Denuncias, medidas de alejamiento y demoras judiciales: padres denuncian pérdida del vínculo con sus hijos en medio de disputas familiares

Durante los últimos meses, distintas voces empezaron a mostrar un panorama poco examinado dentro de los conflictos de familia: padres que permanecen separados de sus hijos por largos periodos, mientras enfrentan denuncias que consideran desproporcionadas o sin sustento. En este escenario surge el testimonio de Renzo, un padre que asegura atravesar un proceso complejo, donde el sistema judicial y la mala relación con su expareja se mezclan en una situación que, según afirma, lo mantiene lejos de su hijo desde hace más de cinco meses.

Su caso se vincula con el relato de otros padres que contactaron a la ONG Por amor a nuestros hijos, donde encuentran orientación legal, contención emocional y un espacio para exponer experiencias comunes. El grupo creció con rapidez y reúne a más de 300 personas. Para ellos, el problema no solo aparece en la ruptura familiar, sino también en la forma en que distintas entidades estatales procesan denuncias y dictan medidas restrictivas.

El testimonio de Renzo, que forma parte de un reportaje de Infobae Perú, se suma a esa percepción. “Yo soy un papá que está sufriendo violencia tanto por parte del Estado peruano como por parte de mi exesposa”, comentó. Sostuvo que la madre del niño “está obstruyendo el vínculo” con su hijo, un menor de nueve años, con quien perdió contacto desde abril. Su versión incluye denuncias que, según él, se activaron como respuesta a reclamos previos. “Es justamente cuando yo denuncio la violencia que ella presenta este tipo de acusaciones para frenar el proceso”, afirmó.

En paralelo a su relato aparece la voz de especialistas, como la abogada Rocío Guardamino, quien lleva más de dos décadas dedicada al derecho procesal familiar. Ella describe un escenario donde las denuncias por violencia pueden alterar procesos de tenencia o visitas y generan interrupciones prolongadas entre padres e hijos, incluso en casos donde la denuncia no cuenta con pruebas sólidas.

A partir de estos testimonios se abre una discusión que, para muchos padres, no tiene suficiente espacio en los medios tradicionales y que pone en cuestión la capacidad del sistema judicial para responder con equilibrio en situaciones de alta conflictividad familiar.

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Renzo afirmó no tener ningún tipo de comunicación con su hijo. Indicó que el último encuentro ocurrió el 5 de abril, fecha en la que, según sostiene, surgió un episodio de violencia que derivó en denuncias por agresión en su contra. “Actualmente, no lo veo para nada”, señaló. Explicó también que acudieron al Centro de Emergencia Mujer, una entidad que, en teoría, ofrece atención a todas las partes involucradas, aunque él sostiene que existe un trato desigual: “El apoyo es desigual. Favorece a las mujeres y deja en desventaja a los hombres”.

Relató que, durante el registro de la denuncia, su expareja completó la ficha valorada con afirmaciones que considera incorrectas. “Marcó incluso que consumo drogas y que poseo armas, lo cual es falso”, expresó. Para él, ese documento generó un proceso “desbalanceado”, donde no existió un contraste previo de información.

En la ONG donde participa, Renzo observó casos similares y escuchó relatos de padres que perdieron el vínculo con sus hijos durante años. Mencionó ejemplos de hombres que recién intentaron acercarse a sus hijos cuando ya contaban con cuatro o doce años y que, en esa etapa, fueron rechazados porque no recordaban la presencia paterna. Ese fenómeno, según afirma, configura un impacto emocional que no se presenta de inmediato, pero puede manifestarse después. “Los especialistas me dicen que esto puede afectarlo más adelante, sobre todo en la adolescencia”, comentó.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el reportaje también intervino Cristian, integrante de la ONG. Su experiencia muestra un costado emocional que muchas veces no aparece en los expedientes judiciales. “Muchos padres que fuimos obstruidos caímos en depresión y necesitamos medicación psiquiátrica”, explicó. Él mismo recibió clonazepam, fármaco que, según contó, afectó su memoria.

