Asesinado a un día de ser liberado, su muerte reveló los problemas de la empresa líder en prisiones en EEUU

Instalaciones operadas por empresas privadas han sido objeto de múltiples cuestionamientos por parte de autoridades y organizaciones civiles. (Crédito: Facebook / South Central Correctional Center)

Matthew Vogel tenía 39 años y estaba a un día de recuperar la libertad cuando fue asesinado dentro de una celda del South Central Correctional Facility, en Clifton, Tennessee. Su agresor, Travis Bess, cumplía tres cadenas perpetuas por homicidio y ya había matado a un compañero de celda en 2014. Según la demanda interpuesta por la familia de Vogel, el crimen se produjo como resultado de la negligencia y el modelo de operación con fines de lucro de CoreCivic, la empresa privada que administra el penal.

El asesinato ocurrió en agosto de 2024. De acuerdo con documentos judiciales citados por CBS News, Bess atacó a Vogel con la tapa de una alcantarilla antes de apuñalarlo con un fragmento de vidrio proveniente de un televisor roto. Fue un ataque brutal contra un hombre que ya había cumplido su condena y estaba listo para salir al día siguiente.

—Tenía un gran corazón, era muy emocional —declaró María Googe, madre de la víctima, en entrevista con CBS News.—. Sigo haciéndome preguntas: ¿Quién fue el responsable?, ¿nadie escuchó?, ¿no había guardias que pudieran detenerlo? Hay demasiados”.

La demanda contra CoreCivic fue presentada a comienzos de este año por el abogado Ben Raybin, quien asegura que la empresa minimizó deliberadamente el nivel de riesgo del agresor. De acuerdo con la denuncia, el perfil criminológico de Bess fue manipulado. Un documento compartido por Raybin muestra que se le redujo la clasificación de peligrosidad de cuatro —el nivel más alto— a cero, sin ninguna justificación registrada, tal como lo exigen los lineamientos del Departamento Correccional de Tennessee.

“Esta es una empresa que gana decenas de millones de dólares cada año y, sin embargo, mantiene sus prisiones con poco personal”, afirmó Raybin en conversación con CBS News.

CoreCivic ha rechazado los señalamientos, asegurando que sus instalaciones cuentan con personal suficiente y que cualquier reubicación o cambio en la asignación de reos se toma conforme a criterios establecidos. “No podemos divulgar detalles específicos sobre la custodia o alojamiento de los internos por razones de seguridad y privacidad”, declaró Steve Conry, asesor de la compañía.

CoreCivic gestiona decenas de centros penitenciarios en el país bajo contratos estatales y federales. (REUTERS/Adria Malcolm)

Una auditoría estatal de Tennessee publicada en 2023 reportó que las cárceles operadas por CoreCivic tenían una tasa de rotación del 146%, comparada con el 37% registrado en centros estatales. Además, el número de plazas vacantes para agentes correccionales era notablemente superior. Estos déficits, según una encuesta interna a empleados citada por el informe, generaban sensación de inseguridad y mayor exposición a situaciones peligrosas.

La empresa disputa los hallazgos: sostiene que “comparar números agregados sin contexto produce conclusiones erróneas” y afirma que variables como afiliaciones a pandillas, clasificaciones de seguridad y naturaleza de los crímenes deben tenerse en cuenta. CBS News, sin embargo, revisó datos que indican que la probabilidad de ser asesinado en una prisión de CoreCivic en Tennessee es el doble que en una institución pública.

El homicidio de Vogel ocurre en un momento crítico para el sistema penitenciario privado en Estados Unidos. El gobierno federal revirtió las restricciones impuestas por la administración Biden sobre el uso de prisiones privadas para albergar a reclusos federales. La medida abre la puerta a una expansión significativa de contratos, y posiciona a CoreCivic como uno de los principales beneficiarios.

En marzo de 2025, CoreCivic obtuvo un contrato de hasta 22.6 millones de dólares para reabrir un centro de detención del ICE en Leavenworth, Kansas, aunque una demanda municipal detuvo el proyecto. En abril, recibió otro contrato por 31.2 millones de dólares para operar un centro en California City. En total, el 90% de las personas detenidas por el ICE en Estados Unidos están recluidas en instalaciones privadas, pese a que apenas el 7% de los presos del sistema general del país están en centros de este tipo.

“Trabajé en CoreCivic durante 32 años, y este es uno de los periodos más emocionantes de mi carrera”, expresó el CEO Damon Hininger durante una llamada con accionistas en febrero de 2025.

La empresa CoreCivic ha sido señalada en informes y demandas por deficiencias en seguridad, personal y condiciones de reclusión. (REUTERS/Adria Malcolm)

Una instalación operada por CoreCivic, el centro correccional de Trousdale Turner, ha sido objeto de una investigación del Departamento de Justicia desde 2024. Según declaraciones de la entonces fiscal general adjunta Kristen Clarke, se registraron cinco apuñalamientos en tres semanas a inicios de ese año, junto con 196 agresiones, dos homicidios y 15 muertes clasificadas como accidentales entre julio de 2022 y junio de 2023. En ese mismo período hubo 90 denuncias por conducta sexual inapropiada y, solo en junio de 2023, se incautaron 97 cuchillos.

Durante los primeros seis meses de 2025, las autoridades locales respondieron a 47 llamados de emergencia desde ese penal, incluidos cuatro intentos de suicidio, cinco presuntas sobredosis y nueve apuñalamientos. El último incidente grave fue un motín el domingo por la noche, en el que participaron hasta 200 internos. Aunque se reportó inicialmente que hubo rehenes entre el personal, CoreCivic luego lo negó y aseguró que todos salieron ilesos.

“La seguridad y la dignidad de los internos son prioridad para nuestra organización”, dijo la empresa en respuesta al escándalo. Agregaron que trabajan junto al Departamento de Corrección de Tennessee para mejorar los protocolos.

La presión pública ha generado reacción en el plano legislativo. El senador estatal Mark Pody introdujo una ley que exige una reducción del 10% en la población de prisiones privadas si se comprueba que su tasa de mortalidad duplica la de las cárceles estatales. Según cifras actuales, CoreCivic cumple con ese umbral.

Expertos en justicia como Christopher Slobogin, de la Vanderbilt Law School, advierten que el manejo de internos con perfiles de alto riesgo requiere mayores recursos y personal capacitado, algo que suele entrar en conflicto con los objetivos financieros de las firmas privadas. Para Eunice Cho, abogada de la ACLU, el problema central es que “las empresas carcelarias privadas responden a sus inversionistas, no al interés público”.