Brasil quiere aprovechar la decisión de China de limitar la exportación de minerales críticos

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Trabajadores de Sigma Lithium CorpTrabajadores de Sigma Lithium Corp en la mina Grota do Cirilo, en Itinga, estado de Minas Gerais, Brasil, el 18 de abril de 2023. (REUTERS/Washington Alves/archivo)

Brasil quiere aprovechar la reciente decisión de China de limitar la exportación de sus minerales críticos —es el país que más posee en el mundo—, lo que favorece indirectamente al gigante latinoamericano. Así lo ha declarado la semana pasada el propio ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira. “Brasil tiene abundancia de tierras raras, oro, cobre, uranio y minerales críticos y estratégicos. Por lo tanto, se abre una enorme ventana de oportunidades para nosotros”, afirmó.

El gigante latinoamericano tiene alrededor del 10% de las reservas mundiales de minerales críticos y tierras raras. Los primeros se consideran estratégicos para la economía y la seguridad nacional. La lista varía de un país a otro, pero incluye litio, níquel, cobalto, grafito y cobre, por citar solo algunos ejemplos. También pueden englobar las tierras raras, que son una familia específica de elementos químicos complejos de extraer y refinar, como el neodimio, utilizado en la fabricación de discos duros y turbinas eólicas.

El problema es que Brasil tiene hasta ahora una producción efectiva muy baja, equivalente al 0,09% de la producción mundial. Por eso la semana pasada, el Gobierno celebró la primera reunión del Consejo Nacional de Política Minera (CNPM), presidida por el ministro Silveira, y con la participación del presidente Lula. Durante la reunión, se aprobaron seis resoluciones que redefinen la gobernanza de la política minera del país, con especial atención a los minerales críticos y las tierras raras.

El presidente Lula junto conEl presidente Lula junto con el el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira. (REUTERS/Adriano Machado)

Además en el Parlamento se está avanzando en un proyecto de ley, el 2780/2024, sobre los minerales críticos que se presentó con carácter de urgencia en el pasado mes de septiembre. Esto significa que podrá debatirse directamente en el plenario, sin pasar por todas las comisiones. El proyecto principal elaborado por el diputado de Minas Gerais Zé Silva, del partido Solidaridad, se ha enriquecido con otras propuestas, entre ellas la de su compañero de partido, Aureo Ribeiro, que prevé la creación de una nueva empresa estatal, “EBMinerals”, con funciones de coordinación e inteligencia en el sector, similar a otras empresas estatales como las del sector eléctrico, por ejemplo. En la propuesta que se debate en el Parlamento también figura la posibilidad de que las grandes empresas que operan con minerales críticos estén obligadas a destinar el 0,4% de su facturación a investigación y desarrollo.

Sobre todo, el proyecto de ley prevé la creación de una Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos gestionada por un comité interministerial con la participación de la sociedad civil, precisamente para mitigar en la medida de lo posible el impacto ambiental y social de la extracción minera. Se han planteado dudas sobre la creación de una empresa estatal que complicaría el sistema en lugar de hacer más eficientes las estructuras existentes. También está prevista la constitución de un Fondo de Inversión en Minerales Críticos administrado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Fuentes de Brasilia han declarado a Infobae que la idea es que el texto de la ley se apruebe antes de la COP30. Se trata de un paso importante que también reviste relevancia internacional, teniendo en cuenta el interés de países como China y Estados Unidos por los minerales estratégicos brasileños, mencionados también por el presidente estadounidense Donald Trump en las discusiones sobre los aranceles.

Entre los minerales críticos en los que Brasil ha apostado se encuentra el litio, también llamado “oro blanco” por su importancia en la producción de baterías y en la transición energética, y que se concentra significativamente en el valle de Jequitinhonha, en el estado de Minas Gerais, donde recientemente la empresa automovilística china BYD obtuvo los derechos de exploración de dos lotes de litio.

Sin embargo, siguen existiendo algunas incógnitas. El pasado mes de septiembre, el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil solicitó a la Agencia Nacional de Minería la suspensión temporal de las autorizaciones de investigación y explotación de litio en esta región para garantizar la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas y tradicionales de la región, tal y como establecen las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según el fiscal Helder Magno, la falta de consulta a las poblaciones locales corre el riesgo de repetir “un ciclo histórico de explotación depredadora”, comprometiendo los derechos de las comunidades y la sostenibilidad medioambiental. De hecho, se han puesto de manifiesto significativos impactos medioambientales, entre los que se incluyen restricciones hídricas, descenso del nivel de los ríos y superposición de zonas mineras en áreas donde viven 248 comunidades.