Cristian afirmó que, cuando se dictan medidas de alejamiento amparadas en la Ley 30364, el proceso de levantarlas puede tardar entre seis meses y año y medio. Esa distancia, según él, provoca que algunos niños “escuchen versiones” sobre el padre no presente: “Le dicen: ‘Tu papá no viene porque no te quiere’, ‘tiene otra familia’”. Para la ONG, eso configura un proceso que denominan alienación.

También mencionó casos que, a su juicio, muestran un sistema sin filtros suficientes. “Hay personas denunciadas 30 o 40 veces por todo tipo de delitos imaginables. Y sin pruebas”, señaló. El grupo considera que el Estado debería revisar estos procedimientos para evitar la proliferación de acusaciones sin sustento.

El principal punto de preocupación es la lentitud del sistema judicial. Incluso cuando un juez ordena el cumplimiento de un régimen de visitas, la ejecución puede tardar meses. En ese periodo, según la ONG, muchos niños cambian su percepción sobre el padre ausente, debido a mensajes negativos en el entorno familiar. “Para cuando se ejecuta la medida, ya pasaron seis meses o un año”, comentó Cristian.

La organización también impulsa un proyecto de ley dirigido a penalizar con mayor severidad las denuncias falsas. Cristian proporcionó cifras: “El 96% de denuncias por violencia del último año fueron archivadas por falta de pruebas”. Para ellos, esa estadística refleja un problema estructural.

Una pareja de divorciados discutiendo en presencia de su hija (Freepik)

La abogada Rocío Guardamino explicó que las denuncias en procesos de separación se volvieron frecuentes. “Encontramos una situación bastante cotidiana”, señaló durante la entrevista. Comentó que algunas madres recurren a una denuncia de violencia con el fin de modificar un proceso de tenencia o visitas. Para ella, esto configura un fenómeno donde la denuncia se transforma en un recurso para impedir el contacto entre padre e hijo.

La especialista mencionó que ese tipo de casos incluyen elementos que afectan la vida del niño. Uno de ellos es la alienación parental, que describe como una presión hacia el menor para responder según la expectativa del adulto con quien convive. La abogada también observó escenas donde un niño, al ver a su padre, mira primero a la madre para interpretar la reacción. Según su experiencia, eso evidencia una inseguridad que afecta la libertad del menor.

La especialista sostiene una postura proniño, centrada en la idea de que ambos padres deben permanecer en la vida del hijo. “Luchamos porque los niños vivan en un hogar con los afectos paterno y materno”, indicó. Añadió que, incluso en casos de separación, el trato debería basarse en acuerdos, diálogo y estabilidad.

Guardamino detalló reglas sobre feriados, cumpleaños, años pares o impares, así como días importantes para ambos padres. Indicó que la falta de diálogo genera la mayoría de conflictos. “Somos adultos, tenemos que tomar decisiones”, comentó. Añadió que la ruptura de pareja no debería implicar un perjuicio para el hijo.

También explicó que muchos padres enfrentan denuncias sin poder presentar pruebas, lo que limita la defensa. Indicó que una evidencia clave es la legalización de mensajes de WhatsApp mediante un acta notarial. “Ese medio de prueba ahora es considerado válido”, señaló.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La abogada señaló que los juzgados de familia operan con una carga procesal superior a su capacidad. Indicó que existen despachos con más de siete mil expedientes, cifra que, según ella, dificulta la atención oportuna. Explicó que, en teoría, una respuesta judicial debe emitirse en tres días; en la práctica, puede tardar meses.

Comentó que muchos expedientes quedan detenidos si el abogado no realiza seguimiento activo. Por ese motivo, ella aconseja a sus clientes revisar el sistema judicial en línea, verificar notificaciones y acudir al juzgado cuando sea necesario.

La especialista describió procesos que duran entre año y medio y cuatro años, mientras el menor crece sin una resolución estable. Para ella, la clave está en la paciencia y en la preparación técnica del equipo legal, que debe incluir psicólogos y terapeutas para orientar adecuadamente a los padres.