Doe Run Perú: extrabajadores denuncian que Indecopi retrasa proceso de liquidación y deja en incertidumbre a 3.500 acreencias

Los últimos 22 millones de dólares de La Oroya. Extrabajadores de la mina Cobriza y del Complejo Metalúrgico de La Oroya exigen transparencia y celeridad en el proceso concursal.

Más de 3.500 trabajadores de Doe Run Perú siguen a la espera de una solución definitiva para el pago de sus derechos laborales, en medio de un proceso que suma ya 14 años de retrasos e incertidumbre.

Según denuncias difundidas por la representación de la junta de acreedores laborales, la reciente exclusión de la firma Consultores A-1 por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha profundizado la crisis y mantiene en vilo a miles de familias vinculadas a la operadora minera.

El representante laboral, Luis Cuadrado Cárdenas, cuestionó abiertamente la actuación de la Comisión de Procedimientos Concursales (CCO) del INDECOPI, a quien responsabiliza de dilatar la designación de un nuevo liquidador para la empresa.

“Los acreedores laborales estamos esperando hace más de catorce años que se resuelva este tema y se paguen derechos por alrededor de cien millones de dólares. Todos los recursos que hemos presentado han sido desestimados y no se ha permitido conformar una Junta Única con los acreedores comerciales”, señaló Cuadrado Cárdenas.

La problemática afecta principalmente a ex trabajadores de la mina Cobriza y del Complejo Metalúrgico de La Oroya, organizados en cinco sindicatos que conforman la actual Junta de Acreedores. Estos dirigentes reclaman mayor transparencia y celeridad por parte de las autoridades. El proceso, sostienen, enfrenta demoras continuas por parte del Indecopi, que agota los plazos legales de noventa días para atender y responder cada recurso presentado.

“Vemos que se estiran los plazos para minimizar nuestros reclamos. Lo único que pedimos es que se defina el liquidador y que se salden las deudas con los trabajadores”, insistió el vocero sindical ante medios sectoriales.

Las tensiones han aumentado a raíz de lo que los acreedores califican como eventuales conflictos de interés dentro del Indecopi y su presunta cercanía con las firmas Doe Run Cayman y Depósitos Químicos Mineros (DQM).

Cuadrado sostiene que la Secretaria Técnica de la Comisión de Procedimientos Concursales, Leny Calderón Arévalo, habría declarado en el Congreso de la República que el actual plazo para elegir liquidador aún no se ha cumplido y vencerá recién el viernes 14 de noviembre.

Uno de los puntos de mayor controversia es la distribución de los fondos asociados al proceso de liquidación. Según información compartida por los dirigentes laborales, el liquidador designado por Indecopi accedería al veinte por ciento del fideicomiso, situación que a los ojos de los acreedores laborales podría perjudicarlos directamente.

Señalan que un reparto de esa naturaleza beneficiaría de forma exclusiva a las empresas Doe Run Cayman y DQM, en especial a esta última, que reclama dieciséis millones de dólares en calidad de acreedor comercial.

La demora en la resolución del caso ha generado desconcierto y malestar entre los trabajadores y extrabajadores, quienes, tras más de una década de gestiones infructuosas, evalúan opciones de protesta. Dirigentes de la Unidad Minera Cobriza y del Complejo Metalúrgico de La Oroya han advertido que, de no modificarse la postura de Indecopi o de persistir la parálisis actual, podrían optar por convocar nuevas movilizaciones o endurecer sus reclamos.

El futuro de la liquidación de Doe Run Perú continúa en suspenso, sin señales claras de una salida consensuada para los 3.500 acreedores laborales y sus familias, cuyo acceso a beneficios económicos por sus años de servicio permanece, de momento, fuera de alcance.