tiene autismo y no habla. Posteriormente fue trasladado a Texas, donde las autoridades federales lo embarcaron en un vuelo con destino a El Salvador, el 15 de marzo, junto a presuntos pandilleros venezolanos y otros deportados salvadoreños. El operativo fue registrado en video y difundido en redes sociales.

Una vez en territorio salvadoreño, Abrego García fue recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una megacárcel de máxima seguridad que alberga a miles de presuntos miembros de pandillas. Su defensa argumenta que el joven, quien salió de El Salvador siendo adolescente tras recibir amenazas de pandillas y tras intentos de extorsión a su madre, no tiene vínculos con organizaciones criminales y nunca ha sido acusado ni condenado por delitos, ni en Estados Unidos ni en su país de origen.

The Washington Post señala que los abogados del inmigrante han calificado la situación como una “equivocación kafkiana” y han advertido del riesgo grave que corre su cliente en dicha prisión. Denuncian también que la deportación violó abiertamente una orden judicial vigente y que fue ejecutada sin aviso ni oportunidad de defensa, lo que representa una vulneración del derecho al debido proceso.

La administración de Trump ha calificado la deportación como un “error administrativo”, aunque posteriormente defendió que no tiene la capacidad de revertirla, dado que Abrego García se encuentra ahora bajo custodia de otro país. Además, sostuvo que el tribunal de distrito no tiene autoridad para ordenar al Gobierno que gestione su retorno.

En un documento dirigido al Supremo, el procurador general D. John Sauer argumentó que “la Constitución encarga al Presidente, y no a los tribunales federales de distrito, la conducción de la diplomacia exterior y la protección del país contra terroristas extranjeros, incluso mediante su expulsión”.

El Supremo respondió señalando que el caso debía seguir su curso judicial en Estados Unidos como si la deportación no hubiera tenido lugar. Además, instruyó a la jueza Xinis a precisar los términos de su orden, considerando el respeto que merece la rama ejecutiva en la gestión de relaciones exteriores, pero sin anular la exigencia de facilitar la liberación del inmigrante desde territorio extranjero.

La opinión disidente de las magistradas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson cuestionó duramente la postura del Ejecutivo. En su escrito, advirtieron que aceptar los argumentos del Gobierno implicaría permitir la deportación y encarcelamiento de cualquier persona, “incluso ciudadanos estadounidenses”, sin consecuencias legales, si se realiza antes de la intervención judicial.

Por su parte, una carta presentada por la defensa de Abrego García esta semana argumentó que un fallo paralelo del Tribunal Supremo, emitido el lunes, refuerza su posición. En ese otro caso, el tribunal dictaminó que las personas sujetas a deportación conforme a la Ley de Enemigos Extranjeros deben recibir notificación y la posibilidad de impugnar su salida. Aunque Abrego García fue expulsado bajo una autoridad legal diferente, los abogados alegan que ese precedente resalta la importancia del debido proceso en todos los casos de deportación.

En una actuación inusual, el Gobierno suspendió a un abogado veterano del Departamento de Justicia, Erez Reuveni, después de que este reconociera en audiencia judicial que la deportación de Abrego García fue un error y que él mismo tuvo dificultades para obtener información sobre el caso. Posteriormente, en un escrito oficial, el Gobierno se desmarcó de las declaraciones de Reuveni, alegando que “no reflejan la postura de Estados Unidos”, lo que incrementó las tensiones en el manejo del caso.

El lunes, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito ratificó por unanimidad la orden de la jueza Xinis, calificando las acciones del Gobierno como una transgresión de la ley. “El Gobierno de Estados Unidos no tiene autoridad legal para secuestrar a una persona que se encuentra legalmente en el país y expulsarla sin el debido proceso”, señaló el tribunal en su fallo.

Además, rechazó el argumento del Ejecutivo según el cual los tribunales carecen de poder para intervenir en estos casos, al considerarlo “inadmisible” y carente de fundamento constitucional.

En paralelo, el Gobierno sugirió por primera vez que El Salvador podría tener motivos legales propios para detener a miembros de “grupos terroristas extranjeros como MS-13”, lo cual fue refutado por la defensa, que recordó que su cliente no ha vivido en El Salvador desde los 16 años y carece de antecedentes penales allí.

El caso sigue en desarrollo y ha reavivado el debate sobre los límites de la autoridad del Ejecutivo en política migratoria y la protección judicial de personas sujetas a procedimientos de deportación.