.png)
hace 15 horas
3
Una de las plantas de la empresa en Avellaneda, Santa Fe, donde nació (Pablo Lupa)Es una historia larga y con polémicas varias. Tiene damnificados económicos y unos 1.000 empleados con muchas dudas. También una trama judicial compleja, una deuda multimillonaria que generó el concurso de acreedores más grande de la historia argentina, muchos intereses detrás y hasta un banderazo nacional como protesta porque, claro, la política metió la cola.
Como sea, la historia de Vicentin, la casi centenaria agroexportadora argentina que el kirchnerismo quiso expropiar en plena pandemia, tuvo accionistas con vínculos cercanos con el macrismo, llegó a ganarle en exportaciones a todas las multinacionales del sector y facturar USD 4.300 millones por año, entró en default y quedó al borde de la quiebra, ahora parece encaminar su destino en medio de pujas corporativas y rumores.
El caso está en la Justicia desde hace varios años y ahora atraviesa un cramdown, un salvataje que es el proceso previo a la quiebra en el que terceros pueden ofertar para quedársela. Esta última chance de supervivencia venció el viernes y enfrenta a dos pesos pesados: Grassi, una histórica cerealera santafesina; y Molinos Agro junto a Louis Dreyfus Company (LDC), la asociación de la rama rural del Grupo Pérez Companc con la multinacional de origen francés.
En 2020 hubo banderazo nacional en contra de la expropiación que propuso Alberto Fernández (Leo Galletto)La disputa por el control se intensificó en las últimas horas, cuando los dos grupos económicos afirmaron haber reunido las mayorías exigidas por el proceso de cramdown para quedarse con la compañía. Cada uno lo hizo bajo criterios diferentes y con cuestionamientos cruzados sobre la legitimidad de los apoyos obtenidos. Grassi hizo la primera presentación y sólo por eso podría ser el ganador, pero su contendiente impugnó una parte de sus avales. Decidirá desde el lunes el juez Fabián Lorenzini, titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de Reconquista, Santa Fe.
El viernes por la tarde, el directorio de Grassi comunicó que la empresa había alcanzado y superado ampliamente las mayorías exigidas por el cramdown, lo que, según su postura, la habilita legalmente para tomar el control de la firma en crisis. Recordaron su participación activa desde el inicio del default de Vicentin, hace más de cinco años, y su rol en la búsqueda de una solución que permitiera honrar las deudas y reparar el daño sufrido por productores y acreedores.
Casi en paralelo, aunque minutos más tarde, Molinos Agro y LDC informaron que también superaron los requisitos de adhesión y remarcaron que sus apoyos eran de “acreedores legítimos”. Esta distinción surge porque ambos grupos impugnaron la validez de asociados de Grassi, lo que profundizó la controversia sobre la composición de las mayorías.
“Las presentaciones ya se hicieron, los síndicos dijeron que el juez no tenía que abordar ese tema hasta que terminara el período de conformidades. El lunes, el juez hará las verificaciones y se expedirá sobre las impugnaciones planteadas”, le aseguraron a Infobae representantes de las empresas. Ambas afirman que obtuvieron más de 1.200 adhesiones y que superaron los dos tercios de capital en cada categoría de acreedores legítimos.
El puerto que ya tiene Molinos Agro en San Lorenzo, Santa FeDías antes, Molinos y LDC habían solicitado la exclusión del proceso de Grassi y su vinculada Commodities (porque dijeron que había autovoto, algo que impediría la Ley de Quiebras); del fondo Avir South, controlado por Cima Investments, de Esteban Nofal (que, argumentaron, que en parte está fondeado en parte por la familia Grassi); y de Vicentin Paraguay. Sin ellos en la cuenta final, dicen, Grassi no alcanza los números requeridos.
“Además, Nofal no votó por nuestra propuesta aunque era mejor. Debió hacerlo, fue contra su propio beneficio. Está claro que es parte interesada. Veremos qué dice el juez el lunes. Seguimos recibiendo conformidades anoche y tenemos aún más adherentes. Creemos que ganamos porque las impugnaciones y exclusiones que planteamos son correctas. Nosotros hicimos lo que había que hacer, conforme a la ley”, destacaron desde ambos lados de la puja.
