El Poder Judicial mantiene un llamativo silencio ante fallo del TC que favorece a Keiko Fujimori, señala Rafael Vela

El jefe del equipo fiscal del caso Lava Jato en Perú, Rafael Vela, cuestionó el silencio institucional del Poder Judicial frente a la decisión del Tribunal Constitucional

El jefe del equipo fiscal encargado del caso Lava Jato en Perú, Rafael Vela, sostuvo este domingo que el Poder Judicial mantiene un silencio llamativo ante la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de archivar el proceso contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, relacionado con la presunta financiación irregular de sus campañas.

“Nos llama la atención porque nosotros estamos activamente dentro de los medios de comunicación tratando de explicar la naturaleza y el impacto de esta decisión. Sin embargo, no hemos visto una respuesta institucional del Poder Judicial hasta el momento, cuando además es el Poder Judicial el que ha sido demandado por la señora Fujimori”, afirmó durante una entrevista con el portal de investigación Ojo Público.

El magistrado subrayó que ni él ni el fiscal José Domingo Pérez, responsable de la acusación por lavado de activos contra la ex candidata presidencial, formaron parte de la demanda original, sino que recién fueron incorporados en la etapa final.

“Cuando a una persona se le demanda, se le demanda en una primera instancia que es conocida por el Poder Judicial a través de los jueces constitucionales. El doctor Pérez nunca fue demandado ni el Ministerio Público tampoco. Apareció en un momento donde se había llevado a cabo incluso la vista de la causa correspondiente”, remarcó.

El fiscal señaló que el clima de presión y temor a posibles represalias podría explicar la falta de posicionamiento público del Poder Judicial

Al ser consultado sobre las razones del silencio institucional, el fiscal reconoció un clima de presión y temor por posibles represalias. “Es posible. Cabe perfectamente dentro del análisis, porque vivimos en un momento en el que las campañas de descrédito, desinformación vienen correlativamente también con la actividad del Congreso de la República a través de comisiones parlamentarias que buscan menoscabar la autonomía del Ministerio Público y la independencia de los jueces”, declaró.

Añadió que la “ofensiva política” incluyó la creación de una cuarta comisión del caso Lava Jato dentro del Congreso, presidida por parlamentarios investigados.

“Y eso a su vez también viene asociado a campañas de difamación permanente y luego a las acciones que se despliegan de afectación de nuestra autonomía de forma interna a través de la autoridad de control del Ministerio Público o de buscar que la Junta Nacional de Justicia en su oportunidad también inicie procesos disciplinarios y eso determine que un fiscal pueda ser destituido”, dijo.

“En el caso de la autoridad de control, lo que buscan es que seamos suspendidos sin goce de haber para que de esa manera te asfixien y te determinen a tomar decisiones en las cuales la posibilidad, inclusive, de renunciar está siempre como una alternativa, considerando que cuando se te suspenden el cargo se te priva de tus haberes”, amplió.

Vela consideró que la decisión del Tribunal Constitucional sienta un precedente grave, al permitir que este órgano reemplace decisiones judiciales y se convierta en una cuarta instancia

En otro tramo de la entrevista, consideró que la decisión convierte al máximo tribunal de garantías en una especie de cuarta instancia judicial. “Además de favorecer a Keiko Fujimori, esto deja un precedente grave porque permite que el Tribunal Constitucional reemplace las decisiones judiciales como instancia final”, sostuvo.

El llamado ‘caso cócteles’ se abrió contra la lideresa naranja y otros dirigentes de Fuerza Popular por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016 con dinero de empresas privadas, que la agrupación política explicó como procedente de una serie de ‘cócteles’ en los que participaron simpatizantes.

Entre los supuestos aportantes irregulares a las campañas estuvieron la empresa brasileña Odebrecht y varios conglomerados económicos peruanos, lo que llevó a la Fiscalía a considerar que se había conformado una “organización criminal”, por lo que también se debía ordenar la disolución de Fuerza Popular.