Brasil se divide por la posible amnistía a Bolsonaro y los condenados por los ataques del 8 de enero en Brasilia

Jair Bolsonaro (REUTERS/Jorge Silva)

A pesar de que el Congreso brasileño interrumpe sus trabajos por el receso de Semana Santa, estos últimos días han sido cruciales para el proyecto de ley de amnistía. El lunes, el diputado Sóstenes Cavalcante, del Partido Liberal (PL) de Jair Bolsonaro, registró el pedido de urgencia para votar el proyecto de ley 2858/22, de 2022, del entonces diputado del PL Vitor Hugo de Araújo Almeida, más conocido como Mayor Vitor Hugo.

El proyecto pretende amnistiar a todos los que participaron en manifestaciones por motivos políticos o electorales entre el 30 de octubre de 2022 y la fecha de entrada en vigor de la ley, y afecta principalmente a los cientos de condenados por el asalto y saqueo de los edificios institucionales de Brasilia el 8 de enero de 2023, en protesta contra la victoria de Lula.

Bolsonaro también podría beneficiarse, ya que es acusado en el Supremo Tribunal Federal (STF) por el supuesto intento de golpe, pero además de mantener su inocencia, niega que quiera ser amnistiado. La urgencia permite ahora que el asunto sea tratado con mayor rapidez, pasando directamente a votación en el pleno, sin tener que pasar por las comisiones parlamentarias, donde podrían producirse retrasos.

El lunes fue posible registrar la solicitud de urgencia porque el PL logró obtener 262 firmas de parlamentarios, superando el requisito mínimo de 257. Significativamente, más de la mitad de las firmas procedían de diputados de partidos de la base gubernamental. En concreto, los mayores partidarios son el partido Progresistas y la Unión Brasil, que también dirigen algunos ministerios en el gobierno de Lula, cuya reacción ha sido dura. El periodista de Globo TV Gerson Camarotti reveló que entre bastidores se habla de intensas presiones para que al menos unos 30 diputados vuelvan sobre sus pasos. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara, Lindbergh Farias, declaró en una entrevista a Globo TV que los diputados que firmaron la petición habían decidido “romper con el Gobierno”.

Seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro invaden el Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto el 8 de enero de 2023 (EFE/ Andre Borges/Archivo)

La ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, del PT, negó cualquier intento de represalia por parte del Ejecutivo y dijo que están tratando de convencer a los parlamentarios de la “gravedad política, jurídica e institucional” que representa el proyecto de ley. De momento, solo una diputada ha retirado su firma en el último minuto. Se trata de Helena Lima, del Movimiento Democrático Brasileño. Según informa el sitio de noticias Metrópoles, la diputada posee el 10% de una empresa de taxis aéreos, la única del estado de Rondonia, propiedad de su marido, Renildo Evangelista Lima, que fue detenido por la policía federal el pasado mes de septiembre con 500.000 reales (85.231 dólares) en los pantalones, acusado de compra de votos. La empresa de la pareja tiene contratos multimillonarios con el gobierno federal brasileño.

En estos momentos hay más de mil peticiones de tramitaciones de urgencia en el Congreso, pero el valor político de esta amnistía es claramente muy importante, tanto más cuanto que el ex presidente Bolsonaro volvió a los titulares el pasado domingo. Fue sometido a una operación intestinal de urgencia de unas 12 horas por los problemas que sufre desde que fue apuñalado durante la campaña electoral de 2018. El expresidente, que sigue hospitalizado, por tanto, no participó en este debate que está inflamando Brasil y que de hecho le ve como protagonista. La inclusión de la votación del proyecto de ley en la agenda del pleno del Parlamento depende ahora del presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, del partido Republicanos, quien actualmente se encuentra fuera del país. Motta se mostró abierto al proyecto de ley, declarando que la cuestión “será discutida con imparcialidad entre los dirigentes de la Cámara” y destacando la necesidad de equilibrio y responsabilidad en el tratamiento de las cuestiones que dividen al país. El presidente de la Cámara de Diputados había declarado en marzo que los acontecimientos del 8 de enero no constituían un intento de golpe de Estado. Sin embargo, ante los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes y Gilmar Mendes, reiteró su respeto por las decisiones judiciales.