El titular de Cima Investments, uno de los hijos de Luis Nofal, el histórico socio de Carlos Ávila en Torneos y Competencias, acaba de comprar Celulosa Argentina por 1 dólar, y el año pasado se quedó con la deuda que tenían en Vicentin varios bancos internacionales.
“La ley habla de quien llega primero, esto no fue una licitación ni una competencia. Era una carrera por las mayorías y ganamos. La sindicatura puso la lista de acreedores y los porcentajes a alcanzar. La gran mayoría nos apoyó”, destacó en diálogo con Infobae Mariano Grassi, vicepresidente y CEO de la empresa homónima. La empresa dice que sumó el 85% del capital y el 65,5% de los acreedores a su propuesta.
“Las impugnaciones fueron hechas para disuadir que nos voten, pero no lo lograron. Deberían hacerlas después, además, pero no hay chances que no tengamos los números, se cuente como se cuente. Va a haber una resolución rápida y esperamos tener el control de la compañía pronto”, agregó.
Mariano Grassi
Grassi aseguró que siempre apostaron por la continuidad de Vicentin, no por su desguace, y por sumar más competencia al sector. “Las impugnaciones de la otra parte me preocupan cero, ganamos de todas maneras. La gente de Vicentin quiere dejar de sufrir y volver a la normalidad. Vamos a invertir en todas las plantas y seguir invirtiendo. Nada se cierra, nadie se va”, destacó el empresario.
La opción de Molinos Agro y LDC fue optimizada en los últimos días antes del cierre del plazo del viernes. El esquema contempla el pago total del 100% de las acreencias menores a USD 130.000 a los 30 días de la homologación judicial, cifra que incluye a casi el 80% de los acreedores reconocidos. Para los créditos de entre USD 130.000 y USD 400.000, se ofreció abonar el 50% de la deuda a los 30 días, el 55% en un plazo de tres años o el 70% en diez años, siempre con un interés anual del 4 por ciento. Para las deudas de más de USD 400.000, el plan incorporó un anticipo de USD 25.000 en efectivo al mes de la homologación, junto a un pago del 40% en el plazo de una década y la opción de capitalización en acciones preferidas.
Este modelo otorga además un pago complementario eventual sujeto a quebrantos fiscales. El volumen total de desembolsos propuesto se estima en USD 350 millones destinados a los acreedores, más otros USD 300 millones orientados al capital de trabajo, los pasivos post-concursales y el relanzamiento de las plantas industriales de Vicentin.
Los representantes de Molinos Agro y LDC señalaron que sus planes incluyen preservar aproximadamente 1.100 puestos de trabajo, ejecutar inversiones por entre USD 50 y USD 70 millones y mantener acuerdos operativos vigentes, algunos logrados con la Unión Agrícola Avellaneda para el denominado Nodo Norte.
Vicentin tiene unos 1.000 empleados (Pablo Lupa)Del otro lado, la propuesta de Grassi se mantuvo como la primera alternativa formalizada en el proceso judicial, orientada a evitar la quiebra y tomar el control empresario sobre Vicentin. El plan presentado contempló la conversión de todos los créditos verificados a dólares, al tipo de cambio de $60,78 vigente al inicio del concurso preventivo. Ofreció un menú de opciones de cobro adaptado a distintos perfiles de acreedores.
Entre los productores y recibidores de granos, el esquema propuso entregas de soja a lo largo de diez años, con un sobreprecio de USD 10 por tonelada y hasta un 200% de recupero del crédito en dólares, apoyo mediante fideicomisos con recuperos entre 80% y 120%, y anticipos de efectivo inmediatos por hasta el 50% del monto reclamado.
En junio de 2020, en plena pandemia, el expresidente Alberto Fernández anunció por decreto la intervención de la empresa y propuso su expropiación, citando deudas impagas y el riesgo para la soberanía alimentaria. Un año antes, la compañía se había declarado en “estrés financiero” y esa situación avanzó con cierre de fábricas, cientos de trabajadores en ascuas y un pasivo de más de 1.400 millones de dólares. Fue muy polémico y cuestionado un préstamo que le había otorgado el Banco Nación durante la gestión de Cambiemos.
