El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela exigió la liberación de Carlos Julio Rojas tras las denuncias de represión

Fotografía del 15 de marzo de 2021 del activista Carlos Julio Rojas, en Caracas (Venezuela). EFE/ Rayner Peña R

La situación de Carlos Julio Rojas ha generado preocupación entre las organizaciones de derechos humanos, que han alertado sobre el deterioro de su salud y la falta de transparencia en su proceso judicial. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó que la madre del periodista denunció que “Carlos Julio presenta problemas de tensión arterial y que las condiciones de su reclusión se mantienen en un entorno de absoluta opacidad”.

Este caso se suma a una serie de detenciones de comunicadores en Venezuela, en un contexto de creciente tensión política tras las elecciones presidenciales de 2024.

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela solicitó este domingo la liberación inmediata de Rojas, quien permanece detenido desde el 15 de abril del año pasado en la sede de El Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas.

Según el CNP, Rojas fue arrestado “por alzar su voz en defensa de los derechos ciudadanos”. El gremio contabiliza un total de dieciséis periodistas detenidos en el país, la mayoría de ellos arrestados después de los comicios presidenciales de 2024, cuando se desató una crisis política por las denuncias de fraude en la reelección de Nicolás Maduro.

Carlos Julio Rojas frente al mural en homenaje a los muertos de La Candelaria durante las manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro.

De acuerdo con la información publicada por la agencia EFE, las autoridades venezolanas acusan a Rojas de estar vinculado a un supuesto plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro durante el acto de inscripción de su candidatura en marzo de 2024, previo a las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado.

El fiscal general, Tarek William Saab, atribuyó al periodista los presuntos delitos de asociación, terrorismo, conspiración, instigación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa.

La defensa de Rojas enfrenta obstáculos significativos. En mayo, el abogado y defensor de derechos humanos Alberto Maimone declaró que “Rojas no ha tenido derecho a la defensa privada ni se le ha garantizado un abogado de confianza”.

Esta situación ha sido denunciada por diversas organizaciones, que consideran que se están vulnerando los derechos fundamentales del periodista.

Foto que muestra a la esposa del periodista Carlos Julio Rojas, Francis Fernández, en una protesta para exigir la libertad de su familiar detenido, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña

La organización Foro Penal mantiene un registro actualizado de los presos políticos en Venezuela y, según su último conteo, existen 926 personas detenidas por motivos políticos, la mayoría de ellas arrestadas tras las elecciones presidenciales. Este número refleja el clima de represión que se vive en el país, especialmente contra quienes expresan opiniones críticas o denuncian irregularidades en el proceso electoral.

Las autoridades venezolanas, encabezadas por Nicolás Maduro y el fiscal general Tarek William Saab, han negado de manera reiterada la existencia de presos políticos en el país. Según su versión, las personas detenidas han cometido delitos tipificados en la legislación venezolana. “No hay personas detenidas por motivos políticos, sino que han cometido delitos”, han afirmado tanto Maduro como Saab. Esta postura ha sido rechazada por varias ONG y líderes opositores, quienes sostienen que las detenciones tienen un trasfondo político y buscan intimidar a quienes se oponen al gobierno.

El contexto en el que se producen estas detenciones está marcado por la crisis política que siguió a las elecciones presidenciales de 2024. Tras la reelección de Nicolás Maduro, diversas organizaciones y actores políticos denunciaron fraude en el proceso electoral, lo que desencadenó una ola de protestas y una respuesta represiva por parte de las autoridades. El CNP ha señalado que la mayoría de los periodistas detenidos fueron arrestados en este periodo, lo que evidencia una estrategia para restringir la libertad de prensa y el derecho a la información.