Algunos pensionados en Puerto Rico reciben solo $200 mensuales; “Construyamos Otro Acuerdo” insiste en campaña por Retiro Digno

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NUEVA YORK – Ramón Santiago, portavoz alterno de la organización “Construyamos Otro Acuerdo” (COA) en Puerto Rico, dijo que los retirados del gobierno central continúan los esfuerzos para discutir posibles alternativas de justicia económica, ya que muchos reciben de pensión menos de $500 dólares mensuales.

Impulsores de la campaña por la defensa de un Retiro Digno busca reunirse nuevamente con la gobernadora Jenniffer González Colón para discutir el asunto, luego de un primer encuentro en junio.

“Estamos haciendo gestiones, y estamos montando una campaña para tratar de conseguir un beneficio para todos los pensionados que sea un alivio económico, porque tenemos pensionados que lo que reciben de pensión son $200, $300 dólares mensuales. La cantidad de pensionados que reciben menos de $1,000 mensuales es mucha gente. La inflación se ha comido el 40% de las pensiones en los últimos 15 años”, resaltó Santiago, quien también es pensionado.

Santiago especificó que, en la reunión que mantuvieron con González y con miembros de su equipo el 25 de junio, estos solicitaron un estudio actuarial, además de que se designaron asesores para que trabajaran con los representantes de COA.

“En esa reunión se llevaron nuestros planteamientos. Muchos de ellos fueron favorablemente acogidos por la Sra. Gobernadora. Se acordó solicitar una información al sistema de retiro y a otras agencias, porque queremos tener los pies en tierra de, número uno, cuántos pensionados estamos hablando, cuántos pensionados ganan menos de $1,000 de pensión. Y, de ahí, empezar el intercambio y la discusión para ver qué alternativas se podían trabajar”, confirmó el activista, quien también es portavoz de la campaña de Retiro Digno de la organización.

“Podemos estar hablando de distintas alternativas, como algún bono no recurrente para todos los pensionados que podría ser escalonado; algún beneficio contributivo…Lo que pasa es que no queremos adelantarlas porque estamos iniciando el proceso con el Ejecutivo”, añadió Santiago en entrevista exclusiva con El Diario.

Santiago adelantó que están intentando agendar una segunda reunión con la Administración González para principios de septiembre.

Por otro lado, el grupo ha estado encabezando mesas de trabajo en distintos pueblos para orientar a los pensionados y otros sectores que quieran sumarse a la lucha.

“Seguimos organizando mesas de trabajo por pueblo y seguimos llevándole la información a la gente. Y le decimos a la gente que, lo que podamos obtener, dependerá de nuestra lucha, nuestro esfuerzo y nuestra capacidad para movilizar, porque de no luchar, de no hacer nuestra gestión, las posibilidades de que obtengamos algún beneficio disminuyen dramáticamente”, expuso.

COA además realizó la jornada “Un Retiro Digno para quienes sostuvimos a Puerto Rico”, el 17 de junio, “Día de la lucha de las personas pensionadas”. El evento incluyó la charla virtual titulada “Ampliando la solidaridad internacional: Conociendo el Sistema Pensional de Colombia”. También lideraron un “Café conciencia intergeneracional” titulado “De la juventud al retiro: luchas que nos conectan” con la participación de “Mentes Puertorriqueñas en Acción”.

Construyamos Otro Acuerdo y “100 cartas x 100 días del nuevo Gobierno“

En abril, los miembros de Construyamos Otro Acuerdo lanzaron la campaña “100 cartas x 100 días del nuevo Gobierno – un Retiro Digno para quienes sostuvimos a Puerto Rico”. La movilización consistió en el envío de cartas que evidencian las historias y desafíos económicos de los pensionados. Las misivas fueron entregadas a personal de La Fortaleza, la Legislatura y la Junta de Control Fiscal (FOMBPR).

Santiago reconoció que el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), que la jueza federal Laura Taylor Swain confirmó en el 2022 y que redujo en casi un 80% las obligaciones del gobierno central o se recortó el monto de la deuda a $7,000 millones de $33,000 millones, continúa implicando retos para la población que representa.

“Sabemos de las limitaciones que nos impone el Plan de Ajuste (de la Deuda del gobierno central); sabemos de las cosas que no se pueden aprobar, y estamos buscando trabajar alternativas que sí pueden ser aceptables para la Junta…”, afirmó.