Si Motta incluye el proyecto en el orden del día del pleno, tendrá que ser aprobado por la mayoría de los parlamentarios tanto de la Cámara como del Senado. Después, Lula dispondrá de 15 días para ratificar o vetar el proyecto. Si el presidente veta todo el texto o solo algunas partes, los vetos vuelven al Congreso para su análisis, que, en sesión conjunta, estudia si anula o mantiene la interpretación del presidente. La otra posibilidad que barajan la cúpula del Congreso y algunos magistrados del STF es mejorar jurídicamente la ley anti golpe vigente, que tiene la limitación de no distinguir a los financiadores, organizadores y cabecillas de los demás acusados menores. Si se pudiera enmendar, sería posible reducir el castigo para los acusados menores condenados por los sucesos del 8 de enero, como la peluquera Débora Rodrigues dos Santos, condenada a 14 años por manchar una estatua del STF en Brasilia con pintalabios con las palabras “perdiste, idiota”.

El Partido Liberal ha pedido una votación urgente en el Congreso sobre el proyecto de ley de amnistía (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

En cuanto al nuevo proyecto de ley de amnistía apoyado por el PL de Bolsonaro, según algunos juristas, podría ser impugnado legalmente a nivel nacional e internacional. El STF podría juzgarlo inconstitucional, ya que la propuesta prevé el indulto de personas condenadas por cargos de intento de golpe de Estado. Además, según el profesor de Derecho de la Universidad de San Pablo (USP) Guilherme Madeira, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vinculada a la Organización de Estados Americanos (OEA), también podría impugnar la nueva ley. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una sólida jurisprudencia en el sentido de que no puede haber la llamada autoamnistía, es decir, que el Estado no puede conceder amnistía a sus propios representantes”. Brasil ya ha sido condenado por la Corte por conceder amnistía a representantes del Estado brasileño que cometieron crímenes durante la última dictadura militar (1964-1985).

Mientras tanto, varios prófugos de la justicia brasileña que, tras participar en las depredaciones del 8 de enero, huyeron al país vecino donde solicitaron el estatus de refugiados, podrían ser detenidos en Argentina en las próximas semanas. Entre ellos, también un sobrino de Bolsonaro, Léo Indio. La policía federal brasileña no descarta la hipótesis de activar Interpol, pero quiere moverse como lo hizo en noviembre pasado, cuando las autoridades argentinas colaboraron emitiendo 61 órdenes de captura contra quienes ya habían sido condenados en ausencia en Brasil. Fuentes dijeron a Infobae que la idea es seguir en esa línea y no generar tensiones diplomáticas con el país vecino. La policía brasileña prepara ahora una lista de nombres que enviará al STF para que se emitan las órdenes de captura y se remitan a las autoridades argentinas. Sin embargo, se teme que muchos de los que figuran en la lista ya hayan huido, probablemente a Chile y de allí quizá a otros países de la región. En este caso, Interpol podría ayudar a seguir las distintas etapas de su huida. Según el sitio brasileño de noticias Metrópoles, Léo Indio tiene un documento que le garantiza permanecer en Argentina hasta el 4 de junio, pero eso no impediría su extradición a Brasil.

El sobrino de Bolsonaro, Léo Indio, junto al ex presidente en una foto de archivo

Para el sitio de noticias UOL, cinco brasileños que participaron en los sucesos del 8 de enero y que ahora están presos en Argentina con un pedido de extradición de las autoridades brasileñas se quejaron de las malas condiciones carcelarias en las que se encuentran. El grupo está encarcelado en el complejo penitenciario de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires. Denuncian la mala atención médica que se les presta en el centro penitenciario y la violencia que ejercen sobre ellos otros reclusos. “Estas personas no son delincuentes comunes: son perseguidos políticos”, declaró uno de sus abogados, Pedro Gradín. La fiscalía argentina tiene una opinión diferente, ya que los considera prófugos de Brasil y con pruebas sólidas de sus delitos.

Mientras tanto, el juez Alexandre de Moraes, encargado del proceso por intento de golpe de Estado contra Bolsonaro, ha creado polémica en las últimas horas al denegar la extradición a España del narcotraficante búlgaro Vasil Georgiev Vasilev. Esta decisión fue en represalia por el rechazo del Gobierno español a extraditar al bloguero bolsonarista Oswaldo Eustáquio que está siendo investigado en Brasil por varios delitos, entre ellos el intento de abolir el Estado democrático de derecho por medios violentos. El narcotraficante búlgaro, que fue detenido el pasado noviembre en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, fue puesto en libertad por Moraes solo con una pulsera electrónica. Las autoridades españolas le acusan de haber transportado 52 kilos de cocaína en dos maletas en octubre de 2022, cuando residía en Barcelona.