CBO confirma que cambios en "Thrifty Food Plan" para SNAP y PAN en proyecto de presupuesto republicano tendrán efecto en Puerto Rico

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Nueva York – En una carta a congresistas, el director de la CBO (Oficina de Presupuesto Congresional) confirmó que la provisión en el proyecto de presupuesto, aprobado en la Cámara de Representantes la semana pasada que limita los aumentos anuales en el Thrifty Food Plan (TFP), también tendría efecto en los beneficios del PAN (Programa de Asistencia Nutricional) que reciben los ciudadanos en territorios como Puerto Rico.

En la misiva con fecha del 22 de mayo, Phillip L. Swagel precisa que la Sección 10001 del plan fiscal al que le dieron paso los republicanos limitaría los aumentos anuales en el costo del TFP a la tasa de crecimiento del índice de precios al consumidor para todos los consumidores urbanos.

Aunque en la isla aplica una subvención en bloque a través del PAN y no SNAP del que se benefician los estados y otros territorios, la cantidad de beneficios máximos para cada programa la decide el USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) por medio del TFP.

El Plan de Alimentos Thrifty se utiliza como base para calcular los beneficios máximos tanto de SNAP como del PAN.

El TFP viene a ser una canasta de alimentos seleccionada por el USDA para proporcionar una dieta nutritiva a un hogar de un tamaño específico.

El beneficio máximo del SNAP se determina según el número de personas en el hogar y el costo del TFP para un hogar de ese tamaño.

De acuerdo con la carta, la nueva provisión incluida en el paquete de reconciliación que avalaron los republicanos en la Cámara detendría las reevaluaciones para aumentos en el costo del TFP.

“La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) prevé que las reevaluaciones programadas para 2027 y 2032 aumentarán el costo del TFP según la ley vigente, y nuestras proyecciones de referencia para el costo del SNAP incorporan dichos aumentos previstos. Sin embargo, la Sección 10001 no permitiría que dichas reevaluaciones aumentaran el costo del TFP. Como resultado, la CBO estima que, a partir de 2027, el beneficio mensual promedio se reduciría. Para 2034, ese beneficio sería aproximadamente $15 menor en comparación con las proyecciones de la CBO para ese año, según la ley vigente. La CBO no prevé que la promulgación de la sección 10001 afecte la participación”, especifica el cálculo de la agencia federal que provee análisis independientes y no partidistas sobre temas económicos y presupuestarios.

Swagel añade que lo anterior también afectaría a territorios como Puerto Rico y Samoa Americana.

“La CBO estima que la promulgación de la sección 10001 reduciría el gasto directo en $37,000 millones durante el período 2027-2034. Esta cantidad incluye reducciones en el gasto para los programas de asistencia nutricional para Puerto Rico y Samoa Americana, la Transferencia Electrónica de Beneficios de Verano y el Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia, ya que el gasto en estos programas también se basa en el costo del TFP”, detalla la evaluación.

El documento, con el encabezado “Posibles efectos en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria de las Recomendaciones de Conciliación de conformidad con la Resolución Constitucional 14 de la Cámara de Representantes”, fue enviado a Amy Klobuchar, senadora demócrata de Minnesota, y Angie Craig, representante demócrata del mismo estado. Ambas son miembros de alto rango de los comités de Agricultura en sus respectivos cuerpos.

La información provista por la entidad confirma lo que Javier Balmaceda, analista sénior del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), había informado en una entrevista con El Diario la semana pasada.

El experto señaló que la congelación del TFP que buscan convertir en ley los republicanos tendría un impacto “grande” y “medible” en la isla.

“Están proponiendo congelar el TFP y que eso no se actualice de aquí a nueve años, hasta el 2034. Eso tiene un impacto medible, porque la subvención en bloque de Puerto Rico, de aquí al 2034, si el TFP se actualizara como corresponde, hubiera logrado que la subvención creciera casi $1,000 millones más. Pero, al congelarlo, te quedas entonces sin ese crecimiento de $1,000 millones que es un montón de dinero”, expuso el analista.

A nivel más general, el análisis de la CBO apunta a que, de promulgarse todas las disposiciones del Subtítulo A contenidas en la propuesta, el gasto en SNAP se reduciría $285,700 millones en el periodo entre el 2025 al 2034.

“Según el punto de referencia, el gasto en SNAP asciende a $109.6 mil millones en 2025, aumentando a $115,800millones en 2034. Con el proyecto de ley, el gasto total en SNAP se reduciría a $76, 600millones en 2034. Esta estimación de la reducción del gasto en SNAP difiere del ahorro total del subtítulo A, publicado el 19 de mayo de 2025, porque esa estimación también incluye los efectos presupuestarios para Medicaid y los programas de nutrición infantil”, abunda la oficina.

Amplicación de requisitos laborales para ser elegible a SNAP

Sobre requisitos laborales, se confirmó que la Sección 10002 dispone para una expansión de los mismos a adultos físicamente aptos de hasta 64 años que no vivan con hijos dependientes, así como a adultos de entre 18 y 64 años que vivan con niños de 7 años o más.

“El cónyuge de una persona que cumpla con los requisitos estaría exento si la pareja vive junta y cuida a un niño de 7 años o más. Según la ley actual, ciertos adultos sanos de entre 18 y 54 años que no viven con dependientes deben trabajar o asistir a un programa de capacitación durante al menos 80 horas al mes para recibir los beneficios del SNAP durante más de 3 meses en un período de 36 meses. (A partir de 2031, este requisito solo se aplica a personas menores de 50 años)”, especifican desde la CBO.

El texto también menciona la Sección 10003 que restringiría la capacidad de los estados para eximir delos requisitos de trabajo únicamente a aquellos condados con una tasa de desempleo superior al 10%.

