El fiscal general de Florida declarado en desacato civil por ley de inmigración

La suspensión judicial de la ley SB 4-C frena una normativa contra inmigrantes no autorizados en Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un juez federal declaró el martes al fiscal general de Florida en desacato civil por violar una orden judicial que requería que los fiscales estatales informaran a los agentes para que dejaran de aplicar una ley de inmigración recientemente promulgada.

La misma jueza, Kathleen M. Williams, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, había emitido en abril una orden de restricción temporal que suspendía la aplicación de una ley que convertía en delito estatal que cualquier “adulto extranjero no autorizado” ingresara o reingresara a Florida, con una pena mínima obligatoria de prisión de nueve meses. Esa ley había sido firmada por el gobernador Ron DeSantis en febrero.

Posteriormente, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, envió una carta a las agencias de orden público estatales señalando que no podía impedir que aplicaran la nueva ley. “En mi opinión, actualmente no existe ninguna orden legítima y legal que impida a sus agencias seguir aplicando las nuevas leyes de entrada y reingreso ilegal de Florida”, escribió en la carta. Este martes, Williams consideró que dicha carta iba en contra de su orden y la declaró en desacato.

La carta fue enviada después de un memorando anterior de Uthmeier que informaba a las agencias de orden público sobre la orden de restricción temporal y les instruía a cumplirla.

Sin embargo, la segunda carta, que Uthmeier afirmó que fue enviada para aclarar su memorando original emitido cinco días antes, decía a las agencias de orden público: “La jueza Williams ordenó que mi oficina les notificara el alcance evolutivo de su orden, y así lo hice. Pero no puedo impedirles que hagan cumplir (la nueva ley), ya que no existe una orden judicial que les restrinja adecuadamente de hacerlo”.

Uthmeier declaró en X: “Si ser declarado en desacato es el precio por defender el estado de derecho y respaldar firmemente la agenda del presidente Trump sobre la inmigración ilegal, que así sea”.

Williams, quien fue nombrada por el presidente Barack Obama, ordenó a Uthmeier que presente informes quincenales sobre si se han realizado arrestos, detenciones u otras acciones bajo la nueva ley. Además, debe informar de inmediato al tribunal si llega a tener conocimiento de algún arresto, agregó. En caso de no cumplir, el tribunal considerará sanciones adicionales, como multas, escribió.

La demanda que impugna la ley de Florida, introducida como el Proyecto de Ley del Senado 4-C, fue liderada por la Coalición de Inmigrantes de Florida y argumenta que la supervisión de la inmigración es una responsabilidad federal.

Bacardi Jackson, directora ejecutiva de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Florida, que forma parte del equipo legal de los demandantes, declaró que la ley es “no solo inconstitucional, sino también cruel y peligrosa” cuando se presentó la demanda en abril.

La ley también instruye a la policía a notificar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) sobre cualquier arresto realizado. En abril, defensores de inmigrantes informaron que un ciudadano estadounidense fue arrestado y detenido por más de 24 horas bajo esta ley.

Un panel de apelaciones de un tribunal federal en Atlanta rechazó a principios de este mes el intento de Uthmeier de impugnar la orden de restricción original de Williams.

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