Trabajadores de Sigma Lithium CorpTrabajadores de Sigma Lithium Corp son vistos en la mina Grota do Cirilo en Itinga, en el estado de Minas Gerais, Brasil. 18 de abril 2023. (REUTERS/Washington Alves/Archivo)

Además, en este escenario, la crisis internacional del litio también está empezando a afectar a Brasil. Desde el pico alcanzado en diciembre de 2022, cuando el carbonato de litio llegó a costar 68 dólares el kilo, el precio se ha desplomado un 86,5%, situándose en una media de 9,26 dólares el mes pasado. Esta caída ha tenido efectos directos en los proyectos de expansión y en las inversiones del sector en Brasil. Empresas como Companhia Brasileira de Lítio (CBL) y Sigma Lithium han tenido que suspender o ralentizar sus planes de expansión de la capacidad productiva. Los expertos estiman que, para que la cadena de suministro brasileña sea sostenible, el precio del litio debería oscilar entre 23 y 27 dólares el kilo.

La reducción de los precios está relacionada con varios factores: la saturación del mercado, una demanda más lenta de lo previsto y, sobre todo, un fuerte exceso de oferta a nivel mundial. Durante la pandemia, los precios se inflaron temporalmente debido a la escasez de oferta y a los incentivos chinos para la venta de vehículos eléctricos, lo que elevó los costes a niveles récord. Además, entre 2021 y 2024, países como Australia, Chile, Brasil y Zimbabue ampliaron su producción, lo que provocó un exceso de oferta que hizo que los precios se desplomaran, especialmente entre diciembre de 2022 y abril de 2023. China ha desempeñado un papel fundamental en la caída de los precios, ya que ha ampliado la producción de lepidolita, un mineral rico en litio, lo que ha reducido los costos. Los analistas prevén que los precios del carbonato de litio se mantendrán bajos al menos hasta 2027, cuando la demanda mundial de vehículos eléctricos, especialmente en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, podría volver a impulsar los valores hasta los 30-35 dólares por kilo. Queda por ver si, a más largo plazo, las baterías de litio serán sustituidas por nuevas tecnologías, lo que reduciría aún más el mercado.

A este escenario se suma también la sombra de la corrupción en el sector minero, lo que complica aún más el debate sobre el tema. El pasado mes de septiembre, la Policía Federal brasileña puso en marcha la operación “residuos mineros”, que desmanteló una amplia trama de corrupción en el sector minero y medioambiental, con un volumen de negocio estimado de 1.500 millones de reales (272 millones de dólares) y con sobornos investigados por más de 7 millones de reales (1,27 millones de dólares). Las investigaciones involucraron, entre otros, a algunos altos funcionarios de la Agencia Nacional de Minería (ANM), entre ellos el director de la ANM, Caio Mário Trivellato Seabra Filho, y el ex director de la Policía Federal y actual director de Administración y Finanzas del Servicio Geológico Brasileño (SGB), Rodrigo de Melo Teixeira, mientras que la sede de la agencia fue objeto de un registro. En total, se dictaron 22 órdenes de detención preventiva, 79 órdenes de registro y se ordenó el bloqueo de bienes y la suspensión de las actividades de las empresas implicadas. Según la Policía Federal, el grupo sobornaba a funcionarios públicos para obtener licencias medioambientales y autorizaciones ilegítimas en el sector de la extracción de hierro en el estado de Minas Gerais, célebre por sus minas, incluso en áreas protegidas, con graves riesgos medioambientales y sociales.

Tras la operación de la Policía Federal, una delegación encabezada por la Asociación Brasileña de Municipios Mineros (Amig) se dirigió al Congreso para presionar a favor de la presentación de un proyecto de ley contra la evasión fiscal en el sector. La Amig entregó al presidente de la Comisión de Minas y Energía de la Cámara, Diego Andrade, una carta con varias peticiones. Entre ellas figuran la posibilidad de que la ANM acceda a la información fiscal y documental de las empresas mineras, una mayor transparencia en los planes de explotación económica de las minas, desde la producción prevista hasta la duración, y un refuerzo de la ANM, garantizando su independencia técnica e institucional y evitando recortes presupuestarios.

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