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La casa de Nathan Trevallion y Catherine Birmingham, una pareja anglo-australiana que vive con sus tres hijos en el bosque de Palmoli, Italia. (Antonella SALVATORE/AFP)Una pequeña casa de piedra entre los robles de Palmoli, en la provincia de Chieti (Abruzos, centro), se convirtió en el epicentro de un debate que sacude Italia. Nathan Trevallion, británico de 51 años, y Catherine Birmingham, australiana de 45, eligieron hace años una vida al margen: sin agua corriente, sin electricidad de red, sin escuela para sus tres hijos. Una existencia que para ellos representaba libertad y que para la justicia italiana constituye un riesgo para los menores. El pasado martes, el Tribunal de Menores de L’Aquila les retiró temporalmente la custodia de sus hijos —una niña de ocho años y gemelos de seis— en una decisión que polarizó al país entre quienes defienden el derecho a una vida alternativa y quienes ven negligencia parental.
Nathan Trevallion y Catherine Birmingham. Trevallion permanece en la casa familiar mientras sus tres hijos fueron trasladados a una casa de acogida junto a su madre. (Rai TG3/Captura de pantalla/)Los niños fueron trasladados a una casa de acogida junto a su madre, mientras el padre permanece en la vivienda familiar. Pero el caso trascendió lo judicial para convertirse en una batalla política. La primera ministra Giorgia Meloni y su vice Matteo Salvini se apresuraron a cuestionar la decisión del tribunal, prometiendo inspecciones y hablando de “robo de niños por parte del Estado”. Una respuesta que desató las críticas de magistrados y expertos, que denuncian un nuevo episodio de instrumentalización de la infancia vulnerable con fines partidistas, como ya ocurrió con un desacreditado escándalo en 2019.
Un tribunal ordenó retirar a los niños del hogar, citando condiciones sanitarias deficientes y educación en casa no autorizada. (Antonella SALVATORE/AFP)La historia comenzó en septiembre de 2024, cuando toda la familia sufrió una grave intoxicación por hongos que habían recolectado en el bosque. Fueron trasladados en ambulancia y helicóptero al hospital. Todos se recuperaron, pero el episodio puso sobre la mesa las condiciones en que vivían los menores. La policía inspeccionó la propiedad y alertó a los servicios sociales.
Lo que encontraron fue una casa de dos habitaciones —un dormitorio donde duermen los cinco y una cocina con estufa de leña— sin agua corriente, sin electricidad más allá de un panel solar, sin baño interior. Los servicios sociales describieron en su informe “condiciones de precariedad habitacional” en una estructura sin certificado de habitabilidad.
La propiedad, adquirida por 20.000 euros en 2021, está rodeada de bosques de robles. (Rai TG3/Captura de pantalla/)Los niños, además, no asisten a la escuela. Sus padres practican el unschooling, un método educativo que apuesta por el aprendizaje autónomo, pero que según las autoridades no cumple los requisitos legales italianos para la educación en casa.
El interior de la casa muestra una cocina con estufa de leña que proporciona calor durante el invierno. (Rai TG3/Captura de pantalla/)
La familia de cinco miembros comparte un dormitorio y obtiene electricidad limitada mediante un panel solar. (Rai TG3/Captura de pantalla/)
La propiedad carece de agua corriente, electricidad de red y baño interior. (Rai TG3/Captura de pantalla/)El tribunal fue más allá de la cuestión educativa. En su decreto, el tribunal señala que los padres se opusieron “de manera ideológica” a someter a los niños a exámenes médicos especializados, llegando a exigir 50.000 euros por cada menor para permitir las evaluaciones. El fallo considera que está en riesgo el derecho de los niños “a la vida social”, más que su derecho a la educación, al vivir en “total aislamiento” sin contacto regular con otros menores.
El buzón a la entrada de la casa de Nathan Trevallion y Catherine Birmingham en el bosque de Palmoli, Italia. (Antonella SALVATORE / AFP)Sentada en el claro del bosque donde juegan sus hijos, Birmingham defendió su elección con vehemencia. “Los niños son felices, están sanos, son emocionalmente estables. No están desnutridos ni maltratados”, declaró al Telegraph. La pareja, que compró la propiedad por 20.000 euros en 2021, asegura haber elegido esta vida para estar presentes con sus hijos, libres del consumismo y el estrés de la sociedad moderna.
Según el tribunal, los niños viven en "total aislamiento" sin contacto regular con otros menores. (Rai TG3/Captura de pantalla/)Su abogado, Giovanni Angelucci, rebatió las acusaciones. Aseguró que los niños realizan exámenes escolares anuales en la Toscana, que una maestra del Molise les da clases periódicamente y que tienen acceso a un pediatra. Sostiene que la casa está en proceso de renovación y niega que sea inhabitable. “Van una vez por semana a San Salvo [una ciudad de 20.000 habitantes]. Los niños conocen el mundo, juegan en el parque, ven a otros niños”, explicó Birmingham en una entrevista televisiva.
