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MIAMI. — La Comisión de Servicios Públicos de Florida ratificó un acuerdo integral de cuatro años que autoriza a Florida Power & Light (FPL) a ajustar sus tarifas base para financiar la expansión de su infraestructura solar y el fortalecimiento de la red eléctrica.
El organismo regulador dio el visto bueno a un plan consensuado entre la compañía y diversos grupos industriales que contempla inversiones millonarias y establece un marco de estabilidad de precios hasta 2029, aunque enfrenta la oposición de la Oficina del Defensor Público por los costos que asumirán los usuarios residenciales a partir del próximo ciclo.
Impacto y competitividad nacional
Los clientes residenciales verán reflejado este acuerdo en sus facturas a partir de enero de 2026.
Para un usuario típico con un consumo de 1.000 kilovatios-hora, el ajuste en la tarifa base representará un incremento aproximado de 2.50 dólares mensuales.
La empresa eléctrica enfatizó que, incluso con esta actualización, las tarifas de sus abonados permanecerán por debajo del promedio nacional, un factor que resulta clave para la economía familiar frente a la inflación.
Este escenario surgió tras una negociación en la que FPL aceptó reducir su solicitud inicial de ingresos, lo que modera el impacto económico directo sobre los hogares en comparación con la propuesta original presentada a principios de año.
Nueva apuesta
El plan aprobado asegura los recursos financieros necesarios para acelerar la transición energética del estado y modernizar el sistema de distribución.
El esquema tarifario incluye partidas específicas y mecanismos de ajuste en 2028 y 2029 destinados a la construcción de nuevos centros de energía solar y sistemas de almacenamiento por baterías.
Organizaciones ambientales como la Southern Alliance for Clean Energy respaldaron el convenio al considerar que fomenta la descarbonización de la matriz energética.
FPL dijo que estas inversiones resultan cruciales para mantener la alta fiabilidad del servicio ante la creciente demanda poblacional y los desafíos climáticos que enfrenta la región.
Divergencias
Sin embargo, la validación del acuerdo generó un intenso debate sobre el equilibrio entre rentabilidad empresarial y protección al consumidor.
Aunque la votación final de la Comisión fue unánime, el comisionado Andrew Fay expresó ciertas reservas sobre términos específicos del pacto durante la deliberación.
La principal objeción provino de la Oficina del Defensor Público, entidad que optó por no suscribir el acuerdo al considerar que la rentabilidad garantizada a los accionistas, fijada en un 10,95 por ciento, es vista como elevada frente a las condiciones del mercado.
Representantes de los consumidores anticiparon una posible revisión del caso ante el Tribunal Supremo de Florida, donde buscarán que se evalúe si el convenio cumple plenamente con los estándares legales.
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