
Un operativo del FBI en el este de Los Ángeles culminó con el arresto de Alejandro Theodoro Orellana.
El hombre está acusado de conspirar para cometer desórdenes civiles al distribuir mascarillas y protectores faciales a manifestantes durante las recientes protestas contra las redadas migratorias.
Según informó el Fiscal Federal del Distrito Central de California Bill Essayli, en una entrevista realizada por Fox News, el arresto se llevó a cabo la madrugada del jueves en su domicilio, en un despliegue que incluyó granadas aturdidoras y la participación de la Guardia Nacional.

El fiscal estadounidense Essayli confirmó que Orellana fue detenido bajo la acusación de conspiración, en el marco de una investigación más amplia para identificar y procesar a quienes organizan, financian o facilitan disturbios civiles. “Hemos considerado una gran prioridad localizar y arrestar a estas personas”, declaró Essayli, quien también señaló que el caso de Orellana es uno de los primeros arrestos clave en esta operación.
El operativo, que despertó a los residentes del vecindario con fuertes explosiones, fue descrito por testigos como una intervención masiva.
Arturo Rosales, vecino del área, relató que vio a agentes del FBI y la Guardia Nacional acordonando las calles y allanando la vivienda de Orellana. Según el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, los agentes federales contaron con su apoyo para ejecutar la orden de registro.

En una conferencia de prensa realizada el mismo jueves, Akil Davis, subdirector de la Oficina Local del FBI en Los Ángeles, destacó que el arresto de Orellana forma parte de una colaboración entre el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que se lleva a cabo desde febrero.
Davis afirmó que Orellana estuvo proporcionando equipo de protección a los manifestantes durante toda la semana y que su detención fue posible gracias al trabajo conjunto con la Fiscalía de los Estados Unidos. “El caso está en curso, pero Alejandro se encuentra bajo custodia en este momento”, añadió.

Las protestas que desencadenaron estos operativos comenzaron en Los Ángeles y se han extendido a otras ciudades importantes del país.
Estas manifestaciones surgieron como respuesta a las estrictas normas migratorias impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, quien desplegó aproximadamente 700 marines y 4.000 efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad para reforzar las redadas migratorias.
Según un correo interno del Departamento de Justicia, citado por Reuters, los fiscales federales han recibido instrucciones de priorizar el procesamiento penal de los manifestantes que destruyan propiedades o agredan a las fuerzas del orden, asegurándose de que cada caso sea publicado.

El gobernador de California, Gavin Newsom, criticó la intervención militar, calificándola como el inicio de un esfuerzo más amplio para desmantelar las normas fundamentales del sistema político estadounidense. Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, testificó ante el Congreso describiendo estas acciones como “un ataque a nuestros valores estadounidenses”.
En un mensaje dirigido a los 93 fiscales federales, el fiscal general adjunto asociado Aakash Singh subrayó la importancia de no permitir retrasos en los procesos legales relacionados con los disturbios. “No dejaremos de aplicar la ley y no nos dejaremos disuadir de mantener la seguridad en nuestros distritos”, escribió Singh, instando a emitir comunicados de prensa cada vez que se presenten cargos en estos casos.
Hasta el momento, no se han presentado cargos oficiales contra Orellana, pero su arresto marca un punto significativo en los esfuerzos del gobierno federal por contener las protestas y procesar a quienes las organizan o apoyan.