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El caso de Thomas Allen McCartney en Luisiana reaviva el debate global sobre la severidad de las penas para delitos sexuales cometidos contra menores (Vernon Parish Sheriff’s Office)El estado de Luisiana emitió una sentencia inédita al condenar a Thomas Allen McCartney, de 37 años y residente en Leesville, a 40 años de prisión bajo la custodia del Departamento Correccional de Luisiana y a la castración física y química, tras declararse culpable de intento de violación en primer grado de una niña de siete años. El fallo, el primero bajo la nueva legislación estatal, representa un hito en la historia judicial de Estados Unidos.
La declaración de culpabilidad de McCartney tuvo lugar el lunes 18 de agosto en la parroquia de Vernon, fecha confirmada por la Fiscalía del Distrito de Vernon a PEOPLE. La sentencia se dictó el martes 19 de agosto, en el marco de un acuerdo de culpabilidad que incluyó la aceptación expresa de la doble castración como parte de la pena.
De acuerdo con información de la Fiscalía del Distrito de Vernon, McCartney fue arrestado en 2023 después de que la madre de la menor lo sorprendiera mientras intentaba violar a la niña de siete años, momento en el que el acusado “mantenía contacto sexual” con la víctima y la amenazaba con un arma, según reportó KPCL TV. En el momento de su arresto, McCartney ya figuraba como agresor sexual de nivel tres (“Tier 3 sex offender”) en el registro de Luisiana, es decir, era un delincuente sexual conocido y reincidente.
El historial penal de McCartney incluye:
- Una condena por intento de violación agravada en 2011.
- Dos cargos de violación agravada contra una niña de 12 años en 2010.
- Un cargo de conocimiento carnal con una menor en 2006.
“Se trata de un crimen horrible que nunca debió ocurrir. Thomas McCartney es un depredador que debe ser apartado del resto de la comunidad”, afirmó durante la audiencia, el fiscal de Vernon, Terry Lambright.
La sentencia se fundamenta en una ley vigente desde el 1 de agosto de 2024, que situó a Luisiana como el primer estado estadounidense en permitir la castración quirúrgica para condenados por delitos sexuales contra menores si el reo consiente. La normativa, impulsada por el republicano Jeff Landry, desató un intenso debate público y jurídico. Sus detractores sostienen que constituye un castigo “cruel e inusual”, mientras que los defensores argumentan la necesidad de proteger a los menores y prevenir la reincidencia.
El caso de McCartney reavivó la controversia sobre la castración física y química en la esfera penal. Junto a Luisiana, países como Madagascar, Nigeria, Suiza, Canadá y la República Checa contemplan la castración física en su legislación, exigiendo el consentimiento del condenado. En Francia, el procedimiento se limita a la castración química y solo puede aplicarse a petición del interesado, sin formar parte del catálogo de penas obligatorias.
En el contexto francés, la posibilidad de endurecer las sanciones legales suele surgir de manera puntual tras casos de violaciones especialmente graves, reflejando la complejidad y sensibilidad del debate social acerca de la proporcionalidad de las penas y la protección efectiva de la comunidad.
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