Donald Trump firma orden secreta con la que Estados Unidos podría realizar operaciones terrestres y marítimas contra carteles en América Latina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una directiva secreta que autorizaría al Pentágono utilizar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina y que su administración ha clasificado como organizaciones terroristas, según reveló este viernes el diario The New York Times, citando fuentes cercanas a la decisión.

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La medida representa una agresiva escalada en la cruzada de Trump contra el narcotráfico y marca un punto de inflexión al llevar a las fuerzas armadas estadounidenses a cumplir funciones que históricamente han correspondido a organismos de aplicación de la ley.

El objetivo, según el reporte, es frenar el flujo de fentanilo y otras drogas que llegan a Estados Unidos.

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La directiva ofrece una base legal para posibles operaciones militares directas en el mar o, incluso, en territorio extranjero contra organizaciones delictivas.

Altos mandos del ejército, de acuerdo con este medio, ya estarían elaborando opciones para actuar contra estos grupos.

“El principal compromiso del presidente Trump es proteger a la nación. Por eso tomó la decisión audaz de designar a varios cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Anna Kelly, vocera de la Casa Blanca, al ser consultada al respecto.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, Trump ha venido dando pinceladas hacia un enfoque más militaristas para enfrentar el narcotráfico.

En febrero, su gobierno designó como organizaciones terroristas al Tren de Aragua, a la Mara Salvatrucha (MS-13) y a otros grupos basados en México asegurando que representan “una amenaza a la seguridad nacional que va más allá del crimen organizado tradicional”.

Más recientemente, hace dos semanas. la administración Trump añadió al Cartel de los Soles -supuestamente liderado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y altos funcionarios de su gobierno- a la lista de grupos terroristas globales.

Esta acusación fue acompañada por el anuncio del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia este jueves de duplicar la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, alcanzando los 50 millones de dólares.

“El presidente Maduro no escapará a la justicia”, declaró la fiscal general, Pam Bondi, al anunciar esa decisión.

Aunque no hay detalles específicos al respecto, la directiva secreta de Trump, sumada a la decisión de nombrar al Cartel de los Soles como organización terrorista -y a Maduro como su líder-, convertiría al presidente venezolano en un posible blanco en esta nueva misión de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

¿Qué tan viable es la orden de Donald Trump?

Según el Times, utilizar las fuerzas militares para atacar cárteles genera serios cuestionamientos legales y diplomáticos. Expertos consultados por diario sostienen, por ejemplo, que matar sospechosos de narcotráfico en operaciones fuera de un conflicto armado autorizado por el Congreso podría ser considerado asesinato bajo las leyes estadounidenses.

El almirante retirado James E. McPherson advirtió que sería “una grave violación del derecho internacional” emplear fuerzas armadas en el territorio de otro país sin el consentimiento de su gobierno, salvo en contadas excepciones.

Aunque en el pasado el ejército estadounidense ha colaborado con fuerzas antinarcóticos en América Latina —a través de inteligencia, entrenamiento o interdicción marítima—, esas acciones siempre se han enmarcado como apoyo a autoridades civiles. La nueva directiva apunta a que las fuerzas estadounidenses capturen o incluso eliminen directamente a personas involucradas en el narcotráfico.

Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado y especialista en derecho internacional humanitario, subraya que “cualquier operación que tenga como objetivo matar personas basándose únicamente en su presunta afiliación a un cártel, fuera del contexto de un conflicto armado, plantea cuestiones legales muy serias”.

Los antecedentes de la medida de Donald Trump

No es la primera vez que Estados Unidos incursiona militarmente contra un supuesto narcotraficante. En 1989, el presidente George H. W. Bush ordenó la invasión de Panamá para capturar al general Manuel Noriega. La operación fue condenada por la ONU como una “violación flagrante del derecho internacional”.

Más recientemente, durante su primer mandato, Trump ya había sugerido bombardear laboratorios de droga en México, una idea que fue desestimada por su entonces secretario de Defensa, Mark T. Esper, quien la calificó de absurda. La propuesta provocó indignación en el gobierno mexicano.

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En abril pasado, Trump propuso a la presidenta Claudia Sheinbaum permitir que tropas estadounidenses ingresaran a México para combatir a los carteles, pero la mandataria rechazó tajantemente la idea.

Este jueves, en una entrevista previa a que se conociera la noticia del Times, el secretario de Estado Marco Rubio le dijo al canal católico EWTN que la designación de los cárteles como grupos terroristas abría la puerta al uso de agencias de inteligencia y de defensa para combatirlos

“Tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas”, afirmó Rubio.

Sin embargo, especialistas jurídicos advierten que esa designación, aunque permite imponer sanciones y congelar activos, no autoriza operaciones militares. Para ello se requeriría una nueva autorización del Congreso o invocar poderes presidenciales de defensa nacional, algo que no está exento de controversia.

Además, una orden ejecutiva de 1976 que prohíbe los asesinatos selectivos sigue vigente. Capturar sospechosos implicaría desafíos legales adicionales, como el tratamiento de los detenidos y la legalidad de su retención sin proceso judicial.

Paralelamente, la administración Trump ha intensificado el uso de drones de la CIA para ubicar laboratorios de fentanilo en México, aunque no se han autorizado ataques letales.

Por su parte, el Comando Norte del ejército ha aumentado significativamente sus vuelos de vigilancia en la frontera con México.

Trump, de paso, ha remodelado el aparato legal del Departamento de Defensa, destituyendo a los principales abogados de las fuerzas armadas en febrero pasado. La reciente confirmación de nuevos funcionarios -como el consejero general del Pentágono, Earl Matthews- podría marcar un giro hacia una interpretación más expansiva de los poderes presidenciales en la lucha contra el narcotráfico.

SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO - Washington