Disidencias de Mordisco reanudan construcción de vía ilegal en Jamundí pese a advertencias de la Gobernación del Valle

26/02/2017 Brazalete de las FARC POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA LOUIS WITTER / LE PICTORIUM / ZUMA PRESS / CONTACT

Las disidencias del Estado Mayor Central, bajo el mando de alias Iván Mordisco, retomaron la construcción de una vía ilegal en zona rural del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, pese a los anuncios de control emitidos por la Gobernación del Valle. La obra, liderada por el frente Jaime Martínez, conecta los corregimientos de San Antonio y Ampudia, atravesando la cordillera Occidental.

De acuerdo con información publicada por la revista Semana, el objetivo de esta vía sería crear un corredor estratégico que facilite el transporte de cargamentos de cocaína hacia el Pacífico vallecaucano y caucano, especialmente hacia las zonas del Naya, Guapi y Puerto Merizalde. El medio señaló que las labores nunca se detuvieron por completo y que actualmente los insurgentes mantienen presencia armada para controlar el tránsito por el sector.

Integrantes de las disidencias | (AP Foto/Fernando Vergara)

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Meses atrás, cuando la construcción fue denunciada por primera vez, la gobernadora Dilian Francisca Toro manifestó su preocupación por la situación e indicó que la administración departamental asumiría la recuperación de la vía. “Vamos a arreglar esta vía terciaria para que sirva al progreso y no a la ilegalidad”, expresó entonces la mandataria.

Dilian Francisca Toro| (Colprensa - Diego Pineda)

Sin embargo, las medidas oficiales no se concretaron. Líderes comunitarios de San Antonio, consultados por Semana, afirmaron que los integrantes del frente Jaime Martínez retomaron la obra y mantienen el control total sobre la zona. Según los testimonios, cuando la Gobernación intentó ingresar maquinaria amarilla, los contratistas fueron intimidados y atacados por los disidentes, lo que obligó a suspender cualquier intervención institucional.

La vía, de unos 12 kilómetros, se ha convertido en un punto crítico por su ubicación estratégica en las montañas del suroccidente del país. Semana documentó que los trabajos avanzan frente a una escuela rural donde los insurgentes han restringido el paso de personas, lo que ha provocado la suspensión de clases y el aislamiento de decenas de familias.

Los habitantes aseguraron que quien transite sin autorización debe pagar multas de hasta un millón de pesos, mientras que quienes residen en los alrededores deben aportar dinero o materiales de construcción para no ser sancionados. Las restricciones, agregaron, afectan incluso a los docentes y estudiantes del colegio local.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

“Hasta los profesores de la escuela tuvieron que donar unos bultos de cemento”, contó una fuente de la comunidad a Semana. Los lugareños denunciaron además que los adultos mayores, beneficiarios de subsidios del Estado, también están siendo obligados a entregar parte de sus ayudas económicas. Las amenazas son transmitidas por una mujer conocida como Elvia y un hombre apodado Toro, quienes manejan la lista de contribuyentes y habrían advertido que quien no colabore quedará fuera de los programas sociales del municipio.

La Gobernación del Valle del Cauca ha insistido en que mantiene coordinación con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para recuperar el control del territorio, aunque reconoció que el acceso a las zonas altas de Jamundí continúa siendo limitado. Según las autoridades, los constantes ataques y bloqueos por parte de los grupos armados han impedido ejecutar obras de infraestructura y proyectos de inversión social.

El frente Jaime Martínez, uno de los más activos en el suroccidente colombiano, opera en zonas rurales de Cauca y Valle del Cauca. De acuerdo con Semana, sus integrantes han consolidado corredores que conectan áreas de producción de cocaína con los puntos de salida hacia el Pacífico. Además, mantienen mecanismos de extorsión sobre la población civil, que incluyen cuotas obligatorias a familias, agricultores y transportadores.

Fuentes de la administración departamental explicaron que el proyecto vial bajo control de las disidencias representa un riesgo adicional, pues facilita el movimiento de cargamentos ilegales y refuerza la capacidad logística del grupo armado. La Gobernación reiteró que “la construcción de carreteras rurales debe realizarse con autorización institucional y bajo supervisión del Estado”.

Mientras tanto, los habitantes de San Antonio y Ampudia continúan sometidos a las normas impuestas por los disidentes, sin presencia efectiva de las autoridades civiles. Las comunidades han pedido medidas de seguridad urgentes y la intervención del Gobierno nacional para evitar que la obra se consolide como un corredor permanente del narcotráfico en el Valle del Cauca.