¿Cuáles son algunos de los temas más espinosos en el "gran y hermoso" proyecto de presupuesto que se discute en el Senado?

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Nueva York – Los republicanos en el Senado han tenido que ajustar varias partes del proyecto de presupuesto que impulsan y que añadirá más de $2 billones de dólares a la deuda pública a pedido de la parlamentaria Elizabeth MacDonough.

La abogada es la intérprete de las reglas o la árbitro del Senado.

En el caso de las propuestas para el proyecto fiscal, MacDonough vela porque las medidas presentadas cumplan con los requisitos del proceso de reconciliación que permite aprobar legislación presupuestaria con una mayoría simple sin filibusterismo.

Esta semana, republicanos y demócratas discuten el contenido de la legislación ómnibus con miras a que el paquete sea aprobado antes del 4 de julio.

Venta de tierras públicas que propone senador Lee

Uno de los temas que más ha sonado en las últimas horas es la propuesta del republicano de Arizona, Mike Lee.

Bajo la legislación inicial del senador, se proponía vender 3.3 millones de acres de tierras del Servicio Forestal de Estados Unidos (USFS) y de la Oficina de Administración de Tierras (BLM) en unos 11 estados.

Sin embargo, la árbitro del Senado decidió que la disposición no podía avanzar en el proceso de reconciliación presupuestario debido a los límites de la llamada “Byrd Rule” o regla Byrd.

La regla busca garantizar que la reconciliación se utilice para cambios presupuestarios y no para modificar políticas que no están directamente relacionadas con el tema fiscal.

En respuesta, el republicano reconoció que la regla Byrd limita lo que puede incluirse en el proyecto de ley, pero dijo que estaba haciendo todo lo posible para apoyar la agenda del presidente Donald Trump y adelantar la medida.

En un mensaje en la red social X, Lee argumentó que su intención es atender el problema del alto costo de vivienda.

Añadió que reduciría significativamente la cantidad de tierras en el proyecto de ley para limitarla únicamente a terrenos dentro de un radio de 8 kilómetros de un centro poblacional.

Por otro lado, indicó que buscaría establecer zonas francas para garantizar que las tierras beneficien a las familias estadounidenses.

Afirmó además que su legislación protegería a agricultores, ganaderos y otros grupos.

En oposición a la medida, organizaciones como Center for American Progress han planteado que no incluye barreras significativas que impidan que terrenos públicos valiosos se vendan para construir viviendas de lujo, destinos vacacionales costosos, comunidades de golf exclusivas y otros desarrollos.

Otros críticos señalan que la única intención de la propuesta es costear la reforma contributiva del presidente.

SNAP

En el caso de SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementario), MacDonough alertó sobre el plan de los republicanos de pasar parte del costo a los estados.

De acuerdo con el reporte de The Hill, la parlamentaria está abierta a revisar la más reciente propuesta de la mayoría tras rechazar una inicial durante el fin de semana.

A grandes rasgos, la provisión le requeriría a los estados pagar una parte considerable de los beneficios para asistencia alimentaria a menos que reduzcan la tasa de error en la otorgación por debajo del 6%.

Mientras el presidente del comité de Agricultura del Senado, el republicano de Arkansas,
John Boozman sostiene que MacDonough aceptó el lenguaje revisado, un portavoz del comité aclaró que la funcionaria fue responsiva al cambio pero que no ha tomado una decisión.

“Está intacto. Hay muy pocos cambios. Simplemente les da a los estados más información con la que trabajar, pero en cuanto a cómo afecta al programa o a su funcionamiento, es igual. De nuevo, les da a los estados un poco más de flexibilidad y un poco más de información”, declaró Boozman al referido medio.

Aunque la propuesta del Senado no incluye recortes directos al programa, se ha alertado que disposiciones como la limitación de los aumentos anuales en el Thrifty Food Plan (TFP), tendría impacto en el monto de los beneficios, no solo de SNAP, sino del programa reducido conocido como PAN (Programa de Asistencia Nutricional) que aplica a los ciudadanos en Puerto Rico.

En la versión de la Cámara, se incluyó el cambio al TFP.

Medicaid

En cuanto al tema de Mediciad, al igual que en la versión de la Cámara, la propuesta en el Senado también establecería requisitos federales de trabajo.

En específico, las personas de entre 19 y 64 años que soliciten Medicaid o estén inscritas a través del grupo de expansión de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) deberán trabajar o participar en actividades laborales durante 80 horas al mes.

Los adultos pueden estar exentos bajo ciertas circunstancias como tener hijos a cargo o alguna condición médica.

La versión del Senado, sin embargo, propone limitar las exenciones a los padres que tengan hijos menores de 14 años, en lugar de a todos los padres con hijos dependientes.

Los requisitos de empleo no aplicarían a territorios como Puerto Rico.

Créditos para energía solar

Otro tema en debate son los incentivos para energía solar residencial.

El senador republicano de North Dakota, Kevin Cramer, dijo este martes que podrían traer de vuelta el tema de los créditos fiscales para energía solar en techos que se habían eliminado de las versiones anteriores.

Entre los créditos que habían sido eliminados hay uno de 30% para los propietarios que instalen estos sistemas de energía limpia (Investment Tax Credit o ITC) en sus residencias.

