Cuba agrava la crisis de los ancianos; más abandono y desatención con fin del Instituto de Seguro Social

Como si los recortes aplicados a las ayudas y pensiones no fueran suficientes, la dictadura castrista toma la decisión de extinguir el Seguro Social y trasladar sus funciones en filiales provinciales y municipales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en una clara evidencia del desentendimiento que tiene sobre la protección a las familias más vulnerables.

La decisión del régimen se hizo oficial a principios de marzo, cuando salió publicada en Gaceta Oficial el Decreto de Ley 95, aprobado en septiembre de 2024 por el presidente del Parlamento, Esteban Lazo Hernández.

La normativa establece "extinguir el Instituto Nacional de Seguridad Social, entidad subordinada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y sus filiales provinciales y municipales".

Función contralora

El Ministerio de Trabajo ahora pasará a asumir "Ia función de controlar Ia aplicación y efectividad de la protección de Ia seguridad social y Ia dirección metodológica de los procesos relacionados con Ia materia".

Para octubre de 2024, la Seguridad Social se comprometía a seguir atendiendo a más de 1,700,000 beneficiarios con un presupuesto de poco más de 40 millones de pesos para el pago de pensiones, según indicó la directora general de la instancia, Virginia Marlene García Reyes.

Ahora, la funcionaria castrista, que achaca la "situación económica compleja" de Cuba a las sanciones de Estados Unidos, sostuvo que la reestructuración del sistema de Seguridad Social tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de los jubilados, que "han trabajado y aportado tanto al país".

Una excusa muy alejada de la realidad de los cubanos, cuando más del 39% de los beneficiarios del seguro reciben pensiones mínimas de 1.528 pesos (alrededor de 4,7 dólares al cambio en el mercado informal).

Régimen cubano, abandono y descontrol

En la práctica, la decisión del régimen representa el abandono de la institucionalización de la actividad de Seguridad Social, pero, además, termina convirtiéndose en un germen para el descontrol, la ocultación de información y la reducción de presupuesto, con la consiguiente desigualdad territorial y desatención de familias más vulnerables, personas con discapacidades y desempleados, según reseña el Diario de Cuba.

Con la extinción de la institución, se acabaría la jerarquía de la actividad y, dada la paridad con un ministerio, representaría altos riesgos, como la homogeneización de la gestión de los procesos y la desventajosa repartición de presupuesto por el que compiten otras actividades similares o afines, calculado ahora sobre necesidades demandadas a nivel municipal y provincial.

"Esto puede significar disparidad, desigualdad de trato, desequilibrios en la eficacia de los servicios, decisiones contradictorias a nivel nacional, ausencia de responsabilidad de los altos mandos del Estado en problemáticas que puedan surgir", señaló Edel González, abogado del Diario de Cuba.

Explicó que con el instituto al menos exitía una "especialización de los recursos humanos" dedicados a la seguridad social, una estabilidad mínima de la fuerza laboral, un sistema de información y estadística, responsabilidades con cierta independencia y un sistema de control de resultados uniforme. Además, de que se contaba con una intervención "más puntual y urgente" frente a los problemas nacionales, regionales y locales.

Un "error"

Para González, es un "error" que el régimen tome la decisión de desentenderse de los problemas sociales que requieren de respuestas nacionales. "La decisión significa seguir abandonando a la suerte desdichada de otras estructuras más precarias el irresuelto problema de la seguridad social, por tanto, potencialmente crecerán la incertidumbre y precariedad de los más vulnerables del país", advirtió.

La atención a las poblaciones vulnerables ha ido en descenso desde 2016, con un récord histórico mínimo de de asistencia social, aumentando en las familias toda la responsabilidad de la manutención de los necesitados, de acuerdo con el medio cubano.

Además, ha ido reduciendo el presupuesto destinado a los servicios sociales, con inversiones en salud pública y asistencia social que no llegan ni al 2% de los ingresos de la isla.

Para febrero del año pasado, la Seguridad Social despojó de sus pensiones no contributivas a miles de personas incapacitadas de trabajar y dejó sin ayudas a adultos mayores al cuidado de sus hijos y de otros familiates cercanos, según testimonios recogidos por el Diario de Cuba.

"Ahora se evade de la responsabilidad nacional para depositar la culpa en administraciones locales, aquellos que sin la voluntad del Estado nada mejor pueden hacer", indicó González.

Con esta medida, prevé un escenario "caótico" con la entrega de la asistencia social a administraciones provinciales y locales, de por si carentes de autonomía real y colmados de problemas sociales y demandas ciudadanas sin resolver.

"En un escenario de carencia, de incertidumbre extrema, de bajísimos ingresos personales asignados a jubilados y pensionados, el gobierno no podía desentenderse del grave e irresuelto problema que arrastran los componentes de la Seguridad Socia", enfatizó.

FUENTE: Con información del Diario de Cuba