Adam Isacson: “Probablemente hubo una paz mafiosa en el gobierno de Rafael Correa”

Desde Washington, Adam Isacson analiza con precisión quirúrgica los errores estratégicos que, a su juicio, han llevado a Ecuador a una crisis de seguridad sin precedentes. El director del programa de Supervisión de la Política de Defensa en la Washington Office on Latin America (WOLA) ha seguido de cerca los efectos de la política antidrogas, la cooperación militar estadounidense y la evolución de la criminalidad organizada en el continente. En entrevista con Infobae, Isacson sostiene que probablemente en Ecuador hubo, durante años, una “paz mafiosa” tácita, y que la militarización actual es una respuesta ineficaz para un fenómeno que se infiltra desde dentro del Estado.

Para Isacson, no hay que retroceder mucho en el tiempo para encontrar los factores que contribuyeron a la explosión de violencia en Ecuador. Recuerda que ya desde hace más de una década, los mapas del Comando Sur de Estados Unidos identificaban un “río de cocaína” cruzando el país desde Colombia hasta los puertos del Pacífico, pero sin mayores episodios de violencia. “Siempre hubo tráfico, pero de forma pacífica. En Sucumbíos había hasta reglas de comportamiento entre los grupos colombianos. El crimen estaba ahí, pero no generaba caos”, explica.

Eso cambió con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en Colombia, la entrada de cárteles mexicanos en el negocio, y el debilitamiento institucional que trajo la pandemia. “Fue una tormenta perfecta”, resume.

Ricardo Patiño, entonces canciller de Ecuador, Leandro Norero, entonces miembro de los Ñetas y posteriormente uno de los narco más importantes del país, y el ex presidente Rafael Correa en 2009. (Expreso)

Pero Isacson apunta a un factor que se sospecha en el país, sobre todo en sectores que han analizado el estallido violento: la posibilidad de que el Estado ecuatoriano, durante el gobierno de Rafael Correa, haya optado por tolerar ciertas actividades criminales a cambio de estabilidad. “Es bastante probable que en el gobierno de Correa hubiera una paz mafiosa: (lo cual significa) si ustedes no causan problemas para mí, yo no los molesto. Tal vez incluso compartían algo con el Estado. Eso le permitía al gobierno escoger ganadores y perdedores”, afirma. Y lo compara con el caso mexicano del exministro de Seguridad Genaro García Luna, condenado por colaborar con el cartel de Sinaloa.

“Me apasionaría ver más sobre alegaciones de ese tipo de arreglos con el crimen organizado”, agrega. Reconoce que hasta ahora los casos más documentados sobre el correísmo apuntan a corrupción convencional, como el caso Odebrecht, pero no descarta que haya habido una forma de gobernabilidad compartida con redes mafiosas, lo que explica en parte la baja conflictividad visible de esa época.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele en 2024. EFE/ Presidencia De Ecuador

La administración actual, encabezada por Daniel Noboa, ha optado por una estrategia frontal que combina el estado de excepción, la declaración de conflicto armado interno y una narrativa de guerra total contra 22 grupos narcocriminales. En abril de 2025, Noboa envió una delegación a El Salvador para aprender sobre el modelo de Nayib Bukele para “intercambian estrategias y tácticas sobre seguridad y defensa para combatir al crimen organizado”. Para Isacson, esa inspiración es no solo errónea, sino peligrosa.

“La represión masiva en El Salvador encarceló al 3% de la población masculina. Bajaron los índices de inseguridad, pero probablemente no del crimen. El monto de cocaína que pasa por El Salvador sigue más o menos igual... Las pandillas (de El Salvador) eran mafias pobres, vivían de la extorsión. En cambio, los grupos en Ecuador mueven cocaína, ganan miles de millones. Es un enemigo mucho más difícil”, afirma.

El informe publicado por WOLA en marzo de 2024, titulado “Por qué Ecuador no debería imitar el modelo Bukele”, señala que la tasa de homicidios en Ecuador se multiplicó por seis entre 2020 y 2023, y que emular la tasa de encarcelamiento de El Salvador implicaría multiplicar por nueve la población penitenciaria, hasta alcanzar 288.000 reclusos. “Eso equivaldría a encarcelar a toda la población de una ciudad ecuatoriana mediana, como Manta”, advierte el documento.

Pero más allá de las cifras, el problema —según Isacson— es conceptual: “El crimen organizado no es una insurgencia. Una insurgencia es más fácil combatir que el crimen organizado... porque no busca atacar al gobierno, sino penetrar el Estado”. Y añade: “No hay ningún lugar en América Latina donde se haya erradicado con éxito al crimen organizado. Ni en Medellín, ni en el norte de México. Han cambiado los nombres, pero el negocio sigue igual”.

El experto advierte que declarar a estos grupos como actores no estatales beligerantes y enmarcar la situación como un conflicto armado interno puede tener consecuencias contraproducentes. “Si se les da el mismo estatus que tenían las FARC o el ELN, eso implica que sí se puede hacer una negociación política con ellos”, explica.

Adam Isacson, director del programa de Supervisión de la Política de Defensa en la Washington Office on Latin America (WOLA).

Isacson aclara que Colombia evitó este tratamiento con el clan del Golfo y los antiguos paramilitares, limitando los diálogos a condiciones de entrega y desmovilización. “Si los Choneros son considerados un grupo armado interno y exigen reformas al sistema de salud para desmovilizarse, ese sería un reclamo legítimo bajo ese marco, lo cual no tiene sentido”.

Desde enero de 2024, Estados Unidos ha incrementado su cooperación con Ecuador. Washington comprometió más de USD 100 millones en ayuda policial y militar, convirtiendo a Ecuador en el segundo país de la región en recibir más asistencia después de Colombia. Sin embargo, Isacson advierte que ese apoyo carece de una estrategia clara: “No hay un Plan Colombia para Ecuador. Se han entregado chalecos antibalas, se han construido algunas bases, pero no hay una narrativa coherente".

En este contexto, ha vuelto al debate la posibilidad de reinstalar una base militar extranjera en territorio ecuatoriano, como la que existió en Manta hasta 2009, incluso el congreso aprobó una reforma parcial de la Constitución para permitir la instalación de una de estas bases y allanó el camino para un referéndum. Isacson, sin embargo, es escéptico.

“La base de Manta era limitada. Apenas 100 personas. Hoy todo eso se puede hacer con satélites y drones. Nadie en el gobierno de Estados Unidos está desesperado por volver”, recuerda. A su juicio, más que una necesidad táctica, la discusión sobre una base extranjera responde a una lógica de propaganda interna. “Invitar tropas extranjeras es una estrategia de comunicación, de dar impresiones. La estrategia de seguridad democrática de Álvaro Uribe fue así”, afirma.