Así de alta es la pensión vitalicia a la que pueden acceder los políticos en Colombia para vivir bien el resto de su vida

La cifra de la pensión vitalicia de los presidentes, considerablemente superior a la de la mayoría de los pensionados del sistema general, es uno de los puntos más criticados del régimen especial - crédito Banco de la República

En Colombia, la pensión vitalicia de políticos siempre es tema de debate debido a los regímenes especiales que benefician a congresistas, magistrados y expresidentes. Dichas pensiones, que superan de manera muy amplia las condiciones del sistema general generan controversia por sus requisitos y montos privilegiados, así como por su impacto en la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

Y es que el régimen especial para congresistas, establecido por la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1359 de 1993, otorga a senadores y representantes a la Cámara la posibilidad de acceder a una pensión de jubilación bajo condiciones diferenciadas.

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Para calificar, el congresista debe haber ostentado el cargo a partir del 18 de mayo de 1992 y estar afiliado a la Entidad Pensional del Congreso (Fonprecon), con las cotizaciones correspondientes. Además, se exige haber cumplido 50 años de edad y acreditar 20 años de servicio en entidades de derecho público, sin importar si estos años fueron continuos o discontinuos.

En la actualidad, Colombia tiene 296 congresistas en total, divididos entre 108 senadores y 188 representantes a la Cámara - crédito Europa Press/Senado

La cuantía mínima de la pensión para los congresistas se fija en el 75% del ingreso mensual promedio que perciben los legisladores en ejercicio. El cálculo incluye el sueldo básico y también factores como gastos de representación y diversas primas (localización y vivienda, transporte, salud, Navidad), siempre que se haya cotizado sobre estos conceptos.

La cifra, considerablemente superior a la de la mayoría de los pensionados del sistema general, es uno de los puntos más criticados del régimen especial.

Con exactitud, el artículo 2 de la ley 48 de 1962 dic que “todo expresidente de la República tendrá derecho a disfrutar de pensión vitalicia o pensión de vejez, igual al 75% de su último sueldo mensual, si ha permanecido al servicio del Estado durante 20 años continuos o discontinuos y si ha cumplido 50 años de edad”. A dicha mesada no ha accedido el expresidente Iván Duque, que apenas tiene 49 años de edad y, de haberse pensionado cuando terminó su mandato, a los 45 años, había obtenido una suma que ronda los $34.000.000.

A este beneficio se suman los exmagistrados de las altas cortes, quienes, gracias a la figura de la homologación legal, pueden acceder a las mismas condiciones que los congresistas.

Así, exmagistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura tienen derecho a que su pensión se liquide o reliquide conforme a las reglas pensionales aplicables a los senadores y representantes a la Cámara, lo que les garantiza el mismo porcentaje mínimo del 75% sobre el ingreso promedio.

El régimen de transición, creado por el Decreto 1293 de 1994 en concordancia con la Ley 100 de 1993, permitió consolidar muchas de las pensiones altas que hoy existen. Para beneficiarse de este régimen, era necesario ser congresista al 1 de abril de 1994 y cumplir, en esa fecha, con al menos una de las siguientes condiciones:

• Hombres debían tener 40 años o más.
• Mujeres debían tener 35 años o más.
• Haber cotizado o prestado servicios durante 15 años o más.

La jurisprudencia resaltó que este régimen es de carácter taxativo, lo que significa que su aplicación está limitada de manera estricta a quienes cumplían con los requisitos en la fecha señalada. Extender el beneficio a quienes no eran miembros del cuerpo legislativo en ese momento, o no se reincorporaron posteriormente, se considera una violación de la ley y la creación de un sistema privilegiado injustificado.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en marzo de 2025, en respuesta a una solicitud del Ministerio del Interior, precisó que la pensión vitalicia de los expresidentes no constituye un régimen pensional propio, sino una pensión especial con requisitos y cuantía particulares.

Dicha prestación está sujeta a las disposiciones generales de la Ley 100 de 1993 y al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM). Además, la Sala determinó que la pensión especial de los expresidentes es incompatible con la pensión de vejez del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), por lo que no es posible acumular ambas prestaciones ni exceptuarlas de la prohibición general del Sistema General de Pensiones de recibir dos beneficios simultáneos.

La pensión vitalicia del presidente Gustavo Petro podría rondar los $32.000.000 - crédito Luisa González/Reuters

Y, en cuanto a la financiación, los aportes que un expresidente haya hecho al Rais deben destinarse al financiamiento de su pensión especial y transferirse al Tesoro Nacional (Fopep), conforme al Decreto 1833 de 2016.

Las cotizaciones voluntarias, en cambio, deben ser reembolsadas al exmandatario, según lo dispuesto en la misma normativa. El pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil sirvió para clarificar el marco jurídico aplicable a la pensión de los expresidentes y su interacción con el sistema pensional general, garantizando una interpretación coherente con las normas vigentes.

La existencia de estos regímenes especiales ha suscitado preocupación sobre la sostenibilidad financiera del sistema pensional colombiano. La normativa constitucional exige que las liquidaciones de pensiones especiales solo consideren los factores salariales sobre los cuales se haya cotizado, con el objetivo de evitar la creación de beneficios de gracia que representen una carga injustificada para el sistema.