Denuncia del Instituto Interamericano para la Democracia devela violaciones en caso que involucra a familia argentina

Las denuncias están basadas en una visita realizada a la Argentina por ambos representantes del Comité entre los días 22 y 29 de marzo, para dar seguimiento in situ al caso que involucra la muerte de Manuel Asencio Ardiles y el presunto despojo de su familia de su propiedad y medios de vida. En la conferencia presentaron un informe emitido el 3 de septiembre de 2024, el cual concluye que las autoridades judiciales de la provincia incurrieron en múltiples violaciones a los derechos humanos y a instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).

Particularmente, el informe señala a funcionarios que se encuentran en sus cargos como responsables de graves omisiones judiciales. Se les acusa de incurrir en la violación de, al menos, 12 artículos fundamentales en materia de derechos humanos.

"Verificamos que las violaciones persisten y que los responsables siguen en funciones e impunes", afirmó Armando Valladares. Por su parte, Marcel Feraud destacó la falta de acción por parte de las autoridades fiscales, judiciales y políticas tanto provinciales como nacionales.

El Comité también informó que el caso será presentado el 22 de abril ante la comunidad internacional en los Estados Unidos y que han recibido numerosas denuncias similares que están en proceso de documentación.

La familia Ardiles, junto a cientos de ciudadanos afectados, exige justicia y el restablecimiento del Estado de Derecho en la provincia.

En 2024, tras hacerse pública esta denuncia en Miami en 2024, el propio Valladares informó que "tras una amplia investigación, que incluyó una visita a la zona, la recepción de testimonios y el análisis de documentos legales, hemos podido constatar las irregularidades y violaciones a los derechos humanos de esta familia en Argentina".

Por su parte Feraud dijo entonces “lo más grave es que estos hechos se produjeron bajo un ropaje de legalidad, utilizando el sistema judicial para vulnerar los derechos de un campesino”.

Como en 2024, la denuncia reiterada esta vez señala que en el caso podría estar involucrado un alto funcionario del Supremo Tribunal de Justicia de esa provincia argentina en relación con un litigio de tierras que comenzó a investigar el comité del IID tras un viaje realizado en enero de 2023.