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hace 10 horas
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La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó el lunes al gobierno del presidente Donald Trump reanudar sus operaciones contra la inmigración ilegal en el sur de California.
Un tribunal federal en julio y luego una corte federal de apelaciones en agosto, ambos movidos por una clara tendencia neoliberal habían prohibido hasta nuevo aviso a la policía federal de inmigración (ICE) detener en Los Ángeles y su región a inmigrantes ilegales, delincuentes, y personas con órdenes de deportación.
Las redadas defederales, que también las hicieron de forma masiva los expresidentes Barack Obama y Joe Biden, siguen enfrentando la propaganda difamatoria de los medios de ultraizquierda del país y de los activistas y congresistas radicales. Pero nunca lo hicieron cuandos las administraciones de Obama y Biden.
En Los Ángeles, el gobernador de California, Gavin Newsom y la alcaldesa Karen Bass, ambos socialistas, permitiron que grupos pagados por la izquierda radical cometieran delitos y actos vandálicos en esa ciudad, además de tomar las calles y principales vía de acceso.
Tras el enorme caos con el consentimiento de sus dirigentes estatales en California, el presidente de Estados Unidos Donald Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional.
Crisis de seguridad nacional creada intencionalmente por la izquierda
Los tribunales de primera instancia y luego de apelación consideraron estas detenciones contrarias supuestamente a la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege a las personas ciudadanas y con estatus legal de arrestos, registros o cacheos arbitrarios al exigir como mínimo "una sospecha razonable".
La Enmienda constitucional citada no se refiere en ningún momento a la defensa de ilegales.
Pero la Corte Suprema (nueve jueces en total) levantó el lunes esa suspensión, contra el criterio de los tres progresistas, hasta que el tribunal de apelaciones se pronuncie sobre el fondo o hasta que ella misma intervenga.
El juez Brett Kavanaugh, expresó su apoyo y señaló que "la inmigración ilegal es particularmente pronunciada en la región de Los Ángeles y es una situación insostenible, con una proporción de inmigrantes en situación irregular estimada en el 10% de la población.
Newson ha dispuesto recientemente millones de dólares de los contribuyentes de ese estado para regalar 1.000 dólares a familias de ilegales arrestados.
Los congresistas republicanos y el propio presidente Trump denuncian que la inmigración ilegal descontrolada a modo de invasión durante el gobierno de Biden pretendía fomentar el caos en toda la nación, cambiar los mapas de distritos electorales a favor de los demócratas y causar un gran daños a los sistemas públicos de los estados con el colapso financiero y de sus servicios, además de impulsar los delitos y la extrema violencia.
El asunto derivó en una grave crisis de seguridad nacional en el país, que la administración Trump ha detenido con el cierre de la frontera, pero aún quedan más de una decena de millones de personas en el país que pueden ser expulsadas, entre ellos cientos de miles de criminales, convictos, exconvictos y terroristas de diferentes regiones del mundo.
FUENTE: Con información de AFP.
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