
El alcalde de Newark, Ras Baraka, fue arrestado el viernes tras ingresar a las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) conocidas como Delaney Hall, en el estado de Nueva Jersey. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) difundió el sábado imágenes captadas con cámaras corporales en las que se observa el momento de su detención. La grabación, publicada por el DHS, muestra a los agentes actuando en el interior del complejo, con los rostros de los involucrados difuminados por motivos de privacidad.
Baraka fue acusado de entrar y permanecer en el recinto de manera ilegal. De acuerdo con el DHS, el arresto tuvo lugar tras permanecer por más de una hora en la propiedad sin autorización formal. Posteriormente, fue trasladado por agentes federales, retenido durante varias horas y finalmente liberado con cargos por allanamiento de morada. La publicación del video desató una ola de reacciones, tanto a favor como en contra del accionar federal y del comportamiento del alcalde.
En declaraciones públicas, Baraka insistió en que su presencia en la instalación fue legítima y que en ningún momento se le impidió el acceso. “Alguien me permitió entrar. No escalé ninguna reja. No pateé ninguna puerta”, afirmó el alcalde, quien también expresó que nadie le pidió retirarse mientras estuvo en el lugar. En contraste, la versión de las autoridades federales señala que Baraka desoyó múltiples advertencias para abandonar la instalación.

La detención del alcalde no fue el único elemento que llamó la atención del Departamento de Seguridad Nacional. En un comunicado emitido tras el incidente, la agencia acusó a miembros del Congreso de haber forzado su entrada al centro de detención y de haber agredido físicamente a agentes del ICE. “Obtuvimos videos de legisladores arrojando al suelo a funcionarios del ICE”, afirmó Tricia McLaughlin, subsecretaria de asuntos públicos del DHS, en una entrevista con CNN. “Es repugnante”, agregó.
La funcionaria también señaló que hay una investigación en curso y advirtió que podrían producirse más arrestos en relación con el hecho. El comunicado del DHS encendió la polémica política, ya que la acusación de una confrontación física entre funcionarios electos y agentes federales es poco común y de alta gravedad institucional.
Baraka rechazó categóricamente la versión del gobierno federal. En declaraciones reproducidas por CBS News, aseguró: “Nadie del ICE fue arrojado al suelo. No irrumpimos en el lugar. Todo eso es mentira”. El alcalde insistió en que su ingreso fue autorizado y que no hubo confrontación de ningún tipo con el personal de seguridad del complejo.

Pese a rechazar las acusaciones en su contra, Baraka describió su detención como una experiencia profundamente negativa. “Tomaron la decisión de arrestarme. La decisión de violar mis derechos. La decisión de humillarme”, expresó. Aseguró que fue esposado y que en un momento se ordenó llevarlo al suelo, aunque esa acción no se concretó. “Gracias a Dios, la Oficina de Seguridad Nacional no lo hizo”, añadió.
Al mismo tiempo, reconoció que durante su permanencia en custodia fue tratado con respeto y que cooperó plenamente con las autoridades. “Fui tratado con dignidad. Colaboré en todo momento”, dijo. Sus declaraciones apuntaron tanto a criticar el procedimiento como a subrayar que no hubo violencia directa durante su retención.

Por su parte, la fiscal interina del distrito de Nueva Jersey, Alina Habba, afirmó que Baraka ignoró reiteradas advertencias para abandonar el lugar. A través de su cuenta en la red social X, publicó que el alcalde fue informado en varias ocasiones de que debía retirarse, lo que, según su versión, justifica la imputación por allanamiento.

El sábado por la tarde, decenas de personas se congregaron en Foley Square, en Manhattan, para expresar su respaldo a Baraka. La manifestación fue convocada como una muestra de solidaridad, pero también como protesta ante lo que algunos asistentes consideraron una violación a los derechos de los funcionarios públicos. “Lo que le hicieron al alcalde Baraka es incorrecto, es angustiante y requiere una respuesta”, dijo la activista Sienna Fontaine durante su discurso.
Otras voces se sumaron con advertencias más amplias. “Si pueden hacerle eso a un funcionario electo, ninguno de nosotros está a salvo”, declaró Sarah Birnbam, una de las participantes en la protesta. El acto también contó con la presencia de políticos que no comparten línea directa con Baraka, como el congresista Josh Gottheimer, quien afirmó: “La buena noticia es que ya fue liberado. La mala, es que hay muchos otros que no lo están. Todos debemos mantenernos firmes y seguir luchando”.

Ras Baraka lleva tiempo denunciando las condiciones del centro de detención de Delaney Hall, operado por una empresa privada. Tras su liberación, reiteró su postura crítica y calificó las instalaciones como “peligrosas e ilegales”. “No las hemos inspeccionado adecuadamente. No hemos ingresado a ellas. Por eso tenemos que decir que son peligrosas”, sostuvo.

Frente a estas acusaciones, el Departamento de Seguridad Nacional defendió la legalidad de la operación de Delaney Hall. “Las licencias están vigentes y fueron debidamente autorizadas”, afirmó un vocero del DHS, según CBS News.
El episodio ha intensificado el debate político en torno a la supervisión de los centros de detención y las facultades de los funcionarios locales para inspeccionar instalaciones federales o privadas que operan bajo contrato con el gobierno. El desarrollo de la investigación en curso podría definir si el conflicto entre jurisdicciones escala hacia el terreno judicial.