El poderío de Vicentin comenzó a cimentarse en 1929 en las ciudades santafesinas de Avellaneda y Reconquista de la mano de tres hermanos –Máximo, Pedro y Roberto Vicentin, que habían emigrado desde Italia una década antes– y llegó a convertirse en uno de los principales exportadores de granos y de carne vacuna del país.
El emprendimiento prosperó y, en 1937, se transformó en una planta desmotadora de algodón, a la que se sumó una pequeña fábrica de aceite. En aquellos años, la soja aún no formaba parte de la producción local, la molienda se centraba en algodón, lino y maní.
El salto hacia la agroexportación se produjo en 1979, cuando Vicentin construyó una nueva planta de extracción en San Lorenzo, a orillas del río Paraná. Luego se asoció a la multinacional Glencore para construir una de las primeras plantas de biodiésel del país, Renova, en un contexto en el que la soja ya dominaba la producción agrícola argentina y puso en marcha una planta de bioetanol de maíz en Avellaneda. Es la más grande del mundo en su tipo y la inauguró Cristina Kirchner.
Una reunión de junio de 2020 en Olivos entre el entonces presidente Alberto Fernández, Omar Perotti, ex gobernador de Santa Fe, otros funcionarios y el director ejecutivo de Vicentín y uno de sus accionistas, Sergio Nardelli, quien iba a fallecer unos meses después (EFE/PRESIDENCIA DE ARGENTINA)
La segunda generación de la familia, representada por figuras como Alberto “Beto” Padoán –que luego presidió la Bolsa de Comercio de Rosario y fue procesado, y sobreseído, en la causa “Cuadernos”– impulsó la gran expansión del grupo y mantuvo vínculos con la política. La tercera generación familiar, que fue más audaz y menos conservadora, asumió un papel protagónico en la toma de decisiones, especialmente en la expansión financiada con endeudamiento. Entre sus miembros destacados estuvieron Sergio “el Mono” Nardelli, hijo de una Vicentin y sucesor de Padoán, así como Máximo (“Maxi”) y Cristian, hijos del expresidente de la Bolsa de Rosario. También se incluye allí a Gustavo Nardelli.
La propuesta de Fernández generó una fuerte reacción social y política. Hubo protestas masivas, particularmente en la provincia de Santa Fe, y la oposición criticó duramente la medida. Un mes después, ante el rechazo generalizado, el Gobierno retiró el decreto de expropiación, dejando el futuro de la empresa en manos de la Justicia. La empresa continuó con el concurso de acreedores que había iniciado a fines de 2019. En agosto de 2020 falleció de un infarto Sergio Nardelli, el CEO de Vicentin, y nieto del fundador de la empresa.
Entre 2021 y 2023, la causa avanzó en el fuero penal, y más de una docena de exdirectivos de la cerealera fueron imputados por estafa, acusados de fugas de dinero y lavado. El proceso judicial fue lento. La principal disputa se centró en el plan de pago que la empresa presentaba a sus acreedores en el marco del concurso preventivo. En un momento, el expediente incluso se extravió en la Corte Suprema de Santa Fe, lo que provocó una gran demora. Un año después, la Cámara de Apelaciones de Reconquista homologó un acuerdo preventivo que Vicentin había logrado con sus acreedores. Se consideraba un paso crucial para la salvación de la empresa, ya que la sacaba de la cesación de pagos.
Este mes llegó el cramdown y la causa penal por presunto fraude contra los exdirectivos también continúa en curso.
La definición sobre el futuro de Vicentin queda ahora en manos de la Justicia, que deberá evaluar las impugnaciones y determinar cuál de los grupos cumplió efectivamente con los requisitos legales para quedarse con la empresa. La decisión será crucial para el destino de la agroexportadora, sus trabajadores y los vínculos productivos que mantiene en el norte santafesino.
English (US) · 
Spanish (ES) ·