Batalla por el parole humanitario continúa en medio de maniobras judiciales

La orden del tribunal de apelaciones fue decidida por un panel integrado por dos jueces nombrados por Biden y un tercero designado por el expresidente Barack Obama. Señalaron su escepticismo sobre el hecho de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tuviera el poder para culminar el parole.

De acuerdo con el tribunal, la administración republicana no había satisfecho el alto estándar para otorgar la intervención de emergencia que buscaba el Departamento de Seguridad Nacional.

El tribunal de apelaciones respondió de esa manera a la actuación del Gobierno de EEUU que reaccionó al fallo de Indira Talwani, jueza de la Corte Federal de Boston, el cual frenó de forma temporal la revocatoria del parole humanitario. El 14 de abril, Talwani anuló la decisión de Trump de cancelar el 24 de abril los beneficios migratorios otorgados por razones humanitarias a los migrantes que amparados por el permiso de permanencia temporal.

Dentro de esta pugna legal, la administración Trump acudió el 9 de mayo al Tribunal Supremo: presentó una petición de emergencia para que se le permita despojar de las protecciones contra la deportación a los migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua.

De acuerdo con el abogado general de la administración republicana, John Sauer, el fallo de la magistrada Talwani “ha anulado una de las políticas de inmigración más importantes” para el Gobierno de EEUU. Según sus argumentos, la jueza hizo una interpretación errónea de la ley.

Dijo que la jueza involucró equivocadamente a Seguridad Interior en este caso: la supresión de las protecciones del parole obedece a uno de los objetivos principales del Gobierno federal sobre la rápida disminución de indocumentados en el país.

“Esto interrumpe innecesariamente políticas que son calibradas con mucho cuidado para frenar la entrada ilegal al país, viciando así facultades exclusivas del poder ejecutivo”, expresó Sauer.

La abogada María Herrera Mellado, especialista en temas de inmigración, indica que la decisión del tribunal federal de apelaciones representa una victoria temporal para los beneficiarios del programa.

“Sin embargo, el caso sigue abierto y podría llegar al Tribunal Supremo, donde podrían revisarse los argumentos de fondo. Los escenarios posibles incluyen desde la confirmación de la pausa actual, permitiendo que el programa continúe hasta una decisión definitiva, hasta la revocación de la medida, lo que pondría en riesgo la continuidad del parole”, asevera.

Eliminación del parole

La abogada refiere que Trump y su equipo legal sostienen que el parole ha sido empleado de manera abusiva, con lo cual se ha facilitado el ingreso masivo de migrantes sin un control adecuado, lo que califican dentro de la categoría de “fraude migratorio masivo”.

“Bajo este argumento, han solicitado al Tribunal Supremo que intervenga y permita al Ejecutivo eliminar el programa de manera inmediata. Esta petición busca no solo suspender la orden de la jueza Talwani, sino establecer un precedente que refuerce el poder del Ejecutivo en materia migratoria”, indica.

El parole humanitario exigía que los migrantes tuvieran un patrocinador en EEUU que asumiera la responsabilidad financiera durante su estadía y evitar una carga económica para el Estado. Además, se les concedía un permiso de trabajo de forma inmediata.

El programa fue creado por la administración Biden el 19 de octubre de 2022. En principio, solo beneficiaba a migrantes venezolanos: el 5 de enero de 2023 fueron incorporados ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua.

La Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense (FAIR, por sus siglas en inglés) destapó, en 2024, la existencia de un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que evidencia una operación fraudulenta masiva, a través de la cual, se propició el ingreso de miles de inmigrantes con el uso de información falsa que generó un lucrativo negocio de tráfico humano.

Asimismo, según el informe difundido por FAIR, “en algunos casos, más de 10.000 solicitantes utilizaron las mismas respuestas" para llenar el Formulario I-134A.

Aunque el parole humanitario es una herramienta discrecional del Ejecutivo, su eliminación total podría enfrentarse a litigios que exijan evaluaciones caso por caso, especialmente en situaciones humanitarias críticas, explica María Herrera Mellado.

“Aun así, si el Supremo favoreciera a Trump, podría abrirse la puerta a una suspensión general del programa, aunque con posibles excepciones establecidas judicialmente”, añade.

Proceso en el Supremo

La abogada experta en asuntos de migración asevera que todo apunta a que la situación podría extenderse durante meses, o incluso más allá, según los tiempos del Tribunal Supremo.

“Este tipo de casos, cuando son aceptados, pueden tardar varios meses en resolverse. Mientras tanto, la administración Trump seguirá buscando mecanismos legales y administrativos para limitar el parole y reforzar el control migratorio, lo que mantendrá a los migrantes en un escenario de incertidumbre”, sostiene María Herrera Mellado.

Al ser consultada sobre el procedimiento dentro del Tribunal Supremo de Estados Unidos, la experta explica que el primer paso es la presentación de la solicitud (emergency application o petición de suspensión).

“Se presenta una solicitud urgente, como la que hizo Trump, para que el Supremo suspenda una decisión de una corte inferior mientras el caso se resuelve de fondo”, afirma.

Posteriormente, viene la revisión inicial por un juez: “Cada solicitud de emergencia se asigna al juez encargado del circuito correspondiente. En este caso, sería el juez que supervisa el Primer Circuito, donde está la jueza Indira Talwani. Este juez puede decidir por sí mismo o remitir la solicitud al pleno del tribunal”.

Luego debe darse la solicitud de respuesta a la parte contraria. Aquí, generalmente, “el juez o el tribunal solicita una respuesta formal a la parte contraria, en este caso, el gobierno o los demandantes que defienden el parole”.

Herrera Mellado sostiene que, tras esto, se da la decisión preliminar. En esta fase, el juez o el tribunal completo decide si concede o no la suspensión temporal. “Esto no resuelve el fondo del caso, solo determina si la medida sigue en pie mientras el caso sigue su curso”, señala.

Seguidamente, se da la petición de revisión completa (writ of certiorari). “Paralelamente o después, la parte interesada puede presentar una petición formal para que el Supremo acepte revisar el caso completo. El tribunal debe decidir si otorga o no el ‘certiorari’. Se necesitan al menos 4 votos de los 9 jueces para aceptarlo”, explica.

La experta añade que, si aceptan el caso, se da el análisis de fondo. “Si el Supremo acepta el caso, se abre un calendario formal de presentaciones de argumentos escritos (briefs), audiencias orales y luego una decisión final”, asevera.

María Herrera Mellado subraya que las solicitudes de emergencia pueden resolverse en días o semanas. En cambio, si el Supremo acepta el caso de fondo, el proceso puede tomar entre 6 y 12 meses (o más).

Preocupación de migrantes

Tras conocerse la solicitud de emergencia de la administración Trump al Tribunal Supremo, un grupo de venezolanos de Miami se reunieron en Doral para realizar una vigilia. Esta acción se repitió en otras 15 ciudades de Estados Unidos.

Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, se refirió a la situación que se vive en su país.

En declaraciones a Univisión, sostuvo: “Venezuela está cada vez peor. Supimos que extrajeron a cinco rehenes de la dictadura de Nicolás Maduro, que estaban en la embajada de Argentina, porque nunca se consiguieron un salvoconducto, porque estamos en Venezuela en manos de una dictadura criminal”.

@snederr

FUENTE: Con información de AFP/CNN/ Univisión/Diario Las Américas