Columbia caminó por la cuerda floja en su camino hacia un acuerdo de 200 millones de dólares con Trump

Una vista del campus principal de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, Nueva York, EE. UU. REUTERS/Caitlin Ochs

Justo después del Día de los Caídos, Claire Shipman, presidenta interina de la Universidad de Columbia, visitó a Linda E. McMahon, secretaria de educación del presidente Trump. La institución y la administración Trump se encontraban en un punto muerto por el antisemitismo en el campus, y la mayor parte de los 1.300 millones de dólares en fondos federales para investigación de Columbia estaban en peligro.

Fue una reunión difícil, pero hubo momentos sorprendentemente colaborativos. La Sra. McMahon dijo que no le interesaba destruir la universidad. Empatizó con lo difícil que era dirigir una gran organización. Quería hablar de temas más allá del antisemitismo, como la necesidad de tolerar diversas voces en los campus.

En lugar de desestimar esas preocupaciones de plano, la Sra. Shipman, experiodista y copresidenta del consejo directivo de Columbia antes de asumir la presidencia interina, escuchó.

Fue un momento revelador que contribuyó a los trascendentales acontecimientos del miércoles.

Esa noche, se reveló que Columbia y la administración Trump habían llegado a un acuerdo que permite que cientos de millones de dólares de fondos federales para investigación vuelvan a fluir a Columbia. El acuerdo pone fin a las investigaciones de derechos civiles sobre antisemitismo en la universidad. A cambio, Columbia pagará una multa de 200 millones de dólares al gobierno y 21 millones adicionales para resolver las demandas por discriminación laboral. Un monitor independiente informará al gobierno sobre el cumplimiento del acuerdo por parte de la universidad.

La presidenta de la Universidad de Columbia, Claire Shipman, habla durante la ceremonia de graduación de la Universidad de Columbia en el campus principal de la universidad, en Manhattan, Nueva York, EE. UU., el 21 de mayo de 2025. REUTERS/Jeenah Moon/Pool

Aunque hubo aspectos en los que no coincidieron, la Sra. Shipman y otros líderes de Columbia coincidieron en gran medida con Washington en que existía un problema de antisemitismo en el campus. Según una encuesta reciente encargada por Columbia, el 62 % de los estudiantes judíos del año pasado afirmaron no sentirse aceptados por su identidad religiosa en la universidad. Algunos consideraban que también existía un problema más amplio de intolerancia, ya que demasiadas personas optaban por excluir, en lugar de interactuar, con otros puntos de vista.

Así pues, la Sra. Shipman buscó lo que llamó las “semillas” de la verdad en los asuntos citados por la Casa Blanca, incluyendo lo que percibía como una ortodoxia académica en el campus o la incapacidad de escuchar otras voces. Ella y otros líderes de Columbia se convencieron de que podían negociar un acuerdo con Trump para abordar los aspectos del campus que, según ellos, estaban rotos, siempre y cuando no traspasaran sus límites ni comprometieran la libertad académica.

El acuerdo fue inmediatamente criticado por muchos, tanto dentro como fuera de Columbia, por considerarlo una cesión ante la administración Trump. La misma táctica de retener fondos para investigación científica para presionar a Columbia por los disturbios en el campus probablemente era ilegal, según dictaminó un juez de Massachusetts. Sin embargo, algunos en el campus, en particular aquellos preocupados por el futuro de la investigación científica, aplaudieron el acuerdo, con la esperanza de que permitiera a Columbia recuperar su estabilidad.

Manifestantes pro-palestinos se manifiestan frente al campus principal de la Universidad de Columbia durante la ceremonia de graduación en Manhattan. REUTERS/Jeenah Moon/Foto de archivo

“Entiendo perfectamente el deseo de una narrativa simple: capitulación versus valentía, o hablar versus luchar”, declaró la Sra. Shipman en una entrevista con The New York Times el miércoles. “Miren, como experiodista, me inclino por esos temas. Pero supongo que todos sabemos que las situaciones de la vida real son profundamente complejas. Y realmente diría que proteger nuestros principios, lenta y cuidadosamente mientras estabilizamos la institución, también requiere valentía y está lejos de ser una capitulación”.

Este relato de cómo y por qué Columbia decidió llegar a un acuerdo con la administración Trump en lugar de litigar se basa en entrevistas con seis personas con conocimiento de las negociaciones, la mayoría de las cuales hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar de conversaciones privadas.

