Caso judicial en Brasil escala a escándalo político trasnacional

SAO PAULO. —Si hay un caso que expone con precisión quirúrgica el colapso de las garantías legales en nombre de una cruzada política, es el de Filipe Martins. Y esta vez, el escándalo cruzó fronteras. Lo que parecía otro capítulo del lawfare brasileño se reveló, según denuncia de la columnista Mary Anastasia O’Grady, del The Wall Street Journal, como una posible infiltración extranjera en una agencia federal de Estados Unidos, todo para justificar una prisión en Brasil.

O’Grady, conocida por su tono crítico en la columna “The Americas”, afirmó en su editorial del 19 de octubre de 2025: “El caso tiene todas las características de una posible infiltración extranjera dentro de la CBP (U.S. Customs and Border Protection)”, la agencia estadounidense de Aduanas y Protección Fronteriza. Su acusación apunta directamente a Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil y figura clave en el proceso contra aliados de Bolsonaro.

CBP: el órgano estadounidense en el centro del escándalo

La CBP es la mayor agencia de seguridad fronteriza de Estados Unidos, subordinada al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y responsable de controlar el ingreso de personas y bienes al país. En caso de que sus registros puedan resultar manipulados, no se trata de un simple error administrativo; sería una violación grave que impacta la confianza pública.

¿Quién es Filipe Martins y qué ocurrió?

Filipe Martins fue asesor especial para asuntos internacionales del gobierno de Jair Bolsonaro. En febrero de 2024, fue detenido en Brasil sin cargos formales, por orden de Alexandre de Moraes, com base en un supuesto registro migratorio que indicaba su entrada en Estados Unidos el 30 de diciembre de 2022.

Este documento fue extraído del sistema de la CBP, pero, según reveló O’Grady, era falso. La defensa de Martins solicitó el documento legal oficial (I-94) en abril de 2024, y la CBP respondió que no existía tal registro. Un mes después, sin embargo, apareció súbitamente un I-94 con errores evidentes: el nombre mal escrito, un pasaporte cancelado en 2021 y un tipo de visa equivocado.

A pesar de esto, el documento se utilizó para justificar su prisión preventiva. Martins pasó 183 días en la cárcel, incluyendo 10 días en aislamiento total, sin luz ni ventanas, entre el 23 de febrero y el 4 de marzo, según él mismo relató. Fue liberado bajo arresto domiciliario, pero continúa bajo orden de silencio judicial.

Preso por una “huida” que no ocurrió y que no es delito

La situación es más absurda aún si se considera que, aunque hubiese viajado a EEUU, eso no sería delito en Brasil. No hay ninguna ley que criminalice salir del país. Es decir: Martins fue detenido por un crimen que no existe, basado en un documento de origen dudoso.

La CBP, al parecer, ante reclamos de la defensa del inculpado, corrigió silenciosamente los datos del I-94, pero se negó a revelar quién los había ingresado. Los abogados presentaron una demanda en un tribunal federal estadounidense para acceder a los registros internos de la agencia. La CBP entregó los logs, pero ocultó los nombres de los funcionarios y las fechas de las inserciones.

La maniobra ilegal de la fiscalía brasileña

En Brasil, la Procuraduría General de la República presentó, fuera del plazo legal y sin dar derecho a réplica, documentos con errores, tachaduras y datos inconsistentes, intentando vincular a Martins con una supuesta “reunión golpista” en el Palacio de la Alvorada.

La jurista Katia Magalhães declaró que esos registros tienen vicios procesales graves y no pueden ser aceptados como prueba. El senador Eduardo Girão pidió su absolución y reparación por los abusos sufridos, mientras el diputado Marcel van Hattem calificó la maniobra como una “ilegalidad procesal absurda”.

La Ley Magnitsky y el juez en la mira

El propio Alexandre de Moraes fue recientemente sancionado por el gobierno de Estados Unidos bajo la Ley Magnitsky, una legislación que castiga a funcionarios involucrados en corrupción o violaciones graves de derechos humanos. Moraes se une así a una lista que incluye represores de regímenes como China, Venezuela y Rusia.

¿Qué está en juego?

Lo que parecía un caso político doméstico se convirtió en un escándalo judicial transnacional, hoy bajo la lupa de la justicia federal estadounidense. Sin el registro del CBP y sin los documentos, aparentemente manipulados de la PGR, la acusación contra Filipe Martins se sostiene únicamente en una delación inconsistente — ya contradicha por otros testigos.

Mary O’Grady cierra su columna con una pregunta directa:

“Mientras tanto, los estadounidenses tienen razones para preguntarse: ¿qué está intentando ocultar la CBP?”

Y en Brasil, la pregunta es más urgente aún:

¿Cuántos inocentes más serán perseguidos para mantener viva una narrativa judicial con olor a dictadura y sabor a venganza política?