Decisión de jueza federal que ve la quiebra de Puerto Rico tiene un "impacto bien grande" en la Reforma de la Policía

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NUEVA YORK – Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), capítulo de Puerto Rico, afirmó que la reciente decisión de la jueza federal Laura Taylor Swain de levantar la paralización de demandas a funcionarios gubernamentales tiene un “impacto bien grande” en los procesos relacionados con la Reforma de la Policía en la isla.

La jueza del Distrito Sur de Nueva York que preside el caso por la quiebra del gobierno de Puerto Rico determinó esta semana que las protecciones del Plan de Ajuste de la Deuda del Estado Libre Asociado (ELA) bajo la Ley PROMESA (Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) no pueden ser utilizadas para evitar demandas a nivel personal por violaciones de derechos civiles.

En síntesis, funcionarios y exfuncionarios no se pueden agarrar de que existe un proceso de reestructuración para no responder a demandas que hayan sido presentadas contra ellos en su carácter personal.

“Tiene un impacto bien grande (en la Reforma), porque una de las preocupaciones mayores era que la paralización de todos estos pleitos de violaciones de derechos civiles estaba llevando un mensaje equivocado a la Policía de Puerto Rico de que estamos bajo la Reforma, pero no me pueden demandar. Pues no, tienen que saber que si ellos le causan daño a una persona por uso excesivo de fuerza o por violación de sus derechos civiles, deben responderen su capacidad personal, y la ley PROMESA no los protege”, indicó el representante de la ACLU en entrevista con El Diario.

Arraiza Navas argumentó que casos contra la Policía de Puerto Rico habían sido paralizados en septiembre de 2023 en virtud del Plan de Ajuste bajo el Título III.

Ese mismo mes, la ACLU le solicitó a la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) que dejara sin efecto la suspensión automática (stay) bajo el argumento de que no aplicaba en demandas por violación de derechos civiles contra funcionarios a nivel personal.

La inacción de la Junta, organismo que presenta los planes de reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico, llevó a que el 15 de febrero del año pasado, la ACLU presentara una Solicitud de Alivio del Stay (Request for Stay Relief) bajo el alegato de que la ley PROMESA no debía ser interpretada como un “pase libre” para los funcionarios gubernamentales demandados.

“El 30 de septiembre obtuvimos una gran victoria en la corte de quiebra. En esa corte, a pesar de que todos estos casos se estuvieron paralizados, la jueza Taylor Swain decidió que las demandas contra los funcionarios en su capacidad personal, como son los policías y sus supervisores, no pueden ser desestimados a base de (la ley) PROMESA”, resaltó Arraiza Navas.

La jueza básicamente determinó que los casos no se podían desestimar, porque no eran contra el Estado sino contra los funcionarios en su capacidad personal.

“Le dio a la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) hasta el 15 de octubre para notificarle a todos los demandantes que tengan pendiente un pleito en la corte federal, aunque esté paralizado, de que pueden continuar con sus reclamaciones, siempre y cuando la reclamación no sea contra el ELA (Estado Libre Asociado), sino que sea contra los funcionarios en su capacidad personal”, precisó el abogado.

Cabe señalar, que la acción de la ACLU está vinculada a una demanda presentada por Jonathan Hernández Zorrilla y Yadira Carrasquillo González. Los demandantes alegaron uso de fuerza por parte de agentes de la Policía de Puerto Rico, violaciones a sus derechos de libertad de expresión, protección contra allanamientos irrazonables, entre otras denuncias, en medio de una protesta en San Juan el 1 de mayo de 2018.

En uno de los documentos judiciales del caso, se indica, en referencia a la denuncia de Carrasquillo González, que, durante el paro nacional, a eso de las 11:30 a.m., un grupo de policías comenzó a lanzar gases lacrimógenos contra los participantes de la marcha, por lo que comenzó a huir.

Sin embargo, los policías se alinearon de una manera en la que impidieron que los manifestantes evitaran el gas lacrimógeno.

El relato añade que la demandante gritó a los oficiales policiales que detuvieran sus acciones. Sin embargo, alegadamente, fue agarrada y empujada por el coacusado Ignacio Loubriel Camareno, y, posteriormente, rociada con gas pimienta “durante un período prolongado a muy corta distancia” por el coacusado Luis E. Ortiz Ortiz, comandante del equipo SWAT (Armas y Tácticas Especiales).

Los funcionarios demandados en su carácter personal en este caso fueron el exgobernador Ricardo Rosselló y el exsecretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera.

Gobierno de Puerto Rico no puede descarrilar la Reforma de la Policía

Por otro lado, Arraiza Navas sostuvo que la Administración de la gobernadora Jenniffer González Colón no puede detener los procesos relacionados con la Reforma que supervisa el juez federal Francisco Besosa con base en las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, como plantearon hace unos meses las autoridades en la isla.

“La Reforma se supone que esté funcionando con base en unos informes que rinde el monitor (Monitor Federal de la Reforma de la Policía) al tribunal federal. La Reforma en Puerto Rico está a cargo de un juez federal en la corte de distrito aquí en Puerto Rico. Por mayores intenciones u órdenes que dé aquí la gobernadora o el presidente Trump, el juez federal es el que tiene la última palabra”, reiteró.

Algunos de los decretos administrativos que firmó Donald Trump tras asumir su segundo mandato revirtieron políticas del gobierno previo de Joe Biden que iban dirigidas a promover prácticas policiales y de justicia penal eficaces y responsables.

Las disposiciones, por ejemplo, establecían que la policía federal podía usar la fuerza solo como último recurso y limitaba cuándo agentes federales podían entrar en una vivienda sin llamar ni anunciarse, así como el uso llaves de estrangulamiento.