Pero la Asociación Italiana de Magistrados para Menores y Familia (Aimmf) defendió la decisión judicial. En un comunicado, precisó que el retiro de la custodia se adoptó “como último recurso tras la ineficacia de medidas previas”, después de más de un año en el que “las prescripciones del tribunal fueron sistemáticamente desatendidas”. Según la ordenanza, los padres rechazaron acudir a un centro socioeducativo para actividades de apoyo a la parentalidad y dejaron de reunirse con los asistentes sociales.
Giorgia Meloni, entonces en la oposición, frente al cartel de ingreso de Bibbiano durante una protesta por el caso de supuestos abusos de menores en 2019 que posteriormente se revelaron como falsos.La historia podría haber quedado como un complejo caso de tutela de menores, pero la derecha gobernante vio una oportunidad. Salvini fue el primero en reaccionar, calificando la decisión de “vergüenza” y asegurando que “el Estado está robando a esos niños”. Comparó el caso con campamentos romaníes donde, según él, los niños viven en peores condiciones sin que intervengan los servicios sociales. Meloni anunció que estudia enviar inspectores del Ministerio de Justicia al tribunal.
El guion no es nuevo. En 2019, Salvini y Meloni —entonces en la oposición— protagonizaron una campaña incendiaria sobre el llamado “caso Bibbiano”, acusando a servicios sociales de la región de Emilia-Romaña —gobernada por la izquierda— de arrancar niños a sus familias mediante presuntas terapias con electroshocks para darlos en adopción a amigos. Llevaron a familias afectadas al escenario de un mitin de la Liga, se fotografiaron ante la entrada del pueblo con miradas desafiantes y exigieron justicia. Años después, la comisión de investigación parlamentaria concluyó que “no emergieron criticidades” y la mayoría de los imputados fueron absueltos. Pero el daño ya estaba hecho: los servicios sociales quedaron estigmatizados.
“Después de Bibbiano, el bosque. La derecha de Gobierno no logra frenar el impulso de sangre sobre la infancia en riesgo”, escribe Giampaolo Cerri en la revista VITA, especializada en tercer sector.
La Asociación Nacional de Magistrados expresó su preocupación por la “instrumentalización” del caso y las “campañas de deslegitimación” de la justicia de menores. La jueza Cecilia Angrisano, firmante del decreto, recibió insultos y amenazas en redes sociales.
Los niños de la familia —Utopia Rose, de 8 años, y los gemelos Galorian y Bluebell, de 6— juegan cerca de la vivienda. (Rai TG3/Captura de pantalla/)Más allá de la riña política, el caso tocó una fibra sensible en la sociedad italiana. Una petición en internet que pide que la familia permanezca unida ha reunido decenas de miles de firmas. Muchos ven en Nathan y Catherine la encarnación de un anhelo: escapar del consumismo, reconectar con la naturaleza, criar a los hijos lejos de las pantallas.
El veterano periodista Michele Serra, en su newsletter en el diario Il Post, compara el caso con experiencias similares que presenció en los Alpes franceses en los años setenta y ochenta, cuando familias del norte de Europa abandonaban la civilización industrial para vivir en refugios de pastores. “¿Existe un modelo único e inatacable de la condición humana, un metro único del ‘bienestar’, o existen periferias extremas de la tribu humana que deben ser respetadas, comprendidas, ayudadas, pero no reprimidas?”, se pregunta.
La filósofa Paola Giacomoni, en su Substack, evocó la película Captain Fantastic, sugiriendo que el caso funciona como “una especie de fábula capaz de narrar el descontento profundo que acompaña nuestro modo de vida”. Reconoce que la elección de la familia es demasiado radical para servir de modelo, pero sostiene que casos como este “muestran que perspectivas diferentes son posibles” y que “las elecciones irregulares a menudo indican nuevos caminos a recorrer”.
Catherine Birmingham, de 45 años, ex entrenadora ecuestre australiana, con sus tres hijos en el claro del bosque donde juegan. (Rai TG3/Captura de pantalla/)Sin embargo, otros expertos en protección de menores subrayan que no todo vale en nombre de la libertad. “Pueden haber errores, porque cuando hablamos de nivel de perjuicio para un menor, no tenemos umbrales claros como con el colesterol”, reconoció Nicola Artico, responsable de Salud Mental Infantil de Livorno. “Pero sin estas instituciones —imperfectas, humanas, falibles— para los niños no queda el bosque: queda la jungla”.
La familia aguarda ahora la decisión definitiva del tribunal. El plazo para presentar un recurso vence el 29 de noviembre. “Estamos preparados para luchar de cualquier manera”, asegura Birmingham. Los niños, según su abogado, preguntan continuamente: “¿Cuándo volvemos a casa?”.
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