Alertan que el gobierno de Nayib Bukele profundiza un patrón autoritario y recurre al uso de la fuerza

Amnistía Internacional advirtió este viernes que el gobierno de El Salvador está profundizando un patrón autoritario frente al creciente descontento social, mediante el uso excesivo de la fuerza, la criminalización de la protesta y amenazas legislativas que buscan restringir el trabajo de organizaciones civiles.

En un comunicado respaldado por al menos siete organizaciones internacionales de derechos humanos, denunció que las autoridades salvadoreñas han dirigido estas acciones contra distintas expresiones sociales que exigen mejores condiciones de vida y mayor responsabilidad estatal.

Una de las situaciones que generó tensión ocurrió a inicios de mayo, cuando ciudadanos protestaron por el cierre de una vía estratégica que conecta el oriente y el occidente del país. En respuesta, el gobierno ofreció una semana de transporte público gratuito, pero, según medios locales, lo hizo sin coordinar con los gremios de transporte, lo que derivó en fallas en el servicio.

Tras las protestas, 16 transportistas fueron detenidos por supuestos delitos que, según las organizaciones, carecen de sustento legal claro. Días después, uno de los detenidos falleció bajo custodia estatal en un centro de detención de la Policía Nacional Civil.

Aunque aún se desconoce la causa oficial del deceso, Amnistía Internacional recordó que existen cientos de denuncias sobre torturas, malos tratos y condiciones de hacinamiento agravadas por el régimen de excepción.

También denunció el uso de la Policía Militar —una fuerza sin competencias para el control del orden público— durante la represión de una protesta en una comunidad rural que se oponía a un desalojo. En la operación también participó la Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional Civil.

El despliegue culminó con uso excesivo de la fuerza, agresiones físicas y la detención arbitraria del defensor ambiental Alejandro Henríquez y del pastor José Ángel Pérez.

“El uso ilegítimo de la fuerza contra personas que protestan pacíficamente, la criminalización de quienes defienden derechos humanos y la instrumentalización del sistema penal para aplacar demandas sociales son prácticas autoritarias”, señalaron las organizaciones firmantes. “La represión no debe ser la respuesta a demandas legítimas”, agregaron.

En respuesta a estas denuncias, el presidente Nayib Bukele acusó, sin aportar pruebas, a las ONG de “manipular” a los manifestantes y anunció el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Agentes Extranjeros. La normativa busca imponer un impuesto del 30% a las donaciones recibidas por organizaciones sociales, bajo el argumento de que fueron infiltradas por “ONG globalistas” y “grupos de izquierda”.

“Con esta ley, el gobierno no solo busca silenciar a las organizaciones que denuncian abusos, sino también afectar directamente a las personas que reciben su apoyo”, advirtió Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Las organizaciones de derechos humanos exigieron al Estado salvadoreño liberar a las personas detenidas por ejercer sus derechos, investigar la muerte del transportista bajo custodia y garantizar espacios seguros para la protesta pacífica y la labor de quienes defienden los derechos humanos.

También instaron a que el Congreso desista de aprobar iniciativas legales que busquen sancionar a las ONG y a quienes acompañan a víctimas en su búsqueda de verdad, justicia y reparación.

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