“Esta sección también reduciría el número de exenciones mensuales que los estados podrían aplicar a personas que, de otro modo, estarían sujetas a los requisitos laborales. Según la ley actual, los estados pueden eximir del requisito a las personas que viven en una zona, según la definición estatal, con una tasa de desempleo superior al 10% o que no disponga de suficientes puestos de trabajo”, abunda la entidad.

La CBO estima que, en conjunto, estas provisiones reducirían el gasto directo para SNAP en $92,000 millones entre el 2025 y 2034.

“De esas personas, aproximadamente, 1 millón que perderían sus beneficios en un mes promedio serían adultos sanos de hasta 64 años que no viven con hijos dependientes, otros 0.8 millones serían adultos sanos de entre 18 y 64 años que viven con hijos de 7 años o más, y los 1.4 millones restantes serían adultos sanos de entre 18 y 54 años (o de entre 18 y 49 años, a partir de 2031) que no viven con dependientes, pero que reciben una exención de los requisitos según la ley vigente”, continúa Swagel en su recopilación.

Los requisitos laborables no aplican en Puerto Rico.

Por otro lado, la Sección 10006, que requeriría que cada estado pague al menos el 5% de los costos de los beneficios del SNAP en su demarcación a partir de 2028, también se traduciría en una menor participación en el programa SNAP.

“La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que la promulgación de la Sección 10006 reduciría el gasto directo en $128, 000 millones de dólares durante el período 2028-2034. La mayor parte de esa cantidad (poco menos de 100, 000 millones de dólares) provendría del pago de parte del beneficio por parte de los estados. Además, habría diversas respuestas estatales al nuevo requisito. La CBO prevé que algunos estados mantendrían los beneficios y la elegibilidad actuales, mientras que otros modificarían los beneficios o la elegibilidad, o posiblemente abandonarían el programa por completo debido al aumento de los costos”, diferenciaron.

“Bajo ese enfoque, la CBO espera que los estados, colectivamente, reduzcan o eliminen los beneficios para aproximadamente 1.3 millones de personas en un mes promedio durante el período 2025-2034”, añadieron.

La carta del encargado de la CBO también hace referencia a la parte sobre elegibilidad de SNAP a extranjeros indocumentados.

La Sección 10012 prohibirá que personas no ciudadanas o residentes permanentes (portadores de green card) reciban los beneficios.

“La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) prevé que entre 120,000 y 250,000 personas dejarán de ser elegibles para recibir beneficios que, según nuestras proyecciones, promediarán unos $210 dólares al mes durante el período 2026-2034. La CBO estima que la promulgación de la Sección 10012 reduciría el gasto directo en $4,000 millones de dólares durante el período 2025-2034”, concluyen.

Aunque los inmigrantes indocumentados no son elegibles al programa, pueden solicitar beneficios para otros miembros de su familia que sí lo sean.

Además, los miembros de esta población con visas temporales como de estudiante, también pueden ser elegibles para el SNAP en determinadas circunstancias.

¿Qué dijo la Administración de Jenniffer González?

En un comunicado el sábado, la Administración de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, reaccionó a los cambios propuestos para SNAP y el PAN como parte del proceso presupuestario de reconciliación.

La directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington (PRFAA), Gabriella Boffelli, insistió en que los fondos del PAN continuarán disponibles para las, aproximadamente, 1.2 millones de familias puertorriqueñas que los reciben.

“Desde un principio, nuestra prioridad ha sido asegurar que los más vulnerables continúen recibiendo el apoyo que necesitan sin interrupciones ni recortes”, aseguró Boffelli. “No podemos crear desasosiego. La realidad es que en ningún lugar del proyecto de reconciliación se estipulan recortes para el PAN”, argumentó.

De acuerdo con la funcionaria que representa al gobierno de González en la capital federal, Puerto Rico cuenta con aproximadamente $1,900 millones para el programa, los que no se verán afectados por el proyecto aprobado en la Cámara Baja.

Con relación a las provisiones sobre el TFP, Boffelli insistió en que no implican recortes. “Por el contrario, aseguran que el cálculo del TFP se mantenga fundamentado en datos específicos y dentro de un marco presupuestario neutral, tal como establece la ley federal. Nada impide que se ajusten los beneficios por inflación”, sostuvo.

El comunicado hace mención de la última reevaluación del TFP por la GAO u Oficina de Responsabilidad Gubernamental, en el 2021, en la que se identificaron mayores costos y riesgos para el plan.

“Específicamente, la agencia permitió que el costo del TFP, y por lo tanto los beneficios del SNAP, aumentaran por encima de la inflación por primera vez en 45 años, y aceleró el cronograma de la reevaluación en seis meses para responder a la emergencia de COVID-19. La reevaluación resultó en un aumento del 21% en el costo del TFP y el beneficio máximo del SNAP”, señalaron desde la GAO.

El documento, publicado el 14 de diciembre de 2022, además indica que la reevaluación fue compleja e involucró a varias oficinas del USDA.

Sin embargo, el USDA comenzó el proceso sin implementar tres elementos clave de gestión del proyecto.

“Primero, sin un estatuto, el USDA perdió la oportunidad de identificar maneras de medir el éxito del proyecto y establecer expectativas claras para las partes interesadas. Segundo, el USDA desarrolló un cronograma del proyecto, pero no un plan integral de gestión del proyecto que incluyera ciertos elementos, como un plan para garantizar la calidad durante todo el proceso. En tercer lugar, la agencia no empleó un gerente de proyecto específico para garantizar que se siguieran en general las prácticas clave en la gestión de proyectos”, concluyó la GAO.

El proyecto de presupuesto para financiar el gobierno federal a 10 años se encuentra en estos momentos antes la consideración del Senado.