El plan contemplaba un recorte de 8.5% en las pensiones de los jubilados cuya pensión mensual sobrepasara los $1,500, así como la congelación de todos los beneficios de pensiones futuras.

Lo anterior no prosperó, pero sí una disposición para que no se incrementaran las pensiones con base en el aumento por costo de vida.

“Luego de mucha lucha, se evita el plan que tenían de reducirnos las pensiones, porque había un planteamiento original de un 20% de reducción adicional, porque ya nos habían reducido las pensiones en el 2014, bajo la administración de Alejandro García Padilla. Pretendían reducirnos más las pensiones. Plantearon un 20%. Luego de mucha lucha, bajaron a un 10%, y, finalmente, desistieron del intento. Pero, en el Plan de Ajuste que se aprueba, colocaron una prohibición absoluta de 10 años para conceder algún tipo de aumento por costo de vida a los pensionados. Eso significa que pensionados llevan más de 15 años sin recibir ningún tipo de aumento de pensión, aparte de los beneficios que se recortaron para muchos de ellos, como bono de Navidad, bono de verano, aportación de plan médico”, explicó el portavoz alterno de COA.

“Aún cuando exista una fuente recurrente de ingresos o neutralidad fiscal, está prohibido de manera absoluta”, añadió Santiago al tiempo que catalogó la imposición como “un castigo al sector de los pensionados”.

Fideicomiso de Reserva de Pensiones

El PAD del gobierno central también estableció el Fideicomiso de Reserva de Pensiones con el fin de brindar apoyo financiero al gobierno de Puerto Rico cuando no tenga ingresos suficientes para pagar a los retirados actuales y futuros.

“Está en estos momentos activo. Ahora mismo, entendemos que hay un acumulado de $4,000 millones de dólares”, precisó.

“El Gobierno está obligado anualmente a aportar un mínimo de $175 millones de dólares o el 40% de los sobrantes. Por eso es que, en los últimos tres años que ha habido las aportaciones, hay una cantidad de $4,000 millones. Hay una proyección que en 10 años hayan $10,000 millones en el Fideicomiso”, detalló.

Santiago, sin embargo, aclaró que cualquier desembolso de dinero de ese fondo debe ser aprobado por el Concejo de Beneficios del Sistema de Retiro.

“El Fideicomiso es una reserva que, en caso de que el Gobierno planteé que tiene fondos insuficientes o no tiene fondos para pagar las pensiones, de ese bote se sacaría dinero, pero tendría que ser aprobado con el Concejo de Beneficios del Sistema de Retiro. Tampoco es que el Gobierno dice ‘dame’ y me llevo. Tiene que ser aprobado por el Concejo de Beneficios. El Concejo de Beneficios, si entiende que no se justifica, puede denegar dicha solicitud del Gobierno”, abundó.

En octubre de 2021, Taylor Swain le dio la razón a la Junta y anuló la Ley de Retiro Digno que el entonces gobernador Pedro Pierluisi había firmado en junio. Según el organismo federal que maneja las finanzas de la isla y representa al territorio en los procesos de reestructuración de deuda, la iniciativa legislativa violaba numerosas disposiciones de PROMESA o Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico, y del Plan Fiscal aprobado.

Swain, por su parte, determinó que la Ley de Retiro Digno le complicaría a la Junta asegurar el cumplimiento con el Plan Fiscal a futuro y la implementación exitosa de un Plan de Ajuste.

En específico, el estatuto buscaba establecer y uniformar la política pública de cero recortes a las pensiones de los participantes de los sistemas de retiro y las personas jubiladas del servicio público de Puerto Rico, y crear el andamiaje jurídico necesario para el eventual establecimiento de un Fideicomiso para la Administración Conjunta de los Sistemas de Retiro que asegure el pago de pensiones de servidores públicos.

Los jubilados del gobierno central en Puerto Rico son empleados retirados del gobierno, como maestros, jueces y funcionarios públicos, que reciben una pensión a través de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico y sus sistemas de retiro.

Cabe señalar que el pago de pensiones a los empleados del gobierno central es aparte al de los jubilados de corporaciones como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Al momento, como parte del litigio por el pago de la deuda de la Autoridad bajo el Título III de PROMESA, se discuten posibles aumentos en la tarifa eléctrica para cubrir la obligación con los jubilados de la AEE a largo plazo.

Debido a los despidos de seis miembros de la Junta por parte del presidente Donald Trump a principios de mes, los procesos de reestructuración de la deuda de la AEE se encuentran paralizados.