El operativo más letal de Brasil evidencia cómo cambió el crimen organizado en América Latina: ¿por qué ya no sirven las viejas estrategias?

La jornada de caos y violencia que vivió Río de Janeiro el pasado martes, que dejó al menos 132 muertos, entre ellos cuatro agentes policiales, 113 detenidos y un despliegue de 2.500 efectivos, constituye una trágica confirmación de lo que el informe de Riesgo Político América Latina 2025 advirtió desde principio de año: el crimen organizado se ha convertido en el principal riesgo político de la región.

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El megaoperativo policial, que se convirtió en la actuación contra el crimen más letal en la historia de Brasil, tenía como objetivo capturar a Edgar Alves de Andrade, alias Doca, jefe del Comando Vermelho (CV), el segundo grupo criminal más poderoso de Brasil y el principal de Río de Janeiro con 30.000 hombres en sus filas, surgido en una prisión durante la dictadura militar.

La acción se concentró en las favelas de la Penha y Alemão donde habitan cerca de 300.000 personas. Sin embargo, lo que comenzó como una “operación de contención” terminó derivando en enfrentamientos con una violencia inédita que evocaron más un conflicto armado que un operativo policial en el que de manera inédita los criminales usaron drones cargados de explosivos para defenderse.

Pero, pese a las numerosas capturas y fallecidos, Alves de Andrade logró escapar y hay temor de represalias cuando el CV advirtió que “reforzarán el ejército del narcotráfico” y “vigilan” los bosques de los complejos de las favelas en cuestión.

“Ningún criminal importante de Brasil vive en una favela”, afirmó esta semana Ricardo Balestreri, exsecretario nacional de Seguridad Pública de Brasil y quien trabaja a nivel federal y estatal en esta área, al criticar la lógica de combatir el crimen organizado en operativos y advertir que las facciones se están volviendo cada vez más ricas y se están infiltrando en las instituciones.

“Combatir el crimen de esta manera es como batir masa para un pastel: solo se hará más y más grande. El discurso de las autoridades es que ‘esto es mejor que no hacer nada’, que no pueden ‘quedarse de brazos cruzados’, pero en realidad no hacen nada más que montar un espectáculo. La única consecuencia es el pánico entre la población humilde y trabajadora”, agregó Balestreri.

A su vez, Thiago Amancio, consultor senior de riesgos políticos, regulatorios y de seguridad en Control Risks, advirtió que “el verdadero problema de esta operación fue su ejecución: una acción con poca inteligencia y con mucha brutalidad que no deja a Río más seguro”.

Y es que el operativo fue duramente cuestionado por organismos de derechos humanos y por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Türk, que exigió una investigación exhaustiva sobre el accionar policial cuando los familiares de las víctimas y habitantes de la zona aseguran que la policía entró a matar.

El peso electoral de la seguridad en Brasil

La magnitud de la violencia en Río se produce a pocas semanas de la COP30, que Brasil organizará en Belém, y a solo un año de las elecciones generales de 2026. En este contexto, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscó marcar distancia del operativo, que fue coordinado sin consultarle por el gobernador del estado de Río de Janeiro, el bolsonarista Cláudio Castro, lamentando la brutalidad de los enfrentamientos y subrayando que no había recibido ninguna solicitud de apoyo, a la vez que recordó que la seguridad pública es competencia de los gobiernos estatales, generando una fuerte tensión entre ambos niveles de gobierno.

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“En ningún estado del país, sea gobernado por la derecha o por la izquierda, los gobernadores piden autorización o consultan al presidente antes de realizar una operación policial. Sin embargo, al ser la seguridad pública una de las mayores preocupaciones de los brasileños, la presión por el mortal desenlace del operativo presiona al Ejecutivo”, explica Amancio al destacar que, históricamente, Lula –quien anunció sus intenciones de reelegirse- y la izquierda han sido criticados por su supuesta falta de firmeza frente al crimen, mientras que la derecha suele capitalizar políticamente el discurso de la “mano dura”, algo que resuena con parte del electorado.

“Sin embargo, todavía es pronto para afirmar que este episodio tendrá un impacto decisivo en la política nacional. Lo que sí es claro es que revela la fragilidad del modelo de seguridad pública en Brasil, y eso es algo que tiene un peso creciente en el debate político", puntualiza el experto.

El crimen organizado pasó de ser un fenómeno delictivo a uno político en la región

Pero el CV y su principal rival, el Primer Comando de la Capital (PCC), son apenas la punta del iceberg de una tendencia continental.

Desde México hasta Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, pasando por Ecuador, Perú, Paraguay, Venezuela o Brasil, el crimen organizado ya no es un fenómeno delictivo, sino político: controla territorios, dicta normas locales, imparte “justicia”, recauda “impuestos” (extorsiones) y sustituye al Estado en la provisión de orden, factores que revelan el grado de erosión del monopolio estatal de la fuerza en vastas zonas urbanas y rurales latinoamericanas, así como la creciente capacidad de los grupos criminales para comportarse como “poderes paralelos” que compiten con las instituciones legítimas del Estado.