Columbia ha enfrentado disturbios en el campus desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. El estallido de sentimiento del lado pro-palestino, que aprovechó el momento como una oportunidad para pedir la liberación de Palestina, tomó a muchos por sorpresa. A las pocas semanas de los atentados, mientras los estudiantes judíos e israelíes aún lloraban a sus muertos, estallaron en el campus enfrentamientos a gritos entre estudiantes proisraelíes y propalestinos, acusándose mutuamente de apoyar el genocidio.

El movimiento estudiantil propalestino de Columbia galvanizó el campus, logrando el apoyo de miles de personas. La mayoría de los estudiantes que votaron en referendos no vinculantes apoyaron la desinversión en Israel, cuyas bombas caían sobre Gaza. Sin embargo, algunos estudiantes judíos se sentían cada vez más aislados y asustados. Cánticos como “no queremos sionistas aquí” parecían dirigidos a ellos personalmente.

Minouche Shafik, entonces presidenta de Columbia, no pudo controlar el creciente activismo estudiantil y se negó a llegar a un acuerdo con los manifestantes para desinvertir. Decretó el cierre del campus y llamó al Departamento de Policía dos veces para poner fin a las manifestaciones. Apenas unas semanas antes del inicio del nuevo año académico, en agosto de 2024, dimitió. Aun así, los problemas de Columbia siguieron siendo en gran medida un asunto interno, hasta que el presidente Trump fue elegido.

La presidenta de la Universidad de Columbia, Nemat "Minouche" Shafik. REUTERS/Ken Cedeno

El 7 de marzo, el gobierno federal canceló o congeló más de 400 millones de dólares en fondos de investigación, argumentando que Columbia ya no cumplía los requisitos para recibir el apoyo debido a su presunta tolerancia al acoso antisemita en el campus. Fue la primera universidad en ser sancionada de esta manera. Harvard, Cornell y Northwestern le siguieron poco después. Un grupo de trabajo sobre antisemitismo que Trump reunió tras llegar a la Casa Blanca emitió una lista de nueve demandas que reflejaban las peticiones de algunos grupos judíos en el campus, solicitando más restricciones a las manifestaciones, mayor supervisión académica y una disciplina más estricta.

La junta directiva de Columbia, compuesta por 21 miembros, en consulta con los abogados de la universidad, decidió negociar. Los abogados informaron a la junta que demandar probablemente traería beneficios a corto plazo, pero que el gobierno aún podría excluir a Columbia de la consideración para futuras subvenciones. Esto generaría una situación extremadamente inestable, que pondría en riesgo miles de millones de dólares de importantes fondos de investigación.

Durante la presidencia interina de Katrina Armstrong, la junta llegó a un acuerdo con el que consideró viable. La universidad modificó cada exigencia de forma que no comprometiera sus valores fundamentales ni la independencia académica.

En lugar de una prohibición total del uso de mascarillas, por ejemplo, se exigiría a los manifestantes enmascarados que mostraran una identificación cuando se les solicitara. En lugar de someter al departamento de Estudios de Oriente Medio a administración judicial, una medida que eliminaría su independencia, un nuevo vicerrector revisaría el trabajo del departamento, junto con el de otros departamentos.

“Si podemos hacer algo que ya teníamos pensado hacer sin tener que litigar y restaurar lo que nos importa aquí, ese es, en nuestra opinión —o en la mía—, el mejor camino”, declaró Keith Goggin, miembro del consejo, en una asamblea pública del senado universitario en primavera. “Y quizá no podamos seguir ese camino, pero ahí estamos hoy”.

La secretaria de Educación de Estados Unidos, Linda McMahon. REUTERS/Jonathan Ernst

La Sra. McMahon, secretaria de educación, afirmó públicamente que Columbia iba por buen camino. Sin embargo, días después, la Dra. Armstrong fue duramente criticada por cómo describió el acuerdo en una reunión privada del profesorado. Una transcripción de la reunión se filtró a los medios, insinuando que estaba minimizando su compromiso con cambios reales. A los pocos días, renunció y la Sra. Shipman la sucedió.

A principios de abril, la Casa Blanca presentó a Columbia los términos de un decreto de consentimiento, un plan de mejora del rendimiento legalmente vinculante que generalmente implica una orden judicial y que dejaría a Columbia bajo supervisión federal durante los próximos años. El plan, mucho más estricto que el acuerdo final, se filtró a la prensa y se presentó como inminente, a pesar de que las negociaciones continuaban.

El 11 de abril, Harvard publicó su propia carta de la Casa Blanca, que exigía aún más a la universidad que recuperara miles de millones de dólares en financiación para la investigación. Sintiendo que su independencia estaba en juego, Harvard declaró que demandaría, no negociaría. De repente Washington tuvo ante sí una situación más urgente y cambió su enfoque.

