CARACAS. - El presidente electo, Edmundo González Urrutia, denunció que su yerno, Rafael Tudares Bracho, cumple 133 días como preso político del régimen de Nicolás Maduro, y en calidad de "desaparecido forzadamente" dado que sus familiares no han podido verlo.
El dirigente subrayó que Tudares Bracho, esposo de su hija Mariana, ha sido blanco de una grave violación de derechos humanos y está siendo "sometido a un proceso penal ilegítimo y clandestino".
Este lunes 19 de mayo, Mariana González alertó sobre la intención de las autoridades judiciales de realizar una audiencia preliminar dentro de un "proceso inconstitucional" en su contra. Desde el 7 de enero, cuando fue detenido por funcionarios del régimen mientras llevabas sus hijos al colegio, a la familia de Rafael Tudares Bracho no se le ha permitido conocer el centro de reclusión donde se encuentra, ni se ha enviado ninguna fe de vida.
“Quisiera saber y que alguna autoridad del Estado me explique en qué ley penal venezolana se tipifica expresamente como delito el hecho de ser yerno de alguien perseguido. ¿En qué ley penal se establece que ser representante legal de alguien es delito?"; dijo Mariana González.
Organismos internacionales de DDHH han señalado que Rafael Tudares Bracho es un rehén del régimen para presionar a Edmundo González Urrutia, quien se encuentra asilado en España desde septiembre de 2024.
Violación de derechos
Edmundo González Urrutia dijo el 14 de mayo que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, “sigue de cerca las violaciones sistemáticas que ocurren en Venezuela". En tal sentido, se hizo eco de las denuncias del funcionario sobre las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la represión a voces disidentes y la ley contra las ONG que criminaliza la defensa de los derechos fundamentales en Venezuela.
Enfatizó que las exigencias del Alto Comisionado incluyen aspectos como la liberación inmediata de todos los detenidos injustamente, información clara y urgente sobre el paradero de los desaparecidos; además del respeto al debido proceso y a las condiciones humanas de detención; y la derogación de la ley que atenta contra la libertad de asociación.
FUENTE: Con información de Edmundo González Urrutia/Mariana González