CBP lanza fuerte advertencia a todos los titulares de Green Card: esto dijeron las autoridades migratorias

CBP advirtió algo sumamente importante a los residentes permanentes. (REUTERS/Mike Blake)

La política migratoria en Estados Unidos permanece bajo un estricto escrutinio, especialmente en lo que respecta a los derechos y obligaciones de los titulares de la Green Card. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha recordado a los residentes permanentes legales la importancia de portar en todo momento la documentación que acredite su estatus migratorio.

“Siempre lleva contigo la documentación de registro de extranjero. No tenerla cuando te detiene una autoridad federal puede ser considerado un delito menor y conllevar multas”, informó CBP a través de X. El gobierno ha sostenido que toda persona en el país sin autorización es considerada criminal. Según estimaciones de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional, hasta el 1 de enero, en el país vivían aproximadamente 12,8 millones de personas con residencia legal permanente.

La obligación de portar la documentación identificatoria deriva de la Sección 264(e) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que tipifica como delito menor el no cumplimiento de este requisito. El no portar certificados o tarjetas de registro puede conducir a multas y eventualmente poner en riesgo el estatus migratorio, según la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

Existen varias alternativas para obtener la residencia legal permanente en Estados Unidos. (USCIS)

Obtener una Green Card, formalmente llamada “residencia permanente legal”, es un objetivo fundamental para muchos migrantes, debido a los derechos y posibilidades que otorga. Estados Unidos concede cerca de un millón de Green Cards cada año, aunque la demanda en el sistema supera ampliamente la oferta, lo que se traduce en retrasos significativos.

Dos tercios de estas tarjetas se asignan por vínculos familiares y el resto por motivos laborales o humanitarios. Los residentes permanentes pueden solicitar la ciudadanía tras cinco años, siempre que cumplan con los criterios legales y no incurran en delitos que los descalifiquen.

El sistema estadounidense, vigente desde 1965 y modificado en 1990, establece diversas rutas para acceder a la residencia legal. En el ámbito familiar, ciudadanos estadounidenses pueden patrocinar a cónyuges, hijos solteros menores de 21 años y padres sin límites anuales, mientras que otros familiares están sujetos a un tope anual de 226.000 plazas.

Los familiares de ciudadanos estadounidenses tienen más posibilidades de obtener la residencia legal permanente. (EFE/Iván Mejía)

En la vía laboral, existen 140.000 plazas disponibles cada año, repartidas en cinco categorías que abarcan desde trabajadores con habilidades extraordinarias y ejecutivos multinacionales, hasta profesionales calificados, empleados de agencias gubernamentales y personas que acreditan inversiones significativas en el país.

Como alternativa, la lotería de visas de diversidad concede 55.000 residencias legales anuales a personas originarias de países con baja representación migratoria en Estados Unidos. Además, la legislación contempla vías permanentes para refugiados y asilados, quienes pueden solicitar la residencia un año después de recibir el estatus correspondiente, sin límite numérico.

Las demoras y límites anuales en el procesamiento de solicitudes han generado listas de espera que afectan a millones de migrantes. Actualmente, existen 3,7 millones de solicitantes de Green Card por la vía familiar y 121.000 por la vía laboral aguardando resolución.

Aunque las autoridades estadounidenses otorgan miles de documentos de residencia al año, la cifra sigue por debajo de la demanda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esto se suma la restricción por nacionalidad: ningún país puede recibir más del 7% anual de las visas familiares y laborales, lo que prolonga los tiempos de espera para nacionales de países con mayor demanda, como India y China.

También existen programas de alivio humanitario como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que otorgan permisos de residencia o trabajo temporales a ciudadanos de países afectados por crisis o a ciertos grupos de jóvenes inmigrantes.

Estas medidas cubren solo a una parte de los migrantes y no suponen un acceso directo a la residencia permanente, aunque proporcionan protección frente a la deportación durante el periodo de vigencia del programa.