El tiempo extra ayudó a Columbia a consolidar su estrategia de negociación. A medida que se retiraban miles de millones de dólares de Harvard y se ponía en duda su capacidad para matricular estudiantes internacionales, lo que estaba en juego se hizo evidente. También se hizo evidente internamente en Columbia que el golpe a su iniciativa científica era mucho mayor que los 400 millones de dólares originales.

Columbia ahora afirma que la mayor parte de sus 1300 millones de dólares en subvenciones federales anuales se había congelado o suspendido. También se le prohibió a la universidad competir por nuevas subvenciones. En mayo, cerca de 180 personas fueron despedidas. Cada día, los científicos recibían nuevas ofertas y tenían la incertidumbre de si Columbia seguiría siendo un centro de investigación importante.

El gobierno continuó aumentando la presión, abriendo nuevas investigaciones sobre violaciones de los derechos civiles contra estudiantes judíos en Columbia. A finales de mayo, el gobierno federal declaró a Columbia violando las normas de derechos civiles por “actuar con deliberada indiferencia” ante el acoso a estudiantes judíos. En junio, el Departamento de Educación envió una carta al organismo que otorga a Columbia y otras escuelas un sello vital de aprobación (la acreditación) y advirtió que la universidad podría perder esa credencial vital, clave para recibir ayuda federal para estudiantes.

Manifestantes pro-Israel cantan el himno nacional de Israel frente a la Universidad de Columbia. REUTERS/Mike Segar

Todos estos eran problemas muy reales que debían resolverse con el gobierno.

“Pensamos que tenía sentido seguir dialogando mientras se lograran avances”, dijo la Sra. Shipman.

Mantuvo múltiples conversaciones con la Sra. McMahon y miembros de su personal, según una persona con conocimiento de las conversaciones. La Sra. Shipman también habló con abogados de las agencias que integran el grupo de trabajo sobre antisemitismo de la administración Trump, así como con representantes de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia.

La Sra. Shipman trabajó con los fideicomisarios y un pequeño equipo académico que reunió. Este incluía a un experto en negociación, quien les indicó que es posible llegar a un acuerdo, incluso con un oponente con el que se tienen profundas diferencias, siempre que se mantengan los principios fundamentales.

El trabajo fue minucioso. “En realidad, es un acto de equilibrio”, dijo la Sra. Shipman, aproximadamente una semana antes de que se anunciara el acuerdo. “Queremos este acuerdo, lo necesitamos. Queremos recuperar una buena relación con el gobierno y volver a ser un socio de investigación. Y, sin embargo, debemos proteger algunos aspectos fundamentales de nuestra identidad como institución”. Se selló un acuerdo.

Pareció producirse un avance en las negociaciones cuando la Casa Blanca propuso multas monetarias para ayudar a resolver las quejas sobre derechos civiles. Las partes también acordaron nombrar a un monitor independiente, a quien elegirían mutuamente. El monitor garantizaría el cumplimiento de los términos del acuerdo.

Columbia adoptó un enfoque práctico respecto a la enorme tarifa del acuerdo. El dinero era menos importante que los valores fundamentales: Columbia consideraba que este acuerdo no dictaría quién enseña, qué enseña ni qué estudiantes son admitidos.

“No se trata de una cantidad de dinero que nos quiebre, pero los valores fundamentales son la clave”, dijo un alto administrador académico de Columbia involucrado en las negociaciones.

La presidenta de la Universidad de Columbia, Claire Shipman. REUTERS/Jeenah Moon/Pool

A juicio de los negociadores de Columbia, gran parte de lo acordado —el compromiso de respetar las leyes de derechos civiles y no participar en prácticas ilegales de diversidad— habría sido necesario de todos modos bajo la administración Trump. La mayoría de las reformas internas, como la centralización del control disciplinario estudiantil y el nombramiento de al menos 36 agentes de seguridad con facultades de arresto, son cambios a los que ya se habían comprometido.

Para la semana pasada, se estaba cerca de un acuerdo. Un equipo de funcionarios y abogados de Columbia, incluida la Sra. Shipman, se reunió en una sala de recepción diplomática de la Casa Blanca durante una hora con May Mailman, estratega política, y otros funcionarios de Trump para discutir algunos detalles finales.

“El daño a Columbia no fue especulativo. Fue real y real”, declaró Jeh Johnson, copresidente de la junta y secretario de Seguridad Nacional durante la administración Obama.

“Sin una resolución con el gobierno, nos enfrentábamos a la pérdida de nuestra actividad de investigación tal como la conocemos, incluyendo la salida de nuestros mejores científicos y, sin duda, más despidos”, declaró el Sr. Johnson. “Teníamos que detener la hemorragia”.

© The New York Times 2025.