Aunque para los dueños de viviendas el ITC reduciría drásticamente el costo de la energía solar, según lo contenido en el “gran y hermoso proyecto de ley” (One Big Beautiful Bill o OBBB) de Trump, se eliminarían gradualmente o en un plazo de 180 días ciertos elementos del ITC, y el resto de los créditos a partir de finales de este año, con la eliminación total de los incentivos para las empresas a finales de 2027.

“Para ponerlo en perspectiva: incluso un proyecto solar ‘simple’ actualmente demora hasta seis meses, lo que hace que un período de reducción gradual tan breve como este sea extremadamente disruptivo”, explica el reporte de Fortune.

Las acciones de las empresas de energía solar residencial se han visto afectadas desde que trascendió la discusión sobre el recorte en estos créditos.

De acuerdo con Reuters, los senadores están trabajando para ajustar la “rampa de salida” para la eliminación gradual de los créditos fiscales.

Las “Zonas de Oportunidad en Puerto Rico”

En el caso de Puerto Rico, un asunto de mayor preocupación es la designación plena de “Zonas de Oportunidad”.

Estas zonas fueron creadas bajo Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017 con el objetivo de atraer la inversión privada en áreas desfavorecidas económicamente.

Las Zonas de Oportunidad son áreas geográficas designadas de esa manera para incentivar el desarrollo económico a través de beneficios fiscales a inversores.

La propuesta que está considerando el Senado reduciría del 98% al 25% las áreas en la isla que pueden considerarse como zonas de oportunidad acorde con la legislación federal. De aprobarse el plan, Puerto Rico deberá seguir el proceso de solicitud que siguen los estados.

En respuesta, el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández, solicitó formalmente este martes al Comité Conjunto de Asuntos Contributivos (JCT) que evalúe el impacto económico de la propuesta del Senado.

De acuerdo con el congresista, la medida, contenida en la Sección 70421 del proyecto de reconciliación del Comité de Finanzas del Senado, revocaría la disposición especial que designó automáticamente todas las comunidades de bajos ingresos en Puerto Rico bajo ese renglón.

“Esto es una cuestión de gobernanza buena y responsable”, planteó Hernández Rivera en un comunicado. Añadió: “Antes de modificar una política como esta, el Congreso debe conocer sus efectos”.

El comisionado residente reiteró su disposición a colaborar con la gobernadora en defensa de la designación adoptada tras el huracán María en el 2017. “La semana pasada contactamos a la oficina de Puerto Rico en Washington y mantenemos nuestra disposición de colaborar por el bien de Puerto Rico. El Gobierno es el ente mejor posicionado para proveer la información necesaria para defender medidas como esta”, expuso el comisionado residente.

La Administración de la gobernadora Jenniffer González al momento no ha rechazado el plan del Senado sobre las “Zonas de Oportunidad de Puerto Rico”.

No todo es oposición

El presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republicano de Idaho, Mike Crapo, defendió el plan presupuestario de la mayoría bajo el argumento de que evitará un aumento de impuestos de más de $4 billones de dólares y hará permanentes los recortes de impuestos de Trump de 2017, al tiempo que otorga a las familias y empresas estadounidenses certeza para invertir y planificar el futuro.

En un comunicado este martes, el líder republicano destacó el respaldo de individuos y corporaciones al contenido de la legislación, entre los que se encuentran la Cámara de Comercio de EE. UU., la Asociación Nacional de Fabricantes, la Asociación Nacional de Restaurantes y Estadounidenses para la Reforma Fiscal.

“El Senado ha tomado el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes y ha fortalecido las políticas que más contribuyen al aumento de la inversión nacional, la creación de empleo y el crecimiento salarial. En particular, el Senado prioriza el restablecimiento permanente de tres políticas fiscales cruciales. Estas reformas no solo son fundamentales para un código tributario competitivo, sino que también brindan la certeza y la estabilidad que las empresas y los trabajadores necesitan para fomentar las inversiones de capital importantes a largo plazo que impulsan el crecimiento económico y las oportunidades para todos los estadounidenses”, dijo Neil Bradley, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de EE. UU. según citado en el comunicado de Crapo.

Por su parte, Jay Timmons, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes, catalogó como de beneficio para su sector las medidas incluidas.

“Al preservar el conjunto completo de políticas procrecimiento de la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos, este proyecto de ley representa un gran avance para la manufactura en Estados Unidos”, expuso.

Sean Kennedy, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Restaurantes, entiende que el Senado incluyó en su proyecto de ley las principales prioridades que los operadores de restaurantes necesitan para impulsar sus economías locales.

“La inclusión de una deducción permanente de ingresos comerciales calificados 199A, la deducción total de las inversiones de capital y la devolución de la depreciación y amortización en el cálculo de los gastos por intereses comerciales han sido nuestras principales prioridades fiscales durante más de dos años. También nos complace ver que se incluyen muchas otras políticas, como la exención de impuestos sobre las propinas y las horas extras. Agradecemos el trabajo realizado para que el proyecto de ley llegue a este punto e instamos al Senado a aprobar esta legislación para apoyar a la industria restaurantera”, detalló.

Mike Palicz, director de Americans for Tax Reform, destacó que el paquete cumple con la promesa de campaña del presidente Trump de hacer permanentes las reducciones de impuestos de 2017.

“El paquete fiscal del Senado mejora el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes al hacer permanentes las reducciones de impuestos más favorables al crecimiento, lo que impulsa considerablemente el crecimiento económico y aumenta el salario neto de los hogares estadounidenses”, defendió.