A raíz de estos cambios, la gobernadora manifestó públicamente que le pediría al presidente excluir a la Policía de Puerto Rico de la Reforma.

Arraiza Navas reconoció, sin embargo, que los resultados de los procesos, que buscan que las prácticas policiales no violen los derechos civiles y que se fortalezca la confianza ciudadana, no han sido los esperados.

“Nosotros estamos esperanzados en que los trabajos continúen. Los resultados no son los que nosotros hubiéramos esperado al día de hoy. Entendemos que la Reforma está en un muy mal momento. Yo no podría decirte que en su peor momento, porque ya nos encontramos en una fase de cumplimiento”, describió.

Para el entrevistado, la Reforma apenas está comenzando en términos de cumplimiento, aunque teóricamente los procesos iniciaron en el 2013.

“La primera fase durante todos los primeros años fue para confeccionar órdenes generales, protocolos y adiestramientos a la Policía. Esto se logró en 13 áreas distintas de reforma policiaca. Estamos hablando de uso de fuerza, de equipo técnico, de múltiples áreas de cumplimiento. Cuando entramos a la fase de cumplimiento, ahí yo sí te puedo decir que la Reforma está apenas comenzando. O sea, no nos encontramos en un buen momento. Ayer mismo (martes) estuvimos en el tribunal interviniendo por un exceso de fuerza en una protesta. La intolerancia, en términos de lo que es la psiquis del cuerpo policiaco en Puerto Rico, es muy difícil cambiarla de la noche a la mañana, y es mucho trabajo el que hay que llevar a cabo para poder lograr tener una policía comunitaria, que es lo que exige la Reforma de la Policía en Puerto Rico”, reteiró el experto.

El abogado de la ACLU no pudo estimar cuánto tiempo más podrían extenderse los procesos o en cuánto tiempo podría completarse la etapa de cumplimiento que empezó en el 2020.

“Es todo un proceso y la gente se podría asombrar con la cantidad de documentos que ha producido este proceso en términos de los protocolos y de los informes del monitor. Pero, a base de las métricas del propio monitor, ellos están muy lejos de estar en cumplimiento, en un cumplimiento aceptable de lo que se exige”, reveló.

A preguntas de que se ha logrado en términos concretos, respondió: “Se ha logrado establecer una documentación que te dice cómo debe comportarse la Policía y se han comenzado unos adiestramientos. Pero, cuando vamos a la fase de cumplimiento, cómo estos adiestramientos se han aplicado en la práctica, pues estamos muy lejos”.

El entrevistado mencionó la falta de destrezas de los agentes para intervenir con personas en crisis emocional como uno de los grandes retos de la discusión.

“Te voy a dar un ejemplo bien claro: personas atravesando por una crisis emocional. Todavía en Puerto Rico, la Policía no está entrenada ni preparada para intervenir con una persona en crisis. En muchos de los casos en los que un familiar llama porque tiene un familiar descompensado que se puso violento, el caso va a terminar en una muerte y en un uso excesivo de fuerza, porque no tienen las herramientas para manejar la situación con esa persona”, alertó.

En esa dirección, dijo que promueven legislación que le quitaría a los agentes de la policía esa función y permitiría que especialistas en salud mental puedan intervenir.

La Reforma de la Policía inició tras una investigación en el 2008 del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y el gobierno de Puerto Rico sobre presuntos patrones o prácticas de violaciones de los derechos civiles por parte de miembros de la fuerza. La pesquisa se completó el 5 de septiembre de 2011 con un informe que enumeraba múltiples violaciones en las que incurrían los oficiales como uso de fuerza excesiva en violación a la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

El 21 de mayo de 2012 se creó la Oficina de Reforma para coordinar las actividades de implementación y cumplimiento de los cambios en la Policía de Puerto Rico. Esa oficina trabajaría directamente con el DOJ, Comités de Interacción Ciudadana (CIC’s) y el Monitor Federal.

Un informe de la ACLU divulgado en junio de ese mismo año confirmó que en la Policía de Puerto Rico prevalecía una cultura de brutalidad y abuso.

El compendio, denominado “Isla de impunidad: Policía de Puerto Rico al margen de la ley”, identifica varias fallas que explican la crisis que atraviesa esta institución.

El reporte de la ACLU se enfocó principalmente en incidentes ocurridos entre 2007 y 2011.

El “Acuerdo para la Reforma sostenible del Departamento de Policía de Puerto Rico entre los Estados Unidos, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Departamento de Policía de Puerto Rico” indica que se busca profesionalizar al organismo en la isla y promover optimización de responsabilidades y de las prácticas policiales para asegurar que los puertorriqueños estén libres del uso de fuerza excesiva, allanamientos y confiscaciones ilícitas y discriminación.

Bajo el tema de “Reclutamiento, selección, contratación y profesionalización”, se menciona la exigencia de prácticas de promoción basadas en el mérito y el cumplimiento de principios de oportunidades igualitarias en el empleo. Se menciona, además, el requerimiento de exámenes escritos competitivos en promociones hasta el grado de capitán y criterios objetivos que midan los conocimientos, las destrezas y las capacidades en designaciones para grados superiores al de capitán.

En cuanto a “Uso de la fuerza: controles internos y responsabilización”, el documento especifica que la Policía deberá desarrollar el “uso exhaustivo de políticas de fuerza que cumplan con las leyes aplicables”, con las prácticas de acción policial de aceptación general e incluir todas las técnicas de fuerza.

El acuerdo también señala la necesidad de desarrollar políticas de control de masas y gestión de incidentes que requieran comando y control adecuados, y que utilicen tácticas y técnicas que protejan la libertad de expresión y el derecho a la congregación lícita.

Al menos unos $20 millones anuales en fondos estatales están destinados para cumplir con la Reforma.