Estas bandas criminales combinan el narcotráfico, el contrabando de armas, la extorsión, el transporte ilegal, la trata de personas y, cada vez más, actividades de “gobernanza criminal”: mediación de conflictos, castigos, seguridad privada y control social.

En consecuencia, ya no se trata de grupos improvisados, sino de organizaciones que cuentan con una alta sofisticación militar y tecnológica, estructuras empresariales criminales con jerarquías, franquicias, sistemas contables y presencia transnacional.

Según InSight Crime, Colombia, con una tasa de homicidios de 25,4 % —equivalente a 13.393 asesinatos en 2024, la cifra más baja de los últimos cuatro años—, no es inmune a esta grave amenaza. Pese a la reducción en el total nacional, en varias regiones se registra en cambio un repunte de asesinatos vinculados al crimen organizado. A ello se suma la reactivación de las luchas entre grupos armados en el Catatumbo, zona estratégica en la frontera con Venezuela y uno de los principales centros de producción de cocaína del país, que han vuelto a disparar la violencia y el número de víctimas. Asimismo, el país no escapa de los tentáculos de las organizaciones brasileñas.

Altísima violencia interna azota a países de América Latina

América Latina presenta un rasgo paradójico: combina un bajo nivel de conflicto inter-estatal con altos niveles de violencia intrastatal. Según InSigth Crime, en 2024, 121.695, personas fueron asesinadas en la región, lo que sitúa la tasa media de homicidios en torno a 20,2 por cada 100.000 habitantes, casi tres veces y medio mayor que el promedio mundial.

Esta violencia estructural no se explica únicamente por desigualdad o pobreza: responde también a una disputa directa por el control del territorio y de las rentas ilícitas, frente a Estados débiles, fragmentados o capturados por intereses mafiosos.

Y aquí es importante señalar que cuando un grupo criminal puede desafiar abiertamente al Estado con armamento pesado, coordinación táctica y capacidad de comunicación en tiempo real, de lo que se trata es de una amenaza política y estratégica, muy lejana al modus operandi de la delincuencia común, en la que la frontera entre seguridad pública y seguridad nacional se vuelve difusa.

Crimen organizado amenaza la gobernanza democrática

El crimen organizado no solo amenaza la seguridad de los ciudadanos, sino también la gobernanza democrática, la competitividad económica y la imagen internacional de los países latinoamericanos. De igual manera, socava la legitimidad del Estado al dejar a las comunidades más pobres en la desconfianza y el abandono; desgarra el tejido social, donde el miedo y la extorsión se vuelven parte de la rutina; y ahuyenta el turismo y la inversión, desviando recursos públicos hacia una seguridad reactiva en lugar de políticas de desarrollo.

A ello se suma la creciente infiltración del dinero del narcotráfico en la política y las campañas electorales.

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El resultado es un círculo vicioso de descomposición institucional: Estados que no controlan su territorio, policías infiltradas, sistemas judiciales amenazados y comunidades atrapadas entre la violencia y la impunidad. Una verdadera metástasis que, según estimaciones del BID, puede reducir el crecimiento económico de los países hasta en un 3,4 %.

La sangrienta tragedia que vivió Río de Janeiro esta semana confirma que el crimen organizado se ha consolidado como el principal riesgo político y la mayor amenaza para la gobernanza democrática en América Latina. Hoy, esa gobernanza ya no se disputa únicamente en las urnas ni dentro de las instituciones, sino también en las calles y barrios de las principales ciudades y regiones, donde el Estado es cada vez más desafiado por organizaciones criminales con alto poder de fuego y estructuras cada vez más sofisticadas.

Por ello, esta tragedia no debe ser vista como un drama exclusivamente brasileño, sino como un campanazo de alerta para toda América Latina. Refleja el avance de “poderes paralelos” que operan con capacidad de veto sobre el Estado, control territorial e influencia institucional.

Millones de ciudadanos viven bajo su dominio, pagando el precio más alto: la ausencia del Estado, la descomposición social, el debilitamiento de la democracia y la peligrosa normalización de la violencia como parte del paisaje cotidiano.

Las democracias latinoamericanas enfrentan así una encrucijada decisiva: o son capaces de responder a esta amenaza mayúscula —con respeto irrestricto a los derechos humanos y al Estado de derecho, mediante políticas integrales que articulen seguridad, inteligencia, justicia social e inclusión económica—, o la región seguirá atrapada en un círculo de guerra urbana que erosiona su legitimidad, destruye su cohesión social y pone en riesgo su futuro democrático.

DANIEL ZOVATTO (*)

Especial para EL TIEMPO

* Director y editor de Radar Latam 